domingo, abril 14, 2024

LA RESPONSABILIDAD POLÍTICA, MÁS ALLÁ DEL JUICIO Y LA PRESCRIPCIÓN LEGAL

 

La responsabilidad política, más allá del Juicio y de la Prescripción legal

Hernando Llano Ángel.

El llamamiento a juicio al expresidente y exsenador Álvaro Uribe Vélez es un hito en la historia política colombiana que no se puede comprender y mucho menos limitar a un simple proceso judicial de carácter penal, pues se encuentra inscrito en una coyuntura política donde lo que está en juego es mucho más trascendental. Lo que está en juego es un asunto de responsabilidad política, más allá de un veredicto de inocencia o culpabilidad personal, que pone en evidencia la estrecha, ambigua y oscura relación entre la política y la violencia, de una parte, y la legalidad con la criminalidad, de la otra. No es, pues, tanto un asunto penal sino más bien uno profundamente político con trascendencia histórica. Y lo es, puesto que el trasfondo del mismo está relacionado con la presunta responsabilidad del implicado, Álvaro Uribe Vélez, de haber promovido la creación del llamado Bloque Metro como una táctica de combate contrainsurgente, según el testimonio del exparamilitar Juan Monsalve, condenado por haber sido un miembro activo del mismo. Una forma de lucha violenta contra las guerrillas que en la historia política del conflicto armado interno se remonta al gobierno del presidente Guillermo León Valencia, con el célebre decreto 3398 de 1965[1], que crea las Autodefensas. Y en tiempos recientes reencarna, bajo la presidencia de César Gaviria, en las CONVIVIR[2], bajo cuya sombra se expandieron luego las Autodefensas Unidas de Colombia. Testimonio del condenado paramilitar que al intentar desvirtuar el exsenador Uribe, lo terminó involucrando en la comisión de los delios de fraude procesal y soborno a testigo. Según el análisis de expertos penalistas, como el profesor Francisco Bernate Ochoa, el desenlace de dicho llamamiento a juicio no será otro que la prescripción, “pues evacuar las tres diligencias que restan, acusación, preparatoria y juicio antes del 8 de octubre de 2025 no es algo que se vea siquiera como posible”, ya que la acción penal por parte del Estado prescribe a los 6 años a partir de la indagatoria, realizada el 8 de octubre de 2019. De presentarse este desenlace, estaríamos curiosamente en una situación similar a la del expresidente Ernesto Samper Pizano, cuyo juicio político ante el Senado por el proceso 8.000[3] y la financiación de su campaña por parte del narcotráfico nunca se inició, pues la Cámara de Representantes emitió una resolución de preclusión por falta de pruebas para acusarlo ante dicha instancia: “Por 111 votos contra 43 se archivaron los cargos contra el presidente de la República. Ni culpable, ni inocente, el proceso fue precluido”. No obstante lo anterior, el mismo expresidente Samper luego reconocería en declaraciones para el especial “Colombia Vive, 25 años de resistencia”[4]: “Yo acepto que dicha infiltración se produjo” por falta de diligencia, algo corroborado por fallos judiciales contra su exministro de defensa Fernando Botero Zea[5] y el excontralor General de la República Francisco Becerra Barney[6], entre sus más cercanos colaboradores.

Samper y Uribe, inmunes judicialmente e impunes políticamente.

