CALICANTO

2012-01-30T19:04:00.000-05:00

Angelino ante la OIT: Una candidatura muy poco angelical

(Publicado en razonpublica.com)

Con su estilo popular y bonachón, el vicepresidente le ha jugado a todos las bandas y los bandos, a tal punto que ahora aspira a dirigir la organización mundial de los trabajadores en representación del país donde más se persigue a los sindicalistas.

Hernando Llano Ángel

Donde se matan más sindicalistas

La candidatura oficial del vicepresidente Angelino Garzón a la dirección de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) se ha convertido en un purgatorio, que ante la intensidad de las llamas de la oposición levantadas por delegados de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y el Polo Democrático Alternativo (PDA) --con la vocería del senador Alexander López-- está a punto de evaporarse en humo. Durante su gira por Estados Unidos y Europa, los opositores han presentado argumentos que tienen la contundencia irrebatible de la violencia y la impunidad pues - como acaba de informar Humans Rights Watch- Colombia sigue ocupando el vergonzoso primer lugar en el mundo por el número de sindicalistas asesinados.

Según datos de la Escuela Nacional Sindical: “Un total de 51 sindicalistas fueron asesinados en 2008, 47 en 2009, 51 en 2010 y 26 entre enero y el 15 de noviembre de 2011”. Para acabar de agravar la situación, el 17 de enero pasado fueron asesinados en Orito, Putumayo, el líder comunitario y trabajador de la USO Mauricio A. Redondo y su esposa, Janeth Ordoñez, aumentando así los sentimientos de rechazo de numerosas centrales obreras internacionales. Con razón el presidente de la CUT, Tarsicio Mora, dijo a El Espectador que “No es posible que aspiremos a semejante cargo cuando en Colombia se violan los derechos (…) Colombia ha perdido todas las calificaciones frente a la OIT”. En estas circunstancias no es posible dejar de recordar que desde 1986 han sido asesinados más de 3 mil sindicalistas y que la impunidad por dichos crímenes es del 96 por ciento.

Tercera vía

Y sin embargo el panorama anterior es paradójicamente utilizado por el gobierno Santos y por el propio Angelino como un gran argumento para vender su candidatura: la dirección de la OIT sería el sitio ideal para velar por la protección de los sindicalistas colombianos. En este punto cuentan con el apoyo del ex presidente Uribe pues, como dijo en entrevista para Radio Todelar en Cali, “Si lo nombran director, está muy bien para él y para Colombia. Una persona como el doctor Angelino nos tiene que ayudar a que no haya sindicalismo armado, a que no haya confrontación entre empresarios y trabajadores”.

Santos y Uribe por una parte, y por la otra el PDA y la CUT: de esta manera la polarización que existe en Colombia se proyecta al plano internacional. Y sin embargo al mismo tiempo Angelino se presenta como el hombre providencial para ensayar una especie de “tercera vía” y superar las conflictivas relaciones entre el capital y el trabajo, que desde por lo menos la década de los 90 se convirtieron en un asunto “interméstico”, pues su tratamiento requiere cada vez más de convergencias entre la legislación laboral internacional y la doméstica. Así lo comprendió Uribe, cuando incluyó a Angelino en una gira por Estados Unidos para persuadir a demócratas y republicanos de la importancia que le daba al sindicalismo conciliador y no al reivindicador, que con su estilo estigmatizador él califica de armado. Y más todavía cuando lo nombró Representante Permanente de Colombia ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, con sede en Ginebra, para maquillar la imagen de su gobierno en este frente para él tan sensitivo.

Resulta, entonces, lógico para un gobierno cuyo Plan de Desarrollo da prioridad a la “locomotora” minero-energética, contar con los oficios de un conciliador profesional como Angelino, en virtud de su pasado como líder sindical y su antigua militancia en organizaciones de izquierda, desde el anquilosado Partido Comunista hasta la aniquilada Unión Patriótica, siendo uno de los pocos dirigentes que sobrevivieron al genocidio político.

Un político ubicuo y ambiguo

En pocas palabras: Angelino es el ornitorrinco de la política nacional, cuyas virtudes y habilidades lo convierten en un animal político ubicuo y ambiguo como ninguno otro. Aunque Garzón se define como un “hombre de centro izquierda católico”, sería más preciso describirlo como un hombre políticamente ubicuo e ideológicamente ambiguo. Ubicuo, porque durante su intensa y extensa vida pública ha hecho gala de tal flexibilidad que ha pasado por todos los grupos y ha militado en todas las tendencias políticas, sin perder su discurso popular ni su propia identidad, con su acento inconfundible de hombre gentil y sencillo, matizado con cierto aire de cura de pueblo.

Desde la izquierda ortodoxa del partido comunista, pasando por la heterodoxa Alianza Democrática-M19 –como delegatario en la Asamblea Nacional Constituyente¬— hasta funcionario en los gobiernos irreconciliables de Andrés Pastrana y Álvaro Uribe, para culminar como vicepresidente de Santos. No tuvo ningún reato de conciencia ni de su fe de católico para apostar un día por la paz negociada, y al día siguiente representar a un gobierno que, negando la existencia del conflicto, llegó a acuerdos políticos con criminales de lesa humanidad.

Cuando estuvo de candidato a la Gobernación del Valle del Cauca, contó con el apoyo de Convergencia Ciudadana y de Juan Carlos Martínez Sinisterra, sin escrúpulos de orden ético (católico) o político (izquierda), y así sumó todos los apoyos que fueron necesarios para obtener la más alta votación alcanzada hasta la fecha por gobernador alguno.

Tales son su ubicuidad política y su ambigüedad ideológica, que el año pasado promovió al saliente gobernador del Valle, Francisco José Lourido, contra la aspiración del PIN de seguir usufructuando el botín departamental y ahora apoya al gobernador Héctor Fabio Useche, quien gobierna en nombre del PIN. Y como si esto fuera poco, ahora reniega del partido de la U, aunque en su nombre haya alcanzado y ejerza la Vicepresidencia de la República.

Quizá por todo lo anterior, Garzón esconde sus veleidades y su oportunismo político bajo la sigla de una enigmática corriente de opinión que denomina “centro independiente”, con la cual navega por las oscuras aguas del clientelismo y la burocracia.

Un discurso milagroso

Los anteriores malabarismos políticos e ideológicos le permiten estar en el centro de la vida pública, donde despliega un inteligente y sinuoso discurso, matizado de sentimientos morales y religiosos, con frecuentes alusiones al perdón, la gratitud, la reconciliación, la justicia social y el mismísimo Señor de los Milagros de Buga, a quien encomienda la suerte de su gestión y aspiraciones.

Ante semejante popurrí político-religioso y social fácilmente la audiencia se rinde y se adormece su espíritu crítico. Es así como en una extensa entrevista radial concedida a RCN, además de agradecer a Pastrana, Uribe, Santos y la Iglesia Católica las oportunidades que le han dado para desempeñarse en importantes cargos, se solidariza con la tragedia –son sus palabras-- de Tomás y Jerónimo por ser investigados judicialmente a raíz de sus negocios en la zona franca de Mosquera y sus dudosas relaciones con el Canoso, un destacado miembro de las AUC de la costa Caribe.

Frente a las investigaciones contra el gobernador Useche, responde que él no es un juez y presume su inocencia hasta que no se demuestre lo contrario, pero a renglón seguido recuerda que conoció a su padre cuando era dirigente sindical en Bugalagrande, donde fue asesinado, e invoca entonces la calidad de víctima de la violencia para el actual gobernador Useche y la solidaridad con su gestión.

De esta forma Angelino ha forjado una imagen que le permite estar bien con casi todo el mundo, pero especialmente promover una aureola de hombre justo e imparcial (defensor por excelencia de los más humildes y su precario salario) capaz de conciliar los intereses más antagónicos para aspirar legítimamente a la dirección de la OIT, donde promoverá una “alianza de carácter tripartito con soporte de empresarios, trabajadores y gobiernos”, presentándose como el candidato de la región, pues su candidatura ha sido respaldada por los gobiernos de América Latina y el Caribe.

2012-01-17T08:15:00.000-05:00

DE-LIBERACIÓN

(Enero 16 de 2012)

PARÁFRASIS POLÍTICAS

(Breves reflexiones sobre la actualidad política nacional e internacional)

Hernando Llano Ángel.

1- Entre los “Urabeños” y los “Uribeños” hay mucho más que una afinidad fonética. Existe una coincidencia estratégica: ambos creen que la fuerza y la violencia son la esencia de la política. Los “urabeños” cometen crímenes para alcanzar fines políticos. Los “uribeños” para eludir responsabilidades políticas. Por eso su jefe trina y clama para que sean bombardeados. Ironías del “posconflicto”.

2- La alquimia de la paz política, savia de la democracia, transmuta a los enemigos en adversarios. A partir de ese momento ya no se pretende doblegar al enemigo en un combate a muerte, sino más bien superar al adversario en un vital debate, donde ganan los votos y pierden las balas. Es la distancia entre las urnas y las tumbas, la confianza y el odio, que ni Santos ni las FARC parecen capaces de aminorar.

2012-01-16T08:52:00.000-05:00

DE-LIBERACIÓN

(Exclusivo para revista EL CLAVO, edición 62, Dic 2011)

JUVENTUD, REBELDÍA Y POLÍTICA

Hernando Llano Ángel

No tiene mucho sentido hablar de la juventud en abstracto, sin tener en cuenta los ineludibles condicionamientos del tiempo y el espacio, aunados al género y la condición social. En nuestro caso, la ley 375 de 1977 encasilla la juventud entre los 14 y 26 años de edad, pero habría que intentar otros criterios para su comprensión y caracterización.

Uno de ellos es la rebeldía, como actitud de inconformidad y rechazo del mundo que se hereda de los adultos. Esa actitud permea todas las clases, géneros y etnias que cruzan a la juventud, al punto que incluso sobrepasa el criterio cronológico de la edad, pues aquel joven que vive por completo integrado e identificado con el estilo de vida, costumbres y valores de los adultos, queda inmediatamente por fuera de la “tribu” y se lo considera un desertor que ha ingresado prematuramente al bando de los “cuchos”. Sin duda, en todas las sociedades se percibe cierta hostilidad entre el mundo juvenil y el adulto. Por eso la juventud juega un papel crucial. Ella puede ser el relevo y la continuidad de un pasado vergonzoso o la superación del mismo, marcando así un nuevo comienzo y la construcción de una sociedad más amable y digna para todos sus miembros. Y es justo en esta tensión y coyuntura de transición donde los jóvenes se definen en relación con el segundo criterio mencionado, la política.