Así las cosas, en el caso del expresidente Uribe lo más seguro es que la prescripción confirmaría una de las máximas paradojas de nuestra vida política y judicial, compartida por ambos expresidentes, como es la no correspondencia entre la realidad política de sus actuaciones y  la verdad judicial sobre las investigaciones en que han estado incursos. En efecto, Samper es precluido aunque la verdad y la realidad del ingreso de millones de pesos procedentes del narcotráfico a su campaña presidencial sea hoy un hecho públicamente reconocido. Relación espuria entre el delito y la política que se prolonga bajo formas más discretas y hasta letales, en una relación simbiótica entre el delito, la economía y la política, formando un entramado casi inextricable entre lo legal e ilegal, como lo vemos en la influencia de las economías criminales controladas y disputadas territorialmente por organizaciones armadas como el Clan del Golfo, el Estado Mayor Central y la Nueva Marquetalia, entre las más poderosas. Pero también por la presencia fantasmal de dichas fuentes de financiación en las recientes elecciones de los presidentes Iván Duque, con la ñeñepolítica[7], y de Gustavo Petro en su campaña en la costa Caribe, según las procaces revelaciones de Armando Benedetti y la investigación en curso en la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes[8].  De otra parte, en el caso del expresidente Uribe, la prescripción penal no podrá cubrir y diluir su evidente responsabilidad política en la promoción de organizaciones legales como las CONVIVIR, que sirvieron de mampara al crecimiento y la consolidación criminal de las AUC y de sus relaciones delictivas con la Fuerza Pública, tanto desde su gobernación en Antioquia y luego en la presidencia de la República, como lo revelan los informes de la Comisión de la Verdad[9] y los recientes testimonios de Salvatore Mancuso[10] y del mismo Otoniel[11] ante la JEP. Sin duda, la prescripción penal no puede extinguir la grave responsabilidad política del exsenador y expresidente Uribe, que luego se desbordaría en los numerosos falsos positivos, aupados  por la Directiva 29 del ministro de defensa Camilo Ospina, en desarrollo de la llamada política de “seguridad democrática”.

La ley para burlar la justicia y el derecho para eludir las penas

Todo lo anterior confirmaría el lúcido aserto de García Márquez sobre la perversa utilización de la ley para burlar la justicia  y del derecho para eludir la penas, expresado magistralmente en su proclama “Por un país al alcance de los niños”[12] al decir que “en cada uno de nosotros cohabitan, de la manera más arbitraria, la justicia y la impunidad; somos fanáticos del legalismo, pero llevamos bien despierto en el alma un leguleyo de mano maestra para burlar las leyes sin violarlas, o para violarlas sin castigo”. De manera que el juicio de última instancia sobre las responsabilidades políticas de los expresidentes, incluidos todos ellos y no solo Samper o Uribe, será siempre una competencia indelegable e imprescriptible de cada ciudadano, pues no le podemos exigir al poder judicial condenas que no está en capacidad de impartir, bien por preclusión como sucedió en el 8.000 o por prescripción, como seguramente sucederá con el expresidente Uribe. Tendremos, pues, como ciudadanía que situarnos más allá de los procesos judiciales y de las penas, superando intereses y simpatías personales, para emitir un juicio político de responsabilidades y quizás así lanzar al ostracismo de la vida política nacional a quienes hoy son todavía protagonistas y continúan, sin rubor alguno, decidiendo el destino de todos con absoluta inmunidad judicial e impunidad política.


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sábado, abril 06, 2024

COLOMBIA EXTRAVIADA EN SU LABERINTO DEMOCRÁTICO

 

 

Colombia extraviada en su laberinto democrático

https://blogs.elespectador.com/actualidad/calicanto/colombia-extraviada-laberinto-democratico

“La democracia comienza en el momento --que llega después de mucho luchar-- en que los adversarios se convencen que el intento de suprimir al otro es mucho más oneroso que convivir con él”. Robert A Dahl[1]

Hernando Llano Ángel.