Al quedar los jóvenes situados en el terreno conflictivo de la política tienden a dividirse en varios bandos. En un extremo se agrupan los que radicalmente se oponen a lo existente y no ven otra opción que su destrucción o apropiación violenta contra aquellos que, situados en la otra orilla, por ser herederos o beneficiarios del presente, se preparan para su administración y defensa a muerte. Y en el medio queda una minoría que intenta su transformación y reforma gradual y la mayoría que se desentiende de la política por considerarla un juego sucio manchado de sangre, corrupción y desigualdades. Pero nadie puede escapar a las consecuencias de la política, sea joven o adulto, y menos en una sociedad como la nuestra, cruzada por un conflicto violento que tiende a polarizarla y dividirla en bandos irreconciliables. En tanto la juventud asume la vida con mayor intensidad, emotividad y pasión, cuando se compromete con la política lo hace por lo general en forma visceral e incondicional. El resultado de estas actitudes radicales y desesperadas, es la desaparición temprana y violenta de miles de jóvenes, paradójicamente por sus ansias de vivir y deseos incontenibles de un mejor presente. Son los jóvenes quienes mayor número de víctimas cobra nuestro conflicto armado y la llamada violencia social, justamente porque son quienes más aman la vida y no quieren esa muerte lenta, de todos los días, que administran resignadamente los adultos. Se convierten, entonces, en víctimas y verdugos de su propia generación. Terminan siendo guerreros implacables que no conocen ningún límite y mueren precozmente, apenas sin haber vivido. En algunas circunstancias actúan como rebeldes, en otras como contrarrevolucionarios o simplemente como sicarios. Pero en cualquiera de los roles que desempeñen, es claro que militan en las filas de la muerte, aquella que niega el presente de su juventud y el futuro de todos. En lugar de ser el eslabón de la vida, que articula las generaciones pasadas con las futuras, se convierten en piezas de una cadena que nos ata a todos a la violencia y la muerte. Ser lo uno o lo otro depende, en gran parte, de la forma como los mismos jóvenes asuman politicamente su inconformismo y rebeldía

2011-10-30T11:48:00.000-05:00

DE-LIBERACIÓN

(calicantopinion.blogspot.com)

EL ESCABROSO HALLOWEEN ELECTORAL

(Octubre 30 de 2011)

Hernando Llano Ángel.

Quizá no sea una simple coincidencia que estas elecciones locales y regionales se realicen la víspera de la fiesta de Halloween, pues ellas han transcurrido como una auténtica mascarada democrática, en la que son complacidos y engañados como niños muchos ingenuos ciudadanos. Ciudadanos que votarán convencidos de haber elegido al mejor candidato, aunque sólo lo hayan hecho encantados por su traje de fantasía democrática. Estos comicios han estado rodeados de tantas y violentas irregularidades, que en lugar de ser un escenario para la deliberación y decisión sobre el ritual político más importante en una sociedad --elegir a quiénes tomarán las decisiones que nos afectan a todos-- se han convertido en un sangriento y cenagoso laberinto de denuncias, sindicaciones e investigaciones preliminares para evitar que los favorecidos resulten ser testaferros de la ilegalidad y el crimen.

Cada vez más nuestras elecciones derivan en un gran proceso judicial y sus protagonistas ya no son los candidatos sino la señora Fiscal General de la Nación, el Procurador General, el Director General de la Policía Nacional y hasta el mismo ministro del Interior o la política termina siendo desplazado por el ministro de Defensa. No por casualidad para garantizar su realización primero hay que movilizar a toda la Fuerza Pública en el “Plan democracia” y en segundo lugar convocar a los desilusionados y temerosos ciudadanos, reconociéndoles incentivos de una o media jornada laboral de descanso remunerado.

Para muchos candidatos estas elecciones se convirtieron en su última decisión vital, pues fueron asesinados en desarrollo de las mismas. Según las cifras oficiales del Ministerio del Interior en estos comicios han sido asesinados 26 candidatos y según la Misión de Observación Electoral (MOE) la cifra ya es de 41. En nuestro caso, la definición de democracia ya no es la célebre y mínima de James Bryce, “aquella forma de gobierno que permite contar cabezas en lugar de romperlas”, sino la trágica y cruel de una forma de gobierno que permite cortar cabezas y contarlas, aunque la cifra todavía sea motivo de controversia.

El aquelarre electoral

De otra parte, pareciera que muchos candidatos están más involucrados con el crimen que comprometidos con los ciudadanos. Por eso, en sus llamados a los electores insisten en que estos se “involucren en la política”, como si se tratara de una actividad criminal, en lugar de convocarlos a que se comprometan con el interés público. El lenguaje nunca es inocente y revela bien la identidad y las simpatías políticas de quien habla y escribe. Así quedó de presente, una vez más, en la importante entrevista que concedió ayer al diario El Tiempo el procurador general, Alejandro Ordoñez, advirtiendo que la “Corrupción electoral no tuvo freno”.

Entre otras cosas, señaló: “La mayor amenaza, y que echa un manto de dudas sobre nuestro sistema democrático, es la corrupción. Está desbordada”. Y ella se expresa en actividades como: “Los dineros que están detrás de muchas campañas provienen de actividades ilícitas. La trashumancia electoral (trasteo de votos) se incrementó en todo el país; hay 700 mil inscripciones de cédulas anuladas y los funcionarios públicos intervienen en política”. En cuanto a la causa de lo anterior, sentenció: “No nos digamos mentiras, los altos costos de estas (las campañas) son el escenario en el que mejor flotan todas las organizaciones al margen de la ley, llámense bacrim, guerrilla o autodefensas”. Pero también las campañas de los partidos y movimientos legales, en “un municipio de sexta categoría en el que el alcalde gana un poco más de dos millones de pesos. Esas campañas terminan costando más de 300 millones de pesos ¿Quién termina financiándolas? ¿A quién le interesa? Hay toda una amenaza que va desde los contratistas –ellos financian hoy para contratar mañana- hasta las organizaciones al margen de la ley”.

Procura decir la verdad

Sin embargo tal valor en la denuncia y lucidez en el diagnóstico sobre las causas de la corrupción política fue desvaneciéndose en sus siguientes respuestas. Cuando el periodista le pregunta sobre “¿Qué tanto han influido en las campañas los políticos presos?”, como es el caso del exsenador condenado Juan Carlos Martínez Sinisterra y sus espectrales salidas de la cárcel y giras electorales por el Valle del Cauca –propias de un penumbroso Halloween electoral, donde es imposible identificar el traje que oculta o representa tal personaje bajo siglas parecidas al triqui-triqui como son el PIN, MIO; AFROVIDES-- responde el procurador: “Eso lo deben contestar las autoridades carcelarias, Fiscalía y Policía, que son los que tienen mayores elementos de juicio y los instrumentos para realizar esos controles. Es indudable que muchos de ellos siguen teniendo liderazgo político y tomando decisiones”. A lo que habría que añadir, que también es indudable que la Procuraduría debería evitar que ello suceda, investigando rigurosamente a las autoridades judiciales y carcelarias que bajo coartadas sutilmente legales permiten que el crimen continúe siendo políticamente decisorio en estas elecciones. Pero es el mismo procurador Ordoñez quien se inhabilita política y éticamente para hacerlo, pues a la pregunta de “¿Cómo acabar con la corrupción política?”, responde: “La corrupción no es un problema de un gobierno, es de los resortes morales de la sociedad colombiana. No se puede politizar, no se puede decir que es producto del anterior gobierno, se tiene que desuribizar (sic). Hay que generar una nueva cultura”.

Procura no disfrazarte de filósofo moral

Ante semejante respuesta hay que aconsejarle al Procurador que no disfrace sus simpatías y afinidades políticas con sofismas sociológicos y morales para así diluir y excusar a Álvaro Uribe de su mayor responsabilidad histórica: degradar la política a una actividad proclive con la legitimación del crimen y la ilegalidad, siempre y cuando fuera efectiva contra la guerrilla, a través de leyes como la 975 (disfrazada de “Justicia y Paz”) que concedía el estatus de sediciosos, es decir delincuentes políticos, a criminales de lesa humanidad. Criminales que terminó extraditando a Estados Unidos para que no develarán en su totalidad los alcances de semejante entramado criminal con la política y la economía, no obstante el empeño de tantos en ocultarlo o justificarlo, empezando por el propio expresidente Uribe y todos los partidos de su coalición Ultramontana y conservadora, que hoy se disfrazan con el traje de la transparencia y la pulcritud para continuar gobernando en nombre de la “democracia, la moral y las buenas costumbres”.

No por casualidad el capital político y burocrático de Juan Carlos Martínez aumentó considerablemente durante la era Uribe, como el de tantos otros políticos que hoy respalda y aspiran a gobernar en Alcaldías, Gobernaciones, Concejos y Asambleas, transformando esta campaña en un aquelarre de disfraces de intereses clientelistas y ambiciones criminales, que se ocultan muy bien bajo el rostro de candidatos que supuestamente están más allá del bien y del mal. Tales son los casos de Enrique Peñalosa en Bogotá y Rodrigo Guerrero en Cali, que aceptaron el pesado lastre del respaldo del expresidente y de personajes que en anteriores elecciones fueron promotores, aliados o incluso correligionarios de Juan Carlos Martínez, como el propio Uribe en la burocracia nacional y Dilian Francisca Toro en el ámbito departamental e incluso el actual vicepresidente Angelino Garzón, quien contó con el apoyo de Martínez en su copiosa votación para la gobernación del Valle en el 2003.

Sin duda, la política nacional es un aquelarre de farsantes que hacen del maniqueísmo su principal táctica política, guiados por la criminal divisa del “enemigo de mi enemigo es mi (secreto mejor) amigo”, para coronar con éxito sus aspiraciones electorales. Contra sus simpatías políticas y personales, Ordoñez, ese otro artista del disfraz que oculta su posición política militante bajo un moralismo maniqueo, tiene toda la razón: “Hay que generar una nueva cultura”. Sí, la cultura de la coherencia entre la política y la ética del interés público, sin esguinces y con todo el rigor que ello demande, así implique votar en blanco o por aquellos que no tienen posibilidad alguna de triunfar porque han realizado una campaña política sin renunciar a sus principios y sin conciliar con el crimen y el clientelismo, que son la putrefacción institucional de la hoy santificada política de “prosperidad democrática".

2011-08-29T10:27:00.000-05:00

DE-LIBERACIÓN

(Publicado en http://www.razonpublica.com/ Agosto 29 de 2011)

Impunity, la película de las víctimas

Hernando Llano Ángel

Las víctimas se hacen invisibles tras un semáforo para el citadino normal y ajetreado. Por eso es necesario mostrarlas crudamente, su vida, su verdad, su dignidad. Antes de que vuelva la lluvia y borre todo. Nuestra memoria es tan frágil y es tan selectiva…

Ver a los invisibles

La película Impunity, dirigida por Hollman Morris y Juan José Lozano, es mucho más que una galardonada obra cinematográfica. Ante todo es una obra de las víctimas, una conmovedora y contundente obra de vida, verdad y dignidad.

Una obra que revela y desvela la ignominia de la ley 975 de 2005, cuyo nombre oficial de “Ley de Justicia y Paz”, condensa el cinismo criminal de sus gestores: el gobierno presidido por Álvaro Uribe Vélez y sus mayorías en el Congreso.

Mediante esta ley pretendieron desmovilizar, procesar y condenar como sediciosos (delincuentes políticos) a criminales de lesa humanidad con penas entre 5 y máximo 8 años de prisión.

Pero esa estratagema de legitimación del crimen fue conjurada por la Corte Constitucional al declarar inexequible, por vicios de procedimiento, su artículo 71, que transmutaba en delincuentes políticos a criminales de lesa humanidad, siempre y cuando no se hubiesen dedicado en forma exclusiva al narcotráfico. En otras palabras, que sus organizaciones hubiesen lavado con sangre de campesinos inermes su blanca y cristalina actividad de exportadores de cocaína.

De vida y de verdad

Impunity es una obra de vida, porque no obstante documentar los miles de crímenes de lesa humanidad perpetrados por los grupos paramilitares, en escenas que superan la imaginación más dantesca y que denuncian la forma grotesca como transcurrieron las llamadas audiencias de versión libre de los comandantes paramilitares -al parecer diseñadas para burlar la verdad de las víctimas y afianzar las coartadas de los criminales

Al final de la película, en las retinas del espectador quedan grabados la dignidad y el dolor de los familiares de las víctimas, como una expresión superior de vida que se impone sobre las mentiras y el cinismo de los verdugos.

Es también una obra de verdad, porque revela que tras la maquinaria criminal del paramilitarismo y sus despiadados operarios hay algo mucho más cotidiano y estructural, que sobrevive impunemente a tan temibles como despreciables ejecutores.

Y ese algo es nuestra realidad política y económica, que se recubre y encubre con toda la parafernalia de una falsa institucionalidad democrática y el insaciable afán de lucro y depredación de sus conspicuos patrocinadores, que van desde el narcotraficante pura sangre, pasando por una extensa y mimetizada red de políticos regionales, hasta el idolatrado líder político, hacendado y empresario cuya noción de Patria se agota en la defensa del patrimonio privado, el estímulo a la inversión extranjera y una ubérrima “seguridad democrática”, sembrada sobre fosas comunes, miles de desaparecidos y cerca de dos mil “falsos positivos”.

Impunity nos revela esa verdad terrible y ordinaria de todos los días, que está frente a nuestros ojos, pero que la normalidad cotidiana de nuestras vidas nos impide ver: la de millones de desarraigados por la violencia degradada de un conflicto que no asumimos como propio y preferimos seguir viéndolo como una lucha entre “gobernantes y ciudadanos de bien” contra “terroristas desalmados”, que pronto terminará, porque hace ya varios años que estamos en “el comienzo del fin”.

En el comienzo del fin de un conflicto que empieza todos los días, porque millones de “ciudadanos de bien” tienen la buena e ingenua conciencia de creer que basta elegir a otros para que pongan fin a esta pesadilla, sin importar los métodos que utilicen, ni cómo lo hagan, pues lo urgente es vivir en paz, con seguridad y sin miedo, para así recibir más inversión extranjera y afianzar la “prosperidad democrática”.

Obra de dignidad

Creen, ingenuamente, que las víctimas dejan de existir definitivamente al ser arrojadas a los ríos o enterradas en fosas comunes, pero olvidan que tras cada crucificado hay un resucitado cuya dignidad sigue viva en la memoria inextinguible de sus deudos.

Por eso quienes hoy gobiernan pregonan a los cuatro vientos que ha llegado la hora de las víctimas. Y, en efecto, las víctimas siguen cayendo todos los días, en el campo y en las ciudades, porque nos acostumbramos a deambular entre la vida y la muerte, entre las tumbas y las urnas para proclamar orgullosos que vivimos en la democracia más estable y antigua de América Latina.

De esta forma, gracias a nuestra autocomplacencia e indolencia nos hemos convertido en cómplices inmejorables de la impunidad y en su consolidación institucional, desde la gloriosa fórmula del “Frente Nacional” que hoy parece tomar de nuevo cuerpo en la “Unidad Nacional”.

Más allá de Impunity

Por todo lo anterior, Impunity va mucho más allá de recuperar la vida, la verdad y la dignidad de todas las víctimas, pues también nos interpela sobre nuestra responsabilidad personal e indelegable por lo acontecido y lo que sigue sucediendo.

Porque mucho más grave que la impunidad judicial es la impunidad política y social, que tiene su origen en la confluencia de tres “íes” que se complementan: indiferencia, indolencia e insolidaridad:

• En la indiferencia de las mayorías, expresada en esa imperceptible pérdida de sensibilidad moral, que asiente frente al crimen de los inocentes, mirando para otro lado, y no repudia a sus verdugos.

• En la indolencia de nuestros éxitos personales, acompañada de la autocomplacencia.

• En la insolidaridad, que nos aísla en la seguridad y comodidad de nuestros propios intereses y en el refugio hogareño, ese oasis de paz y felicidad, a salvo de tan macabra realidad.

Verdugos transformados en víctimas

Pero esa impunidad se perpetúa también porque los llamados “ciudadanos de bien” votan ingenuamente en cada elección por todos aquellos candidatos que prometen paz, seguridad y lucha contra la corrupción, degradando así la política al arte de la manipulación del miedo y el combate maniqueo del bien –que supuestamente ellos encarnan-- contra el mal que representan todos sus adversarios, a quienes tildan de apátridas y terroristas.

Y cuando a dichos gobernantes del bien, la pulcritud y la “seguridad democrática” les llega la hora de responder ante la justicia, entonces se convierten en víctimas de venganzas criminales y no saben nada de aquello que hicieron sus subalternos, quienes obviamente fueron asaltados en su buena fe y son totalmente inocentes, “porque no se robaron ni un peso”, “ni ordenaron nada ilegal” y si se cometieron “falsos positivos” fue a “sus espaldas” (sic), pues ellos gobernaron “de frente y en forma transparente”.

Así se perpetúan impunemente los perpetradores de tanto crimen, pues ellos tienen la buena conciencia de haber gobernado con el respaldo mayoritario de los “ciudadanos de bien”, quienes por lo general votan siguiendo este implacable silogismo, consignado por Albert Camus en su Introducción del “Hombre Rebelde”:

“Pero a partir del momento en que por falta de carácter corre uno a darse una doctrina, desde el instante en que se razona el crimen, éste prolifera como la misma razón, toma todas las figuras del silogismo. Era solitario como el grito; helo ahí universal como la ciencia. Ayer juzgado, hoy legisla”.

Y todo parece indicar que entre nosotros el crimen continuará gobernando impunemente por muchos años más, pues sobran razones desde la derecha, el centro y la izquierda para seguir disparando, poco importa el número de víctimas que caigan.

Al fin de cuentas, ellas mueren en nombre de la “seguridad”, la “democracia” y hasta la “justicia”, como suelen argumentar con profunda convicción sus respectivos verdugos.

2011-07-18T17:46:00.000-05:00

DE-LIBERACIÓN

(Julio 12 de 2011)

http://www.calicantopinion.blogspot.com

Cinco tesis contra la mitomanía constitucional.

Hernando Llano Ángel.

Con el propósito de incentivar el debate sobre el significado y la incidencia de la Constitución del 91 en el actual régimen político colombiano, van estas cinco controversiales tesis:

Primera tesis: El fracaso político. La Constitución del 91 es un fracaso político consumado, pues en lugar de ser “el tratado de paz duradero” que proclamó Cesar Gaviria hace 20 años, ella se transmutó en una declaratoria de “guerra integral” al autorizar el bombardeo del Secretariado de las FARC en “Casa Verde”, el mismo día en que elegíamos los delegatarios a la Asamblea (Diciembre 9 de 1990). Dicha declaratoria de “Guerra integral”, después de 20 años, ha convertido a Colombia en un campo de batalla profundamente degradado, como lo viven diariamente cerca de seis millones de colombianos desarraigados de su terruño. Quizá tratando de conjurar semejante escenario, los delegatarios aprobaron el artículo 22: “La paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento”, que condensa irónicamente el carácter nominal y retórico de nuestra Carta, transmitiendo así fielmente hasta nuestros días el nefasto proverbio colonial de “la ley se obedece pero no se cumple”.

Segunda tesis: El caballo de Troya. La Constitución del 91 es, ante todo, la expresión más paradójica de la crisis estructural de la política y de su legitimidad, minadas por el caballo de Troya del narcotráfico, cuya fuerza catalizadora de acontecimientos políticos tiene tal poder de descomposición y desestabilización del régimen que ha convertido las elecciones en una suerte de alianzas entre actores legales e ilegales y la gobernabilidad en un ejercicio de criminalidad más o menos impune, legitimado periódicamente por una población rehén de necesidades acuciantes (seguridad y paz) e ilusiones inaplazables (prosperidad y justicia) que se debate entre el miedo a la guerra y la esperanza de la paz. Con el magnicidio de Luis Carlos Galán, propició el nacimiento de la “séptima papeleta”, que a su vez desencadenó la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente. Recientemente, mediante su alianza con cientos de políticos, dicho caballo de Troya engendró la “parapolítica”, que metamorfoseo el crimen en política, consolidó el éxito mediático de la “seguridad democrática” y contribuyó a la reelección de Uribe, además de acelerar la adicción progresiva de las FARC al narcotráfico y sus inciertas coaliciones actuales con las nuevas bandas criminales. En síntesis, politizó el narcotráfico y narcotizó la política, bajo espejismos gubernamentales como la “Política de sometimiento a la justicia”, el “Plan Colombia”, la “Seguridad democrática” y la fracasada ley de “Justicia y Paz”.

Tercera tesis: Sin Constitución Política. La Carta del 91 no es en la realidad social una Constitución Política en tanto ha sido incapaz de regular en forma legal y civilizada las dinámicas cambiantes del poder político y garantizar la vigencia de los derechos humanos . La Constitución ha quedado reducida a un campo de batalla donde actores legales e ilegales se disputan --sin límites éticos y normativos-- la vida, libertad y dignidad de la población civil, la cual ha sido convertida en una especie de masa de maniobra electoral y militar, convocada periódicamente a las urnas, a las que acude con desgano (más del 50% de abstención electoral), unas veces ilusionada por la paz y últimamente manipulada por el miedo a la inseguridad y aupada por sentimientos de revancha, codicia o igualdad social, bajo eufemismos de campañas políticas con consignas ganadoras como la “seguridad democrática” y la “prosperidad democrática”.

Cuarta tesis: La Constitución Nominal. La Carta del 91 es, entonces, fundamentalmente una Constitución Jurídica-Nominal, pues consagra y postula una amplia gama de derechos políticos, económicos, sociales, culturales y colectivos de la población, cuya vigencia todavía se proyecta como un deber social en un horizonte cada día más incierto y lejano. Por tanto, su dimensión es más nominal que realmente normativa, pues el Estado es incapaz de garantizar el goce real de tales derechos. Horizonte nominal que en forma denodada y casi heroica el poder judicial de las altas Cortes trata de convertir en realidad cotidiana ante la ausencia de actores políticos institucionales –partidos políticos, órganos de representación popular y autoridades democráticas— auténticamente comprometidos en su materialización social. Sin la Corte Constitucional y la Corte Suprema de Justicia, hoy no tendríamos Estado, tampoco aplicación de políticas Sociales y menos aún vigencia del Derecho, que son los cimientos de un auténtico Estado Social de Derecho aún por construir. El actual Estado colombiano conserva cierta aura de legitimidad doméstica e internacional gracias a las elecciones, pero sobre todo a las providencias de la Corte Constitucional en defensa de la acción de tutela; la promoción de los derechos sociales de educación, salud y vivienda, y la exigencia de una vida digna para la población desplazada (Sentencia T-025); junto a las sentencias de la sala penal de la Corte Suprema de Justicia depurando la política de criminales (parapolítica). No obstante lo anterior, dicho Estado es objeto de una tutela internacional creciente por sus omisiones o vulneraciones en la protección y vigencia de los derechos humanos del conjunto de la población, por lo cual ha sido condenado en más de 10 ocasiones por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en los últimos 20 años y está bajo la atenta mirada de la Corte Penal Internacional dada la impunidad generada por la mal llamada ley de “justicia y paz”.