Vivimos y morimos extraviados en una especie de laberinto y espejismo democrático. Sería objeto de una investigación mitológica, condenada al fracaso, definir el momento exacto en que entramos y nos perdimos en este laberinto infernal. Incluso, para algunos privilegiados, que viven muy bien, cómodos y seguros en su interior, tal laberinto no existe. Seguramente porque la realidad nacional es un laberinto repleto de espejos deformantes que nos impiden reconocernos y cuenta con pasajes secretos y puertas giratorias[2] que conducen a muy pocos a disfrutar las glorias celestiales de la abundancia. Mientras otros, un poco más numerosos, merodean en los pasillos del poder y se encuentran en medio de un limbo con aspiraciones de llegar al cielo de la abundancia estatal, aunque viven siempre al borde de caer en el purgatorio del desempleo y la iliquidez.  La mayoría deambula sin rumbo por sus calles y plazas, huyendo de la pobreza, la exclusión y la inedia, como en el mismo infierno. Es casi imposible precisar la fecha exacta en que se empezó a construir tan escabroso laberinto por ser una obra en la que han intervenido varias generaciones. Además, al extraviarse sus planos originales en una de sus tantas reformas, las generaciones actuales perdimos la memoria y deambulamos desorientados en su interior. Chocamos los unos contra los otros y ocurren frecuentes levantamientos y estampidas para salir y huir rápidamente del opresivo laberinto. Eclosiones sociales que siempre dejan innumerables víctimas mortales y desaparecidos sin rastro alguno, como sucedió en el paro nacional del 2021[3]. Por eso cada día el laberinto es más tenebroso y dado el cúmulo de reformas realizadas, desde estructurales hasta ornamentales, hoy no sabemos en dónde estamos y mucho menos para dónde vamos.

El espejismo Constituyente del 91

La última gran reforma, precedida de un “bienvenidos al futuro”, se realizó en 1991 y diseñó amplios aposentos que todavía permanecen cerrados a cal y canto para la mayoría. Aposentos constitucionales que tienen rimbombantes nombres en los siguientes artículos: “Estado Social de derecho”[4], “Derecho a la Vida”[5], “Desarrollo de la personalidad”[6], “Libertad e Igualdad ante la ley[7]”, “Derechos fundamentales de los niños[8]”, “Salud”[9], “Vivienda digna[10]”, “Educación[11]”, “propiedad privada, solidaria y asociativa”[12] y “Paz[13]”, entre muchos otros, sin los cuales la democracia no dejara de ser un espejismo. No obstante, hace poco una Comisión para el esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la no Repetición entregó un informe final[14] que dice contener las claves precisas para desentrañar los múltiples recovecos del laberinto y empezar, entre todos y todas, a salir del mismo y construir una Casa Democrática donde nadie se sienta extraño, se extravié o termine siendo desplazado, secuestrado, extorsionado, desaparecido, confinado, torturado o asesinado, como hoy  sucede diariamente en campos y ciudades.

Los materiales del laberinto

Entre esas claves se destacan los materiales con los cuales se ha construido durante más de medio siglo el actual laberinto electofáctico[15]. Materiales que es imperioso empezar a desechar: el clasismo, el racismo, el maniqueísmo que nos divide entre “ciudadanos de bien” enfrentados a muerte contra los del mal, el machismo misógino y feminicida y el sectarismo político criminal que no cesa de engendrar victimarios impunes y víctimas irredentas, cuyas identidades se intercalan generacionalmente. Los primeros, cometiendo crímenes de Estado en nombre de la democracia y las segundas, perpetrando delitos de lesa humanidad reivindicando una inmediata y maximalista justicia social. Con tan deleznables materiales se ha formado una amalgama sangrienta y sólida, casi indestructible, que es la materia prima de las paredes, los tabiques secretos, los cuarteles y demás monumentos institucionales del actual intrincado y laberintico espejismo democrático. Algunos valientes y osados, junto a mujeres indómitas y rebeldes, han ingresado al laberinto para intentar derruirlo y desmontar esa amalgama de ignominia. Pero se han extraviado o han sido devorados por un insaciable Minotauro[16] que se alimenta de la codicia y la explotación, devorando a quienes osan desafiarlo. Hacen parte de una pléyade de víctimas egregias y de millones de anónimas que fueron arrastradas por la vorágine de la violencia política y social que se prolonga hasta nuestros días. En memoria y reconocimiento de todas ellas se consagró el 9 de abril como el día de las víctimas. El día en que fue asesinado en 1948 Jorge Eliécer Gaitán, quien sin duda estuvo muy cerca de derrotar al monstruoso Minotauro y rescatar a Colombia del laberinto de la violencia política y las exclusiones económicas, sociales y culturales que todavía hacen parte del régimen que alimenta ese cruel monstruo. Un monstruo astuto que se oculta y protege en aposentos y pasillos supuestamente democráticos. En Congresos, ministerios, alcaldías y gobernaciones. En su célebre “Oración por la Paz”[17], pronunciada el 7 de febrero de 1948, Gaitán nos dejó la clave para salir del laberinto, al dirigirse al presidente conservador Mariano Ospina Pérez en los siguientes términos: “Señor presidente: No os reclamamos tesis económicas o políticas. Apenas os pedimos que nuestra patria no siga por caminos que nos avergüenzan ante propios y extraños. ¡Os pedimos tesis de piedad y de civilización! Señor presidente: Os pedimos cosa sencilla para la cual están de más los discursos. Os pedimos que cese la persecución de las autoridades y así os lo pide esta inmensa muchedumbre. Pedimos pequeña cosa y gran cosa: que las luchas políticas se desarrollen por cauces de constitucionalidad”. Han transcurrido 76 años y todavía no escuchamos, ni comprendemos y menos acatamos estas palabras, que nos habrían evitado millones de víctimas y la degradación moral e insensibilidad social en que estamos extraviados. “Que las luchas políticas se desarrollen por cauces de constitucionalidad” es el hilo de Ariadna[18] que nos puede sacar de este laberinto para empezar a convivir democráticamente en paz.

No busquemos un Teseo liberador y justiciero

Nunca saldremos de este confuso y letal laberinto en el que todos estamos extraviados si seguimos esperando un héroe providencial, como el mítico príncipe Teseo del laberinto de Creta[19], que aparezca y elimine a nuestro Minotauro y nos rescate del oprobio. Tales figuras mitológicas no existen en la vida política real. Ella es mucho más intrincada que el laberinto de Creta y está llena de monstruos más tenebrosos y sanguinarios que el mismo Minotauro. En la actualidad tenemos ejemplos paradigmáticos en muchos lugares. Desde el civilizado Norte, la culta Europa, la legendaria Rusia, la inconmensurable China, la arrasada Tierra Santa, hasta llegar a nuestro Sur profundo. Son legión los impostores de Teseo en la extrema derecha, en el centro “democrático” y en la extrema izquierda política. Están plenamente convencidos que sin ellos no hay salvación política para sus pueblos, incluso para la humanidad. Por eso, sin ningún cargo de conciencia, cortan las cabezas de quienes los contradicen o los eliminan de la competencia política si se oponen a sus designios. No vale la pena nombrarlos, todos los conocemos, aunque tomen el rostro del Teseo liberador. Cada uno, en el laberinto político que gobierna, son peores que el mismo Minotauro, pues cometen sus crimines con total impunidad y el beneplácito de todos sus seguidores.