Quinta tesis: El régimen electofáctico. Por todo lo anterior, con la Constitución del 91 no se instaura o consolida en la realidad social y la política colombiana la democracia y mucho menos el Estado Social de derecho, sino un régimen político electofáctico de carácter sincrético donde tras la mampara de las elecciones deciden los poderes de facto, sean estos los corporativos del mercado global legal (ayer “apertura económica” hoy TLC) o los ilegales del mercado criminal (narcotráfico, contrabando, carruseles de corrupción y lavado de activos), hábilmente legitimados por falsos discursos de seguridad y prosperidad democrática. Discursos y programas que canalizan la opinión ciudadana en las urnas y en muchas ocasiones su vida en las tumbas (trincheras, minas antipersona, fosas comunes, “falsos positivos”). Operación realizada combinando múltiples formas y tácticas de lucha, bien sea a través del clientelismo, la corrupción, la coacción violenta, la intervención gubernamental o el ilusionismo mediático del marketing electoral, para encauzar desde las necesidades más apremiantes de la población pobre y marginada (pan, empleo, salud y seguridad ), pasando por las esperanzas e ilusiones democráticas de sectores de la clase media citadina (legalidad, confianza y transparencia, movilidad, espacio público y recreación ), hasta la codicia rabiosa y revanchista de los defensores a ultranza del statu quo (“seguridad inversionista” y “derrota del terrorismo” ), legitimando así periódicamente con sus limitados votos (más del 50% de abstención electoral) dicho régimen electofáctico. Razón tenía don Miguel Samper cuando en el siglo XIX, a propósito de las Constituciones, escribió: “Al leer tantas Constituciones como las que se expiden en estas tierras, se nos ocurre que en vez de tantos libros consultados para elaborarlas, convendría empapelar los salones de las Cámaras con los cartelones en los que el Doctor Brandreth recomendaba sus píldoras con un aforismo tremendote: “Constitución es lo que constituye, y lo que constituye es la sangre”; sea la que se derrama a torrentes en la guerra, o la que queda en las venas de los señores que legislan, inficionada por los odios, la sed de venganza y la vanidad.” Miguel Samper (1867) en “La miseria en Bogotá. Selección de escritos de Miguel Samper”.

2011-05-18T17:57:00.000-05:00

DE-LIBERACIÓN

(Mayo 16 de 2011)

Conflicto interno y corrupción semántica

(Publicado en razonpublica.com)

Poco a poco entra la luz en la caverna de la seguridad democrática: por haber negado el conflicto interno, el régimen uribista cayó en una espiral de corrupción criminal. Hasta los militares preferirían regirse por el Derecho Internacional Humanitario, en vez de ser instrumentos de una absurda cruzada contra el “terrorismo.

Hernando Llano Ángel*

Más que un juego de palabras

Una de las expresiones más graves y frecuentes de corrupción de la política es su degradación semántica. Esa vana pretensión de reducir la realidad a un juego de palabras. De ocultar los problemas reales bajo una frondosa retórica, que impide no sólo reconocer los orígenes de los conflictos y su evolución, sino sobre todo sus responsables históricos.

La más reciente expresión de esa tendencia es justamente la obstinación del expresidente Uribe en negar la existencia del conflicto armado interno en nuestro país, sobre el cual ha cabalgado exitosamente durante su ya larga carrera política, pese a la persistencia y degradación progresiva del mismo.

Las “Convivir”, el inicio

Desde la época en que fue gobernador de Antioquia (1995-1997), Uribe defendió y promovió en forma entusiasta las llamadas cooperativas de seguridad “Convivir” – eufemismo que ilustra bien la corrupción del lenguaje y la realidad política– y abogó por su dotación con armas de fuego de largo alcance, para enfrentar eficazmente a las guerrillas.

El legado de su mandato regional revela el “éxito” de dicha estrategia, alcanzado con el heroico concurso del general (r) Rito Alejo del Río, entonces comandante de la XVII Brigada en Urabá: en tres años, los grupos paramilitares asesinaron a 939 civiles, en un ascenso tenebroso que empezó con 143 en 1995, aumentó a 357 en 1996 y remató con 439 en 1997 .

Quizá por ello, en una nueva perversión del lenguaje, Uribe consagró a Rito Alejo del Río como “pacificador de Urabá”. Este militar y el general (r) Fernando Millán recibieron un fervoroso homenaje el 29 de abril de 1999 en el Hotel Tequendama, acto en el que Álvaro Uribe fue orador invitado, junto a Fernando Londoño Hoyos, oferente y orador principal.

El famoso “Manifiesto Democrático”

Pero es en su célebre, ya casi olvidado y extenso “Manifiesto Democrático” de 100 puntos en donde mejor se aprecia esa relación entre la sinuosidad maniquea del lenguaje uribista y la profunda corrupción de la política, como acontece en toda guerra, pues en ella se sacrifica la vida y se glorifica la muerte, sustituyendo las palabras por el odio y los acuerdos por la venganza.

 Allí encontramos algunos puntos tan reveladores como el 26, donde además de reconocer el conflicto, señala que al término de su mandato habrá una “Colombia sin guerrilla y sin paramilitares. La autoridad legítima del Estado protege a los ciudadanos y disuade a los violentos. Es la garantía de la seguridad ciudadana durante el conflicto y después de alcanzar la paz”.

 O el 31, donde propone una misión humanitaria de Naciones Unidas, porque “un conflicto de la magnitud del nuestro necesita de soluciones atípicas”.

 Sin embargo, dos puntos más adelante, para justificar la necesidad de un estatuto antiterrorista, consigna en el 33: “Cualquier acto de violencia por razones políticas o ideológicas es terrorismo. También es terrorismo la defensa violenta del orden estatal”, anunciando premonitoriamente uno de los resultados más ignominiosos de su propia política de “seguridad democrática”: los llamados “falsos positivos”.

 Y para completar dicho cuadro de fatal y sangrienta ambigüedad, que reconoce el conflicto y a su vez lo caracteriza como terrorista, en el punto 41 concluye: “Soy amigo del diálogo con los violentos, pero no para que crezcan, sino para hacer la paz. Pediré mediación internacional para buscar el diálogo con los grupos violentos, siempre que empiece con abandono del terrorismo y cese de hostilidades” (énfasis añadidos).

“Seguridad democrática” y falsos positivos

Al comparar dichos puntos –que como vimos reconocen el conflicto y anuncian su superación– con los logros obtenidos por Uribe durante sus ocho años de administración bélico-maniquea, el balance no es sólo deplorable, sino revelador del grado de descomposición alcanzado por la política de “seguridad democrática”.

No tanto por no haber logrado su principal objetivo: “Colombia sin guerrilla y sin paramilitares”, sino sobre todo por la violación sistemática de los derechos humanos en nombre de una supuesta “seguridad democrática”, que al día de hoy arroja 1.119 víctimas, según el último informe del Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP): “Falsos Positivos 2010: Clamor por la verdad y la justicia” .

Pero ya el mismo relator de las Naciones Unidas para la investigación de las ejecuciones extrajudiciales, Philip Alston, había advertido en su informe rendido en mayo de 2010 sobre la corrupción semántica del término falsos positivos: “brinda una especie de aura técnica para describir una práctica que se caracteriza mejor como un asesinato a sangre fría y premeditado de civiles inocentes, con fines de beneficio”.

Y concluía: “Mis investigaciones encontraron que miembros de las fuerzas de seguridad de Colombia perpetraron un número significativo de ejecuciones extrajudiciales en un patrón que se fue repitiendo a lo largo del país”, resaltando además que “la inmensa mayoría de los paramilitares responsables de violaciones de los derechos humanos fueron desmovilizados sin ser investigados y muchos se beneficiaron de amnistías… Hoy, el fracaso del proceso de rendición de cuentas es claro ante el dramático aumento de los asesinatos por parte de grupos armados ilegales, compuestos en su mayoría por antiguos paramilitares”.

Macabras estadísticas

Por su parte, un reciente informe de la Unidad Nacional de Fiscalías para la Justicia y la Paz precisó que los 173.873 homicidios documentados corresponden a un periodo que abarca desde su entrada en funciones (2005) hasta el pasado 1° de diciembre de 2010. La misma dependencia de la Fiscalía indicó que avanza en las diligencias de confesión de 51.616 hechos por parte de postulados, en casos con 65.747 víctimas relacionadas.

El informe también indica que las confesiones de los paramilitares desmovilizados han permitido hallar 3.037 fosas comunes, donde fueron encontrados 3.678 cadáveres, de los cuales 1.323 han sido identificados de manera plena. Las familias han recibido ya los restos de 1.207 de ellos, según la misma fuente, que indicó que otros 748 tienen identificación preliminar y que se tiene pendiente la entrega de 116.

Los casos documentados y las confesiones también han permitido establecer la presunta vinculación de 429 políticos, 381 miembros de las fuerzas de seguridad y 155 funcionarios civiles, además de otras 7.067 particulares, según el mismo informe .

Lo dice el propio Ejército

Estas macabras estadísticas permiten entender por qué el punto 41 del Manifiesto Democrático es la quintaesencia de la corrupción de la política, pues a la mentira del “abandono del terrorismo y cese de hostilidades” de los paramilitares, se suma el crimen impune de miles de colombianos, precisamente por la negación del conflicto armado interno y su conversión en una “guerra contra el terrorismo”.

Hoy los más interesados en salir de esta absurda situación son los propios militares, como bien lo ha expresado el comandante del Ejército, mayor general Alejandro Navas Ramos: “Es la única manera que tenemos de ir al ataque contra las FARC: bajo el marco del Derecho Internacional Humanitario” .

Razón tenía don Miguel de Unamuno cuando sentenció: “Es más fácil civilizar un militar, que desmilitarizar un civil.”

* Politólogo de la Universidad Javeriana de Bogotá. Profesor Asociado en la Javeriana de Cali. Socio de la Fundación Foro por Colombia, Capítulo Valle del Cauca y publica en el blog: calicantopinion.blogspot.com.

2011-04-30T23:55:00.000-05:00

DE-LIBERACIÓN

(Abril 30 de 2011)

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El ilusionismo constitucional

Hernando Llano Ángel.

Ya se están celebrando los 20 años de existencia de nuestra Constitución, en forma por demás precipitada y entusiasta, pues ella fue promulgada simbólicamente el 4 de julio, fecha en la cual seguramente el gobierno nacional conmemorará con bombos y platillos su vigésimo aniversario. Desde su misma promulgación la Carta del 91 ha tenido una existencia más simbólica que real. Como se recordará, los delegatarios estamparon solemnemente sus firmas sobre un cartapacio de hojas en blanco, ya que su texto no alcanzó a estar completamente digitado y rigurosamente revisado por problemas de orden técnico en los computadores que entonces contenían los artículos debatidos y aprobados. Semejante impostura de los delegatarios, imbuidos de gloria y orgullo patriótico, le da un cierto aire macondiano a la pomposa ceremonia de promulgación. Pero también puede interpretarse esa simbólica promulgación como una infausta premonición de la suerte con que ha corrido la Carta del 91.

Una joven ultrajada y desfigurada

En sus veinte años, la Constitución ha padecido más cirugías que una joven vanidosa de nuestros días y por tratar de complacer a tantos y poderosos pretendientes, ha terminado casi completamente desfigurada e irreconocible. Sin duda, las más grotescas cirugías y deformaciones las padeció bajo el acoso implacable de un sátiro, disfrazado de estadista, que portando un traje estrafalario que él mismo confeccionó y denominó “seguridad democrática”, abusó de ella en dos ocasiones y estuvo a punto de ultrajarla por una tercera ocasión, de no salir en su defensa la Corte Constitucional.