Mirémonos al espejo

Más valdría que nos interrogáramos sobre los riesgos que corremos de ser seducidos por esos falsos Teseos, con sus discursos salvíficos de supuesta superioridad moral, cuya máxima expresión es el genocida de Netanyahu, seguido muy cerca por Putin. Que todos nos miráramos en el espejo de nuestros prejuicios y certezas.  Por ejemplo, quienes desde la derecha enarbolan la bandera del Estado de derecho para cubrir con ella sus intocables privilegios. Entonan loas por los medios masivos de comunicación a la supuesta superioridad institucional del laberinto actual y llaman a defender a sangre y fuego una democracia de “ciudadanos de bien”. Ciudadanos bien indolentes, cívicos y cínicos, que descalifican como mamertos a quienes no comparten sus ideas sobre la seguridad, la justicia y la prosperidad. Para esos “ciudadanos de bien” solo es válida su justicia, seguridad y prosperidad, que algunos denominan “justicia por mano propia”, aunque ella sea ejecutada por la larga y difusa mano de las autodefensas, frentes y hasta redes privadas de seguridad, cuando no por miembros de la Fuerza Pública aupados por un falso patriotismo, como aconteció con los miles de “falsos positivos[20].  Pero también para quienes desde la izquierda se extravían en la promoción y defensa de una democracia maximalista, que cava profundas y pugnaces trincheras al plantearse objetivos inalcanzables en el breve período de cuatro años en todos los ámbitos de la vida nacional. Empezando por la vida política con la “Paz Total” y continuando con la Paz Social y la Ambiental, con su decena de reformas estructurales en trance legislativo: Salud, Laboral, Pensional, Educativa, Justicia y Penitenciaria, Energética, Política, Sometimiento a la Justicia y Agraria. Reformas que corren el riesgo de ser bloqueadas por una oposición más empeñada en deslegitimar y juzgar al Ejecutivo, que en tramitarlas y votarlas. Con semejante desmesura, este gobierno no podrá avanzar hacia una salida del laberinto, siguiendo el hilo de Ariadna de los acuerdos y las reformas sociales más urgentes y vitales, extendiendo así a todo el territorio nacional la paz política vislumbrada en el 2016 y ya casi sepultada. Puede sucederle todo lo contrario y abrir una nueva Caja de Pandora[21]-Constituyente, de la que incluso desaparezca la esperanza, con consecuencias impredecibles. Convendría que todos tuviéramos en cuenta, empezando por el gobierno y la oposición, la sentencia de Robert A Dahl: “La democracia comienza en el momento --que llega después de mucho luchar-- en que los adversarios se convencen que el intento de suprimir al otro es mucho más oneroso que convivir con él”. Quizás así podremos salir algún día de este terrible laberinto con sus pasajes clandestinos y sus deformantes y mortales espejismos democráticos. Un laberinto en que vivimos y morimos atrapados desde hace mucho más de medio siglo, siempre empecinados en eliminar política, física y culturalmente al Otro --considerado un temible enemigo— hasta convertirnos en millones de minotauros intolerantes, sectarios e ingobernables.

 

                                                                                                                       


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domingo, marzo 31, 2024

EL MITO DEL PODER CONSTITUYENTE

 

EL MITO DEL PODER CONSTITUYENTE

https://blogs.elespectador.com/actualidad/calicanto/mito-del-poder-constituyente

“Tenemos que decirle basta a la división que nos enfrenta como pueblo. Yo no quiero dos países, como no quiero dos sociedades. Quiero una Colombia fuerte, justa y unida. Los retos y desafíos que tenemos como nación exigen una etapa de unidad y consensos básicos. Es nuestra responsabilidad” Gustavo Petro Urrego. Discurso de posesión presidencial.

Hernando Llano Ángel.

Si hay algún mito político poderoso, es el del poder constituyente primario[1]. Él marca el comienzo de la modernidad política y el renacimiento de la democracia, luego de su largo eclipse bajo el manto de teocracias y del absolutismo monárquico. Es un poder situado más acá y más allá de la representación política, propia del moderno Estado de derecho liberal. Es el mito en el que todos creemos, pues nos afirma en la ilusión de que podemos decidir cómo queremos vivir y hasta morir, sin estar totalmente sujetos a la voluntad arbitraria de quienes ejercen el poder constituido. Pero en la realidad no es así. Ni en los textos constitucionales, ni en la jurisprudencia y menos en la realidad social y política de todos los días existe ese poder constituyente demiúrgico e ilimitado. Para empezar, nuestro artículo 3 constitucional es muy claro: “La soberanía reside exclusivamente en el pueblo, del cual emana el poder público”, pero a renglón seguido la limita: “El pueblo la ejerce en forma directa o por medio de sus representantes, en los términos que la Constitución establece”. Es decir, que el pueblo, así sea expresándose en las calles y en asambleas barriales o veredales, debe someterse a los “términos que la Constitución establece”. No es, pues, un soberano absoluto, situado más allá de la Constitución, que ejerce su poder de constituyente primario en forma ilimitada. Si ello fuera así, la democracia en tanto pluralidad de valores, intereses y cosmovisiones, correría el riesgo de desaparecer en nombre de un imaginario pueblo unitario y monolítico, poseedor de una sola voluntad general y soberana, que todo lo decide. Ese pueblo solo existe en la mente de filósofos como Rousseau y en líderes carismáticos que se arrogan la encarnación del pueblo y lo definen históricamente, bien sea contra otros pueblos que consideran una amenaza o, como es más frecuente, contra otros miembros o partes del mismo pueblo que forman el Estado Nación. Y ya sabemos a donde conducen semejantes ficciones: al “pueblo elegido por Dios”, en cuyo nombre sus líderes transitorios promueven genocidios; o aquellos que, en nombre de una supuesta raza superior, la aria, exterminaron a millones de judíos y opositores, pero también a los iluminados del materialismo histórico y su contraparte los libertarios capitalistas y sin ley, pero al mando del Estado, como Javier Milei. Todos ellos están absolutamente seguros de ser los salvadores de sus respectivos pueblos. Y así llegamos hoy a esa pléyade de impostores y criminales de Estado encabezados por Trump, Putin, Netanyahu, Bukele, Milei, Ortega y Maduro –entre muchos más-- que pregonan ser los mesías de sus naciones, sin importar las consecuencias de sus delirios. ¡Y todo en nombre del pueblo!  ¡Hacer de nuevo grande a América!; ¡defender y revivir la Gran Rusia o, incluso, salvar el mismo ¡“pueblo elegido por Dios”! De esta forma el pueblo se convierte en un comodín que cae en manos de jugadores ambiciosos e impunes del poder político, que lo manipulan sin escrúpulo alguno. Jugadores tanto más peligrosos cuanto más populares e “iluminados” son, pues pueden definir el destino de la humanidad y hasta del mismo planeta, embriagados con la megalomanía de ser ellos mismos la encarnación de sus respectivos Pueblos. Por eso declaran como enemigos del pueblo a quienes no los sigan, aplaudan y vitoreen, y los llaman: “terroristas”, “eje del mal”, “apátridas”, “escuálidos”, “mamertos”, “paracos” y cuantos más estigmas sean corrientes y útiles según las vicisitudes históricas y las necesidades del líder carismático. Entonces el poder constituyente se convierte en un poder disolvente de la vida política y es el mismo pueblo quien termina siendo sacrificado en su propio nombre, dividido y fragmentado en forma letal, devastado en campos de batalla por líderes que se presentaron como sus salvadores y terminaron siendo sus verdugos y sepultureros.

Desmitificar el poder constituyente del “Pueblo”

A tales excesos puede conducir el mito del poder constituyente primario y la soberanía del pueblo, si no somos conscientes que dicho pueblo en la realidad es una suma irreductible de ciudadanías diversas y plurales, que precisa siempre de límites constitucionales y legales para que no deje de existir y sea sustituida o aplastada por un pueblo unitario y monolítico, que se impone sobre la diversidad y la conflictividad social y política en nombre de la soberanía y la voluntad popular. Especialmente en nuestro caso, todavía obnubilados por mitos como la séptima papeleta y la Asamblea Nacional Constituyente, tras los cuales estuvo el poder constituyente criminal del narcoterrorismo de Pablo Escobar y el efectivo lobby de los Rodríguez, quienes coronaron en la Carta el famoso artículo 35, su máxima aspiración política: “Se prohíbe la extradición de colombianos por nacimiento”. Es verdad, ya derogado, pero entonces necesario para el supuesto “sometimiento a la justicia” de Pablo Escobar en su Catedral y alcanzar una tregua momentánea con el narcoterrorismo.