Las cicatrices de este periodo relucen hoy como una infamia (miles de “falsos positivos”, “chuzadas”, “Agro Ingreso Seguro”, falsas desmovilizaciones y Bacrim en auge…) así se haya condenado a dos de sus más torpes paramédicos reformadores: Yidis Medina y Teodolindo Avendaño, pero los cirujanos mayores y responsables del atroz “articulito” continúan ejerciendo en la impunidad. Pero se debe reconocer que gran parte de ese selecto grupo de Congresistas uribistas, que bien podríamos denominar paramédicos, pues contribuyeron a reformar el impúdico articulito de la Carta --así como un equipo de cirujanos remueve tejido adiposo a una joven menor de edad-- hoy se encuentran en la cárcel por sus criminales alianzas con los paramilitares. Tal ha sido el sino trágico de esta joven de 20 años, que desde su misma concepción fue producto de las estratagemas más violentas y criminales del narcoterrorismo bajo la dirección de Pablo Escobar, las cuales sólo cesaron transitoriamente al coronar en el artículo 35 de la Carta su máxima aspiración: “Se prohíbe la extradición de colombianos por nacimiento”.

En el principio, fue el crimen

Y no el verbo, pues lo que desató el proceso constituyente fue el magnicidio de Luis Carlos Galán, que dio origen a la mayor ilusión que toda una generación haya concebido en medio del repudio y su hastío contra la violencia: la célebre séptima papeleta. De alguna manera y en forma paradójica dicha papeleta logró el milagro de transubstanciar el crimen del narcotráfico en decisión política, gracias al ilusionismo constituyente de una voluntad ciudadana cautivada por el espejismo de la paz y una utópica democracia participativa, que veinte años después sabemos que están más lejanas que El Dorado.

De entonces para acá, la historia es cruel y bien conocida, en lugar de paz tenemos la mayor crisis humanitaria del continente, con un número de víctimas desarraigadas de su terruño que supera ya los 4 millones de compatriotas; en vez de reordenamiento territorial y descentralización, tenemos más de seis millones de hectáreas despojadas a campesinos por la acción conjunta del narcoparamilitarismo, los megaproyectos económicos y agroindustriales, sumados a la acción depredadora del narcotráfico y la guerrilla. Por todo lo anterior, más que ilusionismo constitucional es cinismo político proclamar que vivimos bajo un Estado social de derecho, pues la misma Corte Constitucional en su famosa sentencia T-025, que demanda al Gobierno Nacional la protección de los millones de desplazados, ha señalado que vivimos bajo un “estado de cosas inconstitucional”.

Ante este panorama, sería mejor recordar a los apologistas de esa joven de 20 años, tan ultrajada y violada, el lapidario y contundente artículo de la Asamblea Constituyente de la revolución francesa que advierte: “Una sociedad donde no existe la plena separación de las ramas del poder público y los derechos fundamentales de la población no están garantizados, no tiene Constitución”. Por ello, incluso podría afirmarse, pese a la nobleza y generosidad del articulado de la Carta del 91 y de los beneficios de la aplicación de la acción de tutela para cientos de miles de ciudadanos, que con ella se inicia una nueva fase de nuestra cruenta historia constitucional en virtud de la cual el crimen se politiza y hasta se constitucionaliza (artículo 35) y a su vez la política se criminaliza y también se constitucionaliza, como lo demuestra la famosa reelección presidencial inmediata hoy vigente. Todo ello, claro está, sin violar ni mancillar a esa cortejada joven de 20 años, que será objeto de muchas y hermosas celebraciones durante este 2011, así ella no esté muy feliz de seguir con vida y no pueda cantar que “veinte años no es nada”.

2011-03-28T09:09:00.000-05:00

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Marzo 27 de 2011

Por una Javeriana deliberante

Hernando Llano Ángel

Es inconcebible una universidad sin deliberación, pues no tendría ninguna razón de existir, en tanto el conocimiento siempre es una verdad en cuestión, provisional, sometida a la implacable prueba de su validez fáctica, vital y social, como al escrutinio incesante de la crítica liberadora de prejuicios y errores, la investigación rigurosa y la controversia académica y pública, ajena a censuras y vetos.

Con mayor razón la deliberación es consubstancial en una Universidad regentada por los jesuitas, que han convertido el discernimiento ignaciano en su fuente de inspiración pedagógica y de formación espiritual. Tanto deliberar como discernir tienen en común la apertura a la argumentación y la superación de todo dogmatismo, pues son actividades que no rinden culto a la verdad como un producto de intangible y de sacra infalibilidad, sino más bien como el resultado de parciales y limitados esfuerzos humanos por acertar en la explicación, comprensión, predicción y transformación de la realidad, siempre en busca del Magis, de lo mejor en todos los ámbitos de la existencia. Desde los ámbitos más profanos y seculares, como pueden ser las ciencias naturales, hasta los más metafísicos y espirituales, la filosofía y la teología, pasando por los demasiado humanos, contingentes e impredecibles, como las ciencias sociales. Afortunadamente todos ellos ya están presentes en diversas carreras en la Javeriana de Cali y se expresan en la realización de numerosos eventos, como dos que tendrán lugar la próxima semana en nuestro campus, los cuales reflejan cabalmente el sentido de la deliberación y el discernimiento.

El primero de ellos sobre el movimiento social y político más dinámico y telúrico de nuestra realidad política, asediado por actores violentos ilegales, paraestatales e institucionales, como es el movimiento indígena, que se encuentra en una encrucijada de carácter histórico. Por ello su título es muy sugerente: “El movimiento indígena colombiano: ¿Abandonando la doble vía de la integración y la resistencia?” y tendrá lugar en el Auditorio Central de la Universidad de dos a las cinco de la tarde, mañana lunes 28 de marzo de 2011. Contará con la participación de protagonistas y líderes de sus recientes gestas y contradicciones, como Gilberto Yafué, Consejero mayor del CRIC; Ana Silvia Secue y Rogelio Yonda, líderes de la OPIC y el Ex Senador Jesús Piñacué. El aporte académico e investigativo estará a cargo del profesor e investigador Juan Guillermo Ferro, de la Javeriana de Bogotá, y del profesor Carlos Andrés Ramírez por nuestra universidad, que presentará avances de su investigación sobre el movimiento indígena bajo las administraciones de Álvaro Uribe Vélez. Sin duda, será una jornada de intensa deliberación, sin veto alguno a ninguna voz, por disonante o impostora que ella parezca, pues sólo así se podrá avanzar en la superación política de las amenazas fatales que hoy se ciernen sobre los indígenas y el campo colombiano.

Dicho evento se realiza en el marco de la celebración de los 10 años de la Carrera de Ciencia Política y es convocado con el apoyo del Departamento de Ciencia Jurídica y Política, el Posgrado en Cultura de Paz y DIH y el recién fundado Centro de Estudios Interculturales.

El segundo evento es todavía más significativo del espíritu deliberante en la Javeriana, pues promueve un reflexión interdisciplinaria entre la medicina, la psicología y la teología, con el telón de fondo de la ética, bajo el llamativo título de: “Espiritualidad y conciencia, ¿Tienen cabida en la medicina actual?, convocado por la Junta Médica y el Centro de Investigación Científica Caucaseco, el próximo jueves 31 de marzo en el Auditorio Los Almendros de siete a nueve de la noche.

Estos eventos dan continuidad a una intensa programación de foros, actos literarios y académicos llevada a cabo durante este mes, entre los que destacan la presentación del libro “Antología de Notas Ligeras colombianas”, con la participación de sus editores: Maryluz Vallejo y Daniel Samper Pizano, que sirvió de pretexto para un justo homenaje al periodista vallecaucano Álvaro Bejarano. Por la universidad, fue muy acertada y amena la presentación del libro que realizó el profesor Jorge Manrique, así como la coordinación del evento por parte de la directora de la carrera de Comunicación, Mónica Marión Cataño, que permitió una amplia participación y deliberación de los estudiantes y docentes que tuvimos la fortuna de asistir.

Lamentablemente no aconteció lo mismo en el evento sobre “Comunicación, Política y Democracia” que tuvo como protagonista e invitado especial al actual embajador de Colombia ante la Santa Sede, el periodista César Mauricio Velásquez, Ex Secretario de prensa de la Presidencia de la República de Álvaro Uribe, en su segundo período. También participaron el profesor Luis Alejandro Arévalo, Director de la Carrera de Ciencia Política y Coordinador de la Especialización en Cultura de Paz y DIH, junto al profesor Víctor Hugo Valencia de la Carrera de Comunicación. Pero no hubo espacio para la participación y la deliberación de los asistentes porque el formato de formular preguntas escritas lo impidió, ya que el invitado eludió respuestas precisas a varias de las formuladas, como aquella relacionada con su insólita apreciación de que la revelación de cables de Wikileaks es una amenaza a la democracia y la diplomacia internacional. También ignoró en lo esencial las intervenciones de los profesores, que prepararon en forma crítica y académica sus puntos de vista sobre tan compleja trilogía, los cuales contrastaron con el recuento puramente formal y plagado de lugares comunes sobre la historia de la prensa en Colombia que realizó el embajador.

No deja de ser una amarga ironía que en un evento académico sobre “Comunicación, Política y Democracia” se haya optado por un formato que impidió escuchar las voces de los asistentes y por lo tanto también negó el sentido del mismo, pues no fue posible la comunicación, mucho menos la política para no hablar de la democracia. Pero sin proponérselo los convocantes, temerosos de eventuales ofensas al invitado que circularon por Internet el día anterior, el evento terminó siendo la mejor puesta en escena de su cuestionable gestión como Secretario de Prensa de Uribe (que no de la Presidencia de la República), donde no hubo comunicación, ni política, ni democracia, sino más bien desinformación, partes de guerra y delitocracia o cacocracia, como hoy se está revelando ante la opinión pública, no solamente por los cables de Wikileaks, sino incluso por boca de sus mismos protagonistas y funcionarios públicos.

Pero sin duda, el evento que mejor encarnó el espíritu de deliberación, investigación y crítica alternativa, rasgos inherentes a una auténtica universidad, fue la conferencia del profesor Bruce Beagly de la Universidad de Miami sobre “Relaciones Estados Unidos y Colombia. Política antinarcóticos. Balance y perspectivas”, invitado especial en el marco de la celebración de los 10 años de la Carrera de Ciencia Política, donde hubo suficiente tiempo y disposición para debatir su demoledora crítica al prohibicionismo y sus nulos efectos en la llamada “guerra contra el narcotráfico”.

También hay que celebrar y destacar como el espíritu de deliberación de la Javeriana se viene proyectando eficazmente en el contexto regional, con una serie de eventos realizados hasta la fecha sobre problemáticas políticas y sociales que ha promovido “Deliberaciones Universitarias”, bajo la dirección del Rector, padre Jorge Humberto Peláez Piedrahita S, J y la eficiente gerencia de Claudia Mora, que próximamente realizará una nueva jornada en Buga sobre el crucial tema de la Gobernabilidad y la crisis de liderazgo político en nuestro departamento. Mención especial merece el esfuerzo promovido desde la Vicerrectoría Académica y la oficina de Gestión Profesoral, bajo la coordinación de los profesores Santiago Lleras y Alfredo González, del espacio “Café Maestro”, que logra una síntesis extraordinaria del cine, la música, la tertulia y la pedagogía, en encuentros mensuales donde gozosa y lamentablemente, por ahora, coincidimos un grupo pequeño de colegas.

Tal espíritu deliberante también viene proyectándose desde hace más de dos años al interior del Departamento de Ciencia Jurídica y Política en su “Seminario Permanente de investigación”, donde sus docentes cada mes presentan el avance o los resultados de sus investigaciones. Este jueves 31 lo hará el profesor Néstor Raúl Arturo con una ponencia sobre “La Justicia entre acusaciones y justificaciones. La justicia restaurativa en ambientes carcelarios”. Y para continuar emulando y extendiendo dicho espíritu en toda la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, ahora se suma el Conversatorio de profesores de Humanidades “Me pica la lengua”, promovido por su director, Manuel Sevilla y la profesor Sua Dabeida Baquero, que ya tiene una programación desde marzo 30 hasta junio 22, empezando esta semana la profesora Luz Adriana López con “La poética del personaje trágico”, tesis laureada en la Maestría de Filosofía en la Universidad del Valle, recientemente culminada.

Como un paso más para la ampliación de la deliberación en todos los ámbitos de la Javeriana, un grupo de profesores del Departamento de Ciencia Jurídica y Política, próximamente vamos a convocar cada mes a toda la comunidad universitaria a un espacio amplio, plural e informal sobre problemáticas coyunturales de orden internacional y nacional que a todos nos conmueven e interesan, bajo el nombre de “Hablemos de Coyuntura”, que esperamos cuente con amplia acogida. Será un espacio para la deliberación, sin la trascendencia y la formalidad de un seminario de investigación, pero sin la frivolidad y la banalidad de una charla de cafetería, donde los interesados podrán tomar la palabra y exponer en forma argumentada lo que piensan sobre la problemática seleccionada. La primera sesión será el próximo mes de abril y tratará sobre ¿Qué esta pasando en el norte de África?

2011-03-04T14:45:00.002-05:00

DE-LIBERACIÓN

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Marzo 3 de 2011

SERRAT EN CALI

Hernando Llano Ángel.

Regresa con tres verdades: Vida, Libertad y Dignidad. Ellas forjaron la identidad de Miguel Hernández como hombre, poeta y combatiente, hace ya más de cien años. Y de nuevo tendremos la fortuna de escucharlas en la voz vibrante de Serrat, la próxima semana en el teatro Jorge Isaacs, cuando nos presente su último trabajo: “Hijo de la luz y de la sombra”, a propósito del centenario del natalicio del poeta de Orihuela., celebrado el año pasado.

Después de 38 años de haber grabado algunos de los poemas inmortales de Hernández, como Nanas de la Cebolla, Para la libertad y Elegía, con una voz fresca y lírica inolvidable, acompañada de una música con tonalidades íntimas y épicas en plena armonía con dichos versos, ahora Serrat nos maravilla con otros 13 poemas de Hernández donde le canta a su figura de poeta total y vital.

En “Hijo de la luz y de la sombra” nada se escapa a la sensibilidad y lucidez de Serrat. Desde la pasión amorosa del esposo encarcelado y desconsolado que encuentra alivio en las cartas que recibe de su amada: “Tus cartas apaciento metido en un rincón y por redil y hierba les doy mi corazón”, hasta la angustia del combatiente que acepta como inevitable el destino fatal de la guerra: “Escríbeme a la lucha, siénteme en la trinchera: aquí con el fusil tu nombre evoco y fijo, y defiendo tu vientre de pobre que me espera, y defiendo tu hijo. Es preciso matar para seguir viviendo”.

Si bien este trabajo poético musical de Serrat aparece 38 años después, no es una segunda parte de la obra de Hernández, sino más bien expresión de su profunda y rica unidad. Como en el primero, encontramos de nuevo la voz íntima y amorosa de Hernández junto a la épica y combativa, en poemas y canciones apasionadamente cósmicas, como la que da nombre al disco: “Hijo de la luz y de la sombra”, donde la voz de Serrat se escucha firme y con alegre vitalidad: “Con el amor a cuestas, dormidos y despiertos, seguiremos besándonos en el hijo profundo. Besándonos tú y yo se besan nuestros muertos, se besan los primeros pobladores del mundo. Eres la noche esposa. Yo soy el mediodía”.

Pero también escuchamos la desoladora denuncia contra “El hambre: “Tened presente el hambre. Por hambre vuelve el hombre sobre los laberintos donde la vida habita siniestramente sola. Reaparece la fiera. Recobra sus instintos, sus patas erizadas, sus rencores, su cola…Entonces solo sabe del mal, del exterminio. Inventa gases, lanza motivos destructores, regresa a la pezuña, retrocede al dominio del colmillo, y avanza sobre los comedores.”

En las canciones escuchamos todos los registros de la sensibilidad y la genialidad creadora e intuitiva de Hernández, reflejados en un poema como “El mundo de los demás”, que contiene la quintaesencia de la moderna fenomenología: “El mundo es como aparece ante mis cinco sentidos, y ante los tuyos que son las orillas de los míos. El mundo de los demás, no es el nuestro: No es lo mismo… Pero las cosas se forman con nuestros propios delirios. Ciegos para los demás, oscuros, siempre remisos, miramos siempre hacia adentro, vemos desde lo más íntimo…Nadie me verá del todo. Ni es nadie como lo miro. Somos algo más que vemos, algo menos que inquirimos…Nadie nos ha visto. A nadie ciegos de ver, hemos visto”.

También están presentes los poemas telúricos y trascendentales, aquellos que celebran la unión pagana y mística del espíritu con el placer y de la vida con la muerte, en una trilogía formada por las canciones: “La palmera levantina”, “Cerca del agua” y “Dale que Dale”. En ésta última, la armonía y la melodía entre el poema y la voz de Serrat van in crescendo, con acompañamiento del coro, desde lo más modesto y terrenal: “Dale al aspa, molino, hasta nevar el trigo. Dale a la piedra, agua, hasta ponerla mansa” y culmina en una eclosión de alegría personal y sublime: “Dale, Dios, a mi alma, hasta perfeccionarla”, cuyas notas quedan resonando en los pliegues de cada uno como un himno pagano y a la vez celestial. Pero en medio de tanta gravedad, también crece la gracia de “La Palmera levantina”: “La que atrapa la primera ráfaga de primavera. La primera golondrina. La que araña a los luceros y se ciñe los encajes de las nubes a los Zancos datileros”. Para cerrar este ciclo con un canto a la sensualidad y la vitalidad del agua marina, aparece como un susurro “Cerca del agua: te quiero llevar, porque tu arrullo trascienda del mar. Cerca del agua te quiero tener, porque te aliente su vívido ser. Cerca del agua te quiero sentir, porque la espuma te enseñe a reír. Cerca del agua te quiero, mujer, ver, abarcar, fecundar, conocer. Cerca del agua perdida del mar, que no se puede perder ni encontrar”, como en el amor suele suceder.

Y no podían faltar los poemas combativos, que afirman la vida y la libertad sin odio y mucho menos venganza, porque en ellos está en juego la dignidad de la propia humanidad. Como en la canción que abre el disco: “Uno de aquellos”, un himno a la solidaridad internacional con los republicanos contra la criminal codicia de los nacionalistas durante la guerra civil española: “Si hay hombres que contienen un alma sin fronteras, tu eres uno de aquellos. Las patrias te llamaron con todas sus banderas, que tu aliento llenara de movimientos bellos. Quisiste apaciguar la sed de las panteras, y flameaste henchido contra sus atropellos”. Pero donde más fuerte y digna resuena la voz vibrante de Serrat es en la trilogía formada por “La canción del esposo soldado”, “El hambre” y “Si me matan, bueno”: “Ante la vida sereno y ante la muerte, mayor; si me matan bueno: si vivo, mejor… Aquí estoy vivo y moreno de mi especie defensor…Traidores me echan veneno y yo les echo valor…El corazón traigo lleno de un alegre resplandor”.

Sólo nos queda disponernos la próxima semana al goce estético, musical, ético y nostálgico de escuchar y ver a Serrat con su insustituible banda de amigos, en el teatro Jorge Isaacs, sin olvidar estas palabras cuando presentó su primer LP con poemas de Miguel Hernández en México, hace 38 años y entonces casi no teníamos pasado:

“Quisiera que los que escuchen estas canciones recuerden que su autor fue un poeta perseguido, condenado y encarcelado. Un hombre que murió en prisión por el delito de pensar y escribir cosas como las que aquí pueden oír. Fue un pastor de cabras, fue una persona comprometida con su gente y con su tiempo. Un hombre sencillo y sensible que amaba la libertad y decía: “Soy como el árbol talado que retoño y aún tengo la vida”…, y se la quitaron. Que el destino mantenga fresca la memoria y nos libre de aquellos que asesinan a los poetas y a la poesía”.

2011-02-14T18:22:00.001-05:00

DE-LIBERACIÓN

(Febrero 13 de 2011)

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Hannah Arendt en Egipto

Hernando Llano Ángel.

La forma vertiginosa como la rebelión ciudadana está cambiando la historia en África del norte, demostrando que sátrapas como Ben Ali, en Túnez, y Mubarak, en Egipto, no son más que “tigres de papel” parapetados tras descomunales e impotentes máquinas de violencia, vuelve a traer a la primera página del debate político la obra de Hannah Arendt, especialmente su célebre ensayo “Sobre la violencia”. Como se recordará, dicho ensayo lo escribió en otra coyuntura mítica, el famoso “mayo del 68”, cuando cientos de miles de estudiantes en Europa –con epicentro en Francia- pero también en Estados Unidos se levantaron con “la imaginación al poder” contra regímenes que, prevalidos de una impecable formalidad democrática, imponían en forma autocrática y violenta sus políticas en el ámbito educativo (Francia, con De Gaulle) y en el contexto internacional (Estados Unidos y su inicua guerra contra el pueblo de Vietnam).

Poder, mucho más que Violencia.

Entonces Arendt se propuso analizar el papel de la violencia en los asuntos políticos, aquellos asuntos que dependen de todos y todas, no de la voluntad y los intereses de unos pocos -como la paz y la guerra, el agua y el aire, pero en especial la justicia y la legitimidad de quienes gobiernan y la dignidad de quienes somos gobernados, nuestro pan y libertad- y ajustó cuentas magistralmente con quienes desde la derecha y la izquierda confunden el poder político con las instituciones en donde éste se representa y encarna, pero en especial contra aquellos que sin comprender a Weber y Marx asimilan el poder con la violencia. Entonces repiten en forma irresponsable y fatal que “el Estado es el monopolio legítimo de la violencia” y que “la violencia es la partera de la historia”, como si en ese par de consignas lapidarias se agotara toda la sabiduría política de Occidente. Desconocen así que quienes pretenden “tomarse el poder” suelen morir ahogados en su propia sangre y que quienes se aferran a él y lo defienden con violencia, desde el Estado, terminan siendo condenados a la ignominia y el escarnio público.

Ejemplos abundan en nuestro pasado reciente y en la actualidad, tanto en el bando de quienes matan y secuestran en nombre de la justicia social como de quienes lo hacen con las coartadas de la seguridad y la democracia. Lección que todavía no parece aprender el Uribismo y menos el Procurador General de la Nación, Alejandro Ordoñez, empeñado en defender a quienes mancillaron el honor militar en la violenta retoma del Palacio de Justicia y en condenar a quienes murieron como protagonistas del desvarío de una revancha homicida, sin otro horizonte que el sacrificio de la Justicia y los derechos humanos, que cruelmente reclamaban para su causa, como sucedió con el grupo de guerrilleros del M-19 que a sangre y fuego se tomó el Palacio.

Lo que Túnez y Egipto han demostrado con creces –al igual que la caída del muro de Berlín y la desintegración de la URSS a partir de 1989- es que la violencia del Estado con sus descomunales ejércitos y cuerpos de Policía se torna impotente e inocua cuando carece de legitimidad y sus ciudadanos les quitan todo su apoyo y respaldo. En palabras de H. Arendt: “Es el apoyo del pueblo el que presta poder a las instituciones de un país y este apoyo no es nada más que la prolongación del asentimiento que, para empezar, determinó la existencia de las leyes… Todas las instituciones políticas son manifestaciones y materializaciones del poder; se petrifican y decaen tan pronto como el poder vivo del pueblo deja de apoyarlas”.

El poder es público, de todos y todas

Túnez y Egipto lo demuestran en forma elocuente. Allí, el “poder vivo del pueblo” les quitó a Ben Alí y a Mubarak todo su respaldo y se derrumbaron, porque sus principales instrumentos de violencia, Ejército y Policía no los obedecieron. De nuevo Arendt: “Donde las órdenes no son ya obedecidas, los medios de violencia ya no tienen ninguna utilidad; y la cuestión de esta obediencia no es decidida por la relación mando-obediencia sino por la opinión y, desde luego, por el número de quienes la comparten. Todo depende del poder que haya tras la violencia.” Por eso no existe poder más valioso y preciado, incluso eficaz, que el simbólico de la credibilidad y la legitimidad, expresado en la hegemonía de una doctrina y una cosmovisión de la vida, como lo es hoy ese poder críptico y casi mítico de la democracia. En efecto, la opinión y acción mayoritaria de tunecinos y egipcios, así como la de los integrantes de sus respectivos Ejércitos, no toleró y menos consintió que Ben Alí y Mubarak, junto a sus más cercanos cómplices, continuaran en sus cargos institucionales -no en el poder, como no se cansa de advertirlo Arendt, puesto que “el poder nunca es propiedad de un individuo; pertenece a un grupo y sigue existiendo mientras el grupo permanezca unido”. De allí la resistencia de los cairotas a no abandonar la plaza Tharir, que significa Liberación, hasta expulsar a Mubarak de la Presidencia.

¿De la rebelión ciudadana a la revolución democrática?

Ahora que lo han logrado y están abandonado la plaza, su poder está disperso y se halla en una especie de limbo, pues para expresarse y tomar forma institucional en un nuevo Estado, depende en gran parte de que el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas, que se ha comprometido a convocar unas elecciones libres y justas, cumpla con dicha promesa. Podría decirse que ha triunfado la rebelión ciudadana, pero que no está asegurado el triunfo de la revolución democrática, entendida como el ejercicio de una libertad política que además de asegurar la autodeterminación del pueblo egipcio, permita el disenso de sus minorías y la competencia legal por el ejercicio del poder político institucional. Tal transición hacia la democracia es demasiado incierta, pues el pueblo egipcio está bajo la tutela de un poder militar que tiene demasiados intereses en el mercado (“controla entre el 33% y 45% de la economía nacional” ) y compromisos internacionales, que ha prometido cumplir.

Sin duda, se inicia una fase de transición política tan incierta como interesante, donde todo va a depender de la competencia y habilidad de quienes se reclaman portadores de los sueños, las frustraciones y las expectativas de millones de egipcios que, como ya lo han demostrado, han alcanzado la mayoría de edad para autogobernarse sin la tutela de los militares y mucho menos de poderes imperiales que, como el norteamericano, es más experto en sostener y promover autócratas y cleptócratas, que en propiciar el surgimiento y la consolidación de auténticas democracias. Por eso lo que está en juego en Egipto es nada menos que la instauración de un Estado democrático moderno, capaz de superar la hegemonía del mercado y los intereses corporativos del complejo industrial militar egipcio-norteamericano, pero también el riesgo abismal de la instauración de nuevas hegemonías nacionalistas más o menos religiosas, que impidan el pluralismo y la secularización de su vida política y social, arrastrando así a todo el Medio Oriente a una vorágine de guerra y destrucción apocalíptica. Ojalá sea un despertar democrático y no la pesadilla de una nueva hegemonía islámica, sólo para los “hermanos musulmanes”, que hasta ahora han demostrado más espíritu de conciliación y construcción democrática que aquellos que ya proscriben su participación el las futuras elecciones, como la Presidenta del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes, Ileana Ros-Lehtinen, del opositor partido Republicano norteamericano, que desde ya propugna por su exclusión. Obviamente con demócratas así, que desde el exterior pretenden imponer su hegemónica e imperial “democracia”, difícilmente asistiremos a una transición democrática en Egipto.

2011-01-31T18:21:00.000-05:00

DE-LIBERACIÓN

(Enero 31 de 2011)

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COYUNTURA “REBELADORA”

Hernando Llano Ángel.

Estamos presenciando en el norte de África momentos de revelación y rebeldía ciudadana que, con licencia ortográfica, merecen el titular de Coyuntura “Rebeladora”. Una coyuntura “rebeladora” de dimensión histórica, puesto que en Túnez y Egipto la vida ya no volverá a ser la misma y con toda seguridad sus regímenes políticos mañana serán otros, inspirados por vientos populares y libertarios que barren el hermetismo, el lujo, la arbitrariedad y la criminalidad de los sátrapas que hasta hoy han gobernado impunemente. Pero sobre todo es una coyuntura “rebeladora”, porque en cada esquina y calle de Túnez y Egipto la rebeldía se revela incontenible y nos recuerda que nada ni nadie puede contener la indignación de un pueblo. Que la violencia de los sátrapas y su corte de privilegiados resulta impotente contra el poder de los desesperados, tanto más insobornable e incontenible cuando se expresa en forma espontánea y caótica, como un torrente de vida que no teme a nada, ni siquiera a la misma muerte. No por casualidad la chispa que desató semejante incendió fue el cuerpo inmolado del joven tunecino, Mohamed Bouzizi, que optó por incinerarse antes de continuar viviendo sin el fuego interior de la libertad y la dignidad que le eran negadas.

Revelaciones históricas

La coyuntura revela que un pueblo se rebela, cuando además del pan, se le ha usurpado su libertad por varias generaciones. Es también lo que está sucediendo en Egipto, donde Hosni Mubarak lleva cerca de 30 años como sátrapa “electo”, en gran parte consentido por los Estados Unidos y la misma Unión Europea por ser funcional a sus intereses y conservar el equilibrio geoestratégico en el medio oriente. Pero ahora esa realpolitik cínica y criminal, ciega y sorda a la violación consuetudinaria de los derechos humanos del pueblo egipcio, revela la impotencia de toda política divorciada de la ética, sin sustento y apoyo popular. Por eso Hillary Clinton apela con urgencia más a la sensatez del pueblo egipcio, que a la cordura de Mubarak, ya casi abandonado a su propia suerte. Se busca así una transición que aborte el principio de una revolución popular incierta, para lo cual probablemente el hombre providencial sea Mohamed El Baradei, premio Nobel de paz y ex director de la Agencia Internacional de Energía Atómica, en sustituto de Mubarak. Tal transición podrá hacerse aparecer como democrática, convocando unas elecciones sin Mubarak, pero asegurándose al mismo tiempo que no haya riesgo o sorpresa alguna de un ganador diferente a El Baradei. Así la cosas, el bálsamo de las elecciones poco a poco adormecerá la rebeldía de quienes, por no haber ejercido nunca su poder en forma pública y organizada, creerán ilusamente que han conquistado la democracia, como nos viene sucediendo en Colombia desde el famoso plebiscito de 1957, cuando la mayoría enajenó su voluntad en expertos usurpadores de la confianza y las ilusiones ciudadanas.

Revelaciones sin rebeldía

Desde entonces una especie de cleptocracia de lo público nos gobierna en Colombia con destreza. Cada cuatro años renueva la fórmula que le permite gobernar (robar) con la coartada de la democracia, aunque siempre la abstención sea la ganadora. Ayer la fórmula mágica era la “seguridad democrática”, hoy es la “prosperidad democrática”. Y son fórmulas tan exitosas, que poco importa que la realidad demuestre todo lo contrario, como nos sucede hoy con la “seguridad democrática”, cuando el mejor policía del mundo, el mismísimo general Oscar Naranjo, Comandante de la Policía Nacional, nos advierte que las eufemísticamente llamadas “Bandas Criminales” son la mayor amenaza para nuestra convivencia y seguridad.

Dichas bandas están presentes “en 27 de los 32 departamentos del país, operan a sus anchas y traban alianzas con la guerrilla bajo una sola causa: el narcotráfico”. Un alto oficial de la policía calcula que dichas bandas “lograron reclutar un ejército de cerca de 8.000 hombres, el mismo número de integrantes que tienen las Farc, y eso que la guerrilla va a ajustar casi medio siglo de existencia” .

Democracia mítica y mitómana

Para acabar de reforzar el mito de nuestra democracia, incluso un experto investigador del fenómeno de los “señores de la guerra”, el profesor Gustavo Duncan, de la Universidad de los Andes, en reciente artículo publicado en El Tiempo bajo el sugerente título de “Los mitos urbanos de la parapolítica” , después de demostrar objetivamente que toda la gobernabilidad de la “seguridad democrática” uribista estuvo sustentada en alianzas explícitas o implícitas de sus correligionarios en el Congreso y algunos mandatarios regionales y locales con las bandas paramilitares, concluye en forma surrealista y mitómana que: “Paradójicamente Colombia es un estado fuerte. La crisis de seguridad de los últimos 30 años no ha puesto en riesgo la existencia de las instituciones democráticas”. Lastima que a estudiantes de biología de su universidad, como Mateo Matamala y Margarita Gómez, dicho Estado e instituciones democráticas no les haya garantizado su vida. ¿Tendrá sentido hablar en Colombia de un “estado fuerte y de instituciones democráticas” con el mayor número de desplazados del continente, con el más alto índice de desapariciones forzosas, de “falsos positivos” y de impunidad? ¿Merecerá el nombre de “seguridad democrática” una política que produce semejante resultados? Son preguntas que al menos deberían concitar nuestra indignación y rebeldía ciudadana, como sucede en Túnez y Egipto, pero probablemente ello no sucede porque vivimos en la “más estable y profunda democracia de América Latina”, como lo pregona el ex presidente Álvaro Uribe en todos los foros internacionales donde interviene y en sus actuales “talleres democráticos”, rodeado de cleptócratas de la talla de Andrés Felipe Arias e inteligencias superiores como las de Alfredo Rangel y José Obdulio Gaviria. Por eso es que tiene tanto sentido que llegue pronto el juez Baltazar Garzón, para que asesore al gobierno actual en materia de derechos humanos y crisis humanitaria, y podamos así empezar a conocer lo que significa y es en la realidad un Estado de derecho, sin el cual jamás podrá existir democracia alguna en nuestra sufrida Colombia.

2011-01-11T11:22:00.000-05:00

DE-LIBERACIÓN

(Enero 4 de 2011)

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WIKILEAKS: REVELA, DEVELA Y DESVELA EL ARCANO IMPERIO

Hernando Llano Ángel.

Sin duda, WikiLeaks no sólo fue el acontecimiento político-mediático del 2010, sino de toda la década, pues se convirtió en el caballo de Troya del arcano imperio al revelar y develar cientos de miles de cables de las embajadas norteamericanas enviados a su Departamento de Estado. Por eso mismo desveló no sólo a Hillary Clinton, sino a todos los protagonistas de la política internacional, pues nos reveló sus prejuicios, intereses y más íntimas preocupaciones, como insumos esenciales en la toma de decisiones imperiales.

Se ha querido minimizar y hasta ridiculizar a Julian Assange y la misma labor de WikiLeaks, señalando que los cables publicados por los principales periódicos del mundo no informaron nada nuevo y que todo ya era materia conocida, como sucede en nuestro caso con los reportes sobre los mal llamados “falsos positivos” y las “chuzadas del DAS”. Pero es exactamente lo contrario, ya que los cables de la embajada norteamericana reportan que en ambos casos las responsabilidades son de orden político, pues respondían a directrices y políticas que tuvieron origen en la misma Casa de Nariño y en los asesores más cercanos a Uribe, como Bernardo Moreno Villegas y José Obdulio Gaviria.

Cables positivos

En el caso de los “falsos positivos”, es el mismo general Oscar Suárez, encargado de la investigación de los jóvenes de Soacha asesinados y reportados luego como presuntos guerrilleros, quien señaló que “el problema de las ejecuciones extrajudiciales estaba extendido y crearon la falsa ilusión de éxito”, así como “observó que el presidente Uribe continúa viendo los éxitos militares en términos de muertos”. Sin olvidar que el pago de recompensas a informantes civiles por bajas de guerrilleros y otros incentivos, como días de descanso al personal militar, tuvieron origen en la Directiva 029 del Ministerio de Defensa, en desarrollo y aplicación rigurosa de la política de “Seguridad democrática”, producto de la “inteligencia superior” de Uribe. Incluso un cable reporta la preocupación del entonces vicepresidente Francisco Santos “porque el presidente Uribe no había entendido por completo la profundidad de la crisis provocada por el escándalo de las “chuzadas del DAS y le pidió al embajador norteamericano que le hiciera ver la gravedad de la situación personalmente”.

Para completar el cuadro de verdades develadas y confirmadas oficialmente desde la cúspide de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional, aparecen respectivamente los insólitos reportes del general Freddy Padilla informándole al embajador que “mantenía el compromiso de sacar a los militares involucrados en violaciones a los derechos humanos y le pregunta si su gobierno (el norteamericano) podría ayudar a identificar a esos individuos”, por su parte el general Oscar Naranjo no sólo le dijo al embajador que “creía que Bernardo Moreno y José Obdulio Gaviria habían ordenado los seguimientos ilegales del DAS”, sino que además le alertaba que “el ministro de defensa, Gabriel Silva y el comandante Freddy Padilla no se hablaban y que el Ejército estaba a la deriva”, por lo cual “urge a Estados Unidos a poner atención a la disfuncionalidad del Ministerio de Defensa”.

Se podría concluir que todo lo anterior no aporta nada nuevo a la realidad, públicamente reconocida, de la dependencia y la sumisión creciente del Estado colombiano a la tutela del norteamericano. Sin embargo, antes de los cables dicha versión no era más que una fantasía de la oposición o calumnias trasnochadas de los “mamertos”, cuando no un juego que algunos idiotas útiles hacían al terrorismo al insistir que los “falsos positivos” y las “chuzadas” tenían su origen en la Casa de Nariño. Ahora que es develado todo lo anterior por sus mismos protagonistas, entonces se minimiza en forma cínica la importancia de las revelaciones de WikiLeaks. Dicha actitud, propia de la mayoría de los medios masivos de comunicación en nuestra sociedad, no sólo revela su complacencia y en ocasiones connivencia con la criminalidad oficial, que sólo se atreven a denunciar extemporáneamente y cuando ya está fuera de las esferas del poder institucional, sino algo mucho más grave como es su impostura e incompetencia periodística frente a temas vitales de interés publico, que hoy devela y desvela el nuevo periodismo de WikiLeaks, reconfirmando así dos grandes y graves verdades.

Verdades Públicas

La primera, que en los llamados modernos y avanzados Estados democráticos, en todas las latitudes, quien gobierna es el arcano imperio, con sus decisiones secretas y ajenas a la voluntad de los ciudadanos, pero tomadas en despachos públicos y presentadas como legítimas en nuestro nombre y como supuesta garantía de nuestras vidas y seguridad. En otras palabras, que unos pocos, ocultos a los ojos y el juicio público, deciden la suerte de todos y usurpan así en nuestro nombre el poder público que nos pertenece. Lo que desafía WikiLeaks es el poder anónimo de esos encubiertos burócratas y reivindica nuestro nombre y poder de ciudadanos comunes y visibles, que padecemos las decisiones de ese poder arcano, casi totalmente intocable e inefable, antes de las famosas filtraciones.

Y la segunda, que internet, surgido en las mismas entrañas del complejo industrial militar, es hoy su caballo de Troya, cuya presencia y amenaza permanente no podrá eludir, por más procesos y condenas que profiera contra sus transitorios guerreros y ocupantes, como Julian Assange, procesado por penetrar en Suecia, sin la debida protección pero con el consentimiento tácito de dos ciudadanas, sus espacios y tejidos más íntimos y personales. Irónicamente, se busca la condena de Assange por supuestos ilícitos menores que afectan a dos jóvenes mujeres, mientras los crímenes mayores e irreversibles cometidos por Jefes de Estado, como George W Bush y sus colegas en otras naciones, que cobran cientos de miles de vidas y víctimas, no sólo permanecen en la impunidad, sino que son objeto de admiración y de libros que se convierten en best Sellers mundiales. Paradoja de nuestro tiempo: se sacraliza lo íntimo y se depreda lo público. Tal fenómeno explicaría también la saga exitosa de libros escritos por secuestrados, con la exposición de su dolor personal e íntimo, mientras se condena al olvido a las víctimas de crímenes aún más atroces como la desaparición forzada, que es la máxima expresión de anulación de la vida en el espacio público, para no mencionar a los desplazados que apenas sobreviven expuestos en la misma vía pública, casi sin ser vistos por el poder ejecutivo, de no ser por la insistencia de la Corte Constitucional en el respeto y la vigencia de sus derechos humanos y ciudadanos.

2010-11-22T09:34:00.000-05:00

DE-LIBERACIÓN

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COLOMBIA ANEGADA

¡Vive Colombia, Navega por ella!

(Noviembre 21 de 2010)

Hernando Llano Ángel.

La nave de “Colombia” está anegada y naufraga en medio de un sedimento de escándalos acumulados por el gobierno de la “seguridad democrática”, bajo la heroica y acertada conducción del “libertador” Uribe, ubérrimo en complicidades y tramas delictivas. En apenas 100 días de transparencia y “prosperidad democrática”, las compuertas de complicidad que contenían esta avalancha de corrupción y crimen se rompieron y la Nación quedó inundada. Colombia hace agua. Las fétidas e incontenibles aguas de los negociados y de innumerables ilícitos arrasan con todo, como los arroyos en Barranquilla. Colombia se ahoga en las profundidades del éxito fraguado por Uribe con su ejemplar gabinete y la inteligencia obtusa de sus asesores. Incluso ya ha comenzado la fuga de algunas inteligencias menores, gracias a las esclusas y canales de complicidad abiertos por el presidente Martinelli de Panamá que, honrando la amistad con Uribe, concedió asilo de impunidad a la ex directora del DAS, María del Pilar Hurtado.

Una verdad profunda

De nuevo, la verdad se va al fondo y sólo con buzos y equipos especializados de salvamento judicial podremos conocer algún día el entramado criminal dirigido desde la Casa de Nariño para ocultar y minimizar su fórmula de gobernabilidad, basada en la simbiosis de la política con el crimen del paramilitarismo, que se empezó a concertar desde la ley 975 y la frustrada conversión de criminales de lesa humanidad en delincuentes políticos, bajo la tipificación de un imposible delito de sedición. Todo ello terroríficamente adornado con el telón de fondo de las acciones criminales de las FARC, que aportaron así la dosis de miedo requerida por Uribe para legitimar su maniqueísta “seguridad democrática”, según la cual quien no la respaldara se convertía auxiliar del terrorismo, como incluso tildó a los magistrados de las altas Cortes.

Esa es la verdad profunda que apenas está saliendo a flote. Allí se encuentra el origen del famoso choque de trenes entre el Ejecutivo y la rama Judicial, que no es otro que la fracasada estrategia uribista y sus mayorías en el Congreso de politizar el crimen contrainsurgente del paramilitarismo, fijando penas benignas a sus comandantes de entre 5 y 8 años. Estrategia que fue frustrada por fallos en derecho de la Corte Constitucional y la sala penal de la Corte Suprema de Justicia. Por eso da la impresión de que la justicia se hubiese politizado, cuando sucedió exactamente lo contrario: el crimen se politizó y por consiguiente la política se criminalizó y se reveló como parapolítica. Por eso la Casa de Nariño acogió amable y subrepticiamente a protagonistas del bajo mundo del crimen, como Job, para urdir tramas contra la Justicia. Por eso el mismo presidente Uribe ordenó a sus copartidarios votar rápidamente sus proyectos, antes de que fueran trasladados del Parlamento a la Picota. Por eso hundió la llamada silla vacía, para que la curul del congresista sub judice continuara ocupada por otro testaferro del crimen y no perder así su “gobernabilidad” parapolítica, todo ello en nombre de la sacrosanta “seguridad democrática”. De allí que la rama judicial, los políticos no cooptados y atrapados por esa red de complicidades y los periodistas independientes se convirtieran en el objetivo del DAS, pues había que impedir a toda costa que se conociera la verdad. Por eso es oportuno preguntarse ¿Todavía no te DAS cuenta que esa es la realidad? La verdad profunda de una gobernabilidad criminal camuflada bajo una fórmula libre de toda sospecha como la “seguridad democrática”.

El milagro de Santos

Ahora le corresponde a Santos hacer un milagro y desempeñarse como un insuperable cirujano estético para ocultar los estragos del paso del Tiempo, que termina por revelarlo todo, como las ejecuciones extrajudiciales, mal llamados “falsos positivos”, que siguen saliendo a flote, y el más reciente escándalo de Fondelibertad, cuando se desempeñaba como exitoso ministro de defensa uribista. Quizá por ello ahora recurre a una fórmula de gobernabilidad aún más falsa y mentirosa que la de su antecesor, como es la “Prosperidad democrática” y está promoviendo por todo el país “Acuerdos de prosperidad”, en lugar de impedir que las aguas de la profunda desigualdad económica y social continúen ahogando cotidianamente a más de 20 millones de compatriotas.

Porque no es el invierno la causa de nuestras mayores calamidades, sino la conversión de la política en una actividad paralela al crimen, vale decir paracriminal, la que nos tiene anegados en sangre y vergüenza desde hace más de 60 años. Y la única forma de superar semejante diluvio de ignominia es recurriendo a la conciencia y la decencia de la ciudadanía para que en las próximas elecciones condene al ostracismo de la derrota a todos aquellos que han convertido a Colombia en una mortífera laguna donde navegan impune y orgullosamente piratas disfrazados de políticos, que han hecho del crimen y el odio sus divisas y banderas para gobernar, bajo lemas tan atractivos como la seguridad y la prosperidad democráticas. Por eso hoy se celebra más la muerte que la vida y los partes oficiales exhiben con orgullo el listado de las bajas, así como las FARC secuestran la libertad en nombre de una supuesta revolución, reclutan la inocencia y asesinan a los campesinos, indígenas y lideres que defienden la autonomía de sus territorios y la dignidad de sus vidas.

2010-10-31T17:03:00.000-05:00

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(Octubre 31 de 2010)

El prohibicionismo: Una política criminal.

(http://calicantopinion.blogspot.com)

Hernando Llano Ángel.

A dos días de celebrarse el referéndum en California sobre la llamada proposición