Un Constituyente Sincrético y Electofáctico

 Allí se encuentra la génesis de nuestro actual régimen político electofáctico[2], que continúa siendo criminalmente constitutivo de nuestra vida política, como todos los días lo vemos y padecemos con el asedio de organizaciones guerrilleras mutantes, que son “rebeldes-narcotraficantes” y ahora con la supuesta financiación de vías 4G en Antioquia por las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC)[3], que se proyectan como “empresarios-narcotraficantes”. Sin duda, ese poder constituyente del 89 y el 90 tan sincrético y electofáctico no podía engendrar otra cosa que un poder constituido cacocrático[4] y descompuesto, tanto en el Ejecutivo como en el Congreso, incapaz de debatir y aprobar reformas democráticas, pues ellas serían el comienzo de su fin. Por eso la única reforma que hundieron rápidamente fue la política, en tanto pretendía acabar con la financiación privada de las campañas electorales, vía expedita para la corrupción del constituyente primario y su voluble voluntad “soberana” por poderes de facto empresariales, Odebrecht y Corficolombiana, o abiertamente ilegales como el narcotráfico, los paramilitares y la guerrilla. Precisamente por esa fusión de la política con la criminalidad resurgieron las Convivir y sus hijas legítimas, las AUC, como todos lo sabemos, salvo su progenitor, César Gaviria Trujillo[5], y su máximo promotor regional y nacional, Álvaro Uribe Vélez[6]. También llegaron al Congreso los voceros de la parapolítica[7] y a la salud una banda de mercaderes insaciables, como Carlos Palacino y Saludcoop[8], junto a más de 13 EPS que han tenido que ser liquidadas por insolventes e ineficientes. Mientras vivamos en esta especie de cambalache político institucional, todos “revolcaos en un merengue y en un mismo lodo todos manoseaos”, es insensato pensar en un poder constituyente virtuoso e incontaminado que nos salvará de la noche a la mañana. Más bien lo que precisamos con urgencia es una gobernabilidad eficiente y menos retórica constituyente, más concertación y menos confrontación para avanzar por las vías de la reactivación económica y dejar atrás el trancón de las 4G en Antioquia. Pero, sobre todo, precisamos con urgencia más seguridad humana y menos “paz total”. Todo parece indicar que el presidente Petro ya se percató de esto último, pues ordenó la operación Mantus[9] contra el Estado Mayor Central[10] en el Cauca. Cabe esperar que las “AGC” y la Nueva Marquetalia[11] comprendan que les ha llegado la hora de comenzar una negociación realista, cumplir el cese del fuego y cesar las extorsiones contra la población civil, pues de lo contrario el gobierno no tiene otra opción que “guerrear”, según la orden presidencial. Orden a la que respondió desafiante las AGC: “el presidente les ordenó a las fuerzas del Estado el exterminio de nuestra organización, sin dimensionar la violencia y el derramamiento de sangre que puede causar dicha orden presidencial”. ¿Estaremos ad portas de una nueva guerra, ahora contra el narcoterrorismo de las AGC? ¿Se configurará otra coyuntura preconstituyente como la desatada por Pablo Escobar y los extraditables para poner en jaque al Estado y entonces invocar de nuevo el talismán de una Asamblea Nacional Constituyente para la “Paz Total”? Ya va siendo hora de aprender las lecciones que nos dejó el espejismo constituyente de 1991, que promulgó la Constitución más democrática del continente para volverla trizas en treinta años, pues todavía incumplimos su artículo 22: “La paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento”. Es inevitable citar otra vez a García Márquez en su proclama “Por un país al alcance de los niños”[12]: “Somos conscientes de nuestros males, pero nos hemos desgastado luchando contra los síntomas mientras las causas se eternizan. Nos han escrito y oficializado una versión complaciente de la historia, hecha más para esconder que para clarificar, en la cual se perpetúan vicios originales, se ganan batallas que nunca se dieron y se sacralizan glorias que nunca merecimos. Pues nos complacemos en el ensueño de que la historia no se parezca a la Colombia en que vivimos, sino que Colombia termine por parecerse a su historia escrita…Esta encrucijada de destinos ha forjado una patria densa e indescifrable donde lo inverosímil es la única medida de la realidad”. Cuanta falta nos hace ese realismo lúcido para salir de esta encrucijada en que estamos y tener una segunda oportunidad sobre la tierra para vivir democráticamente y en paz en esta Colombia del Pacto Histórico: ¡Potencia mundial del irrealismo político y la desmesura gubernamental!


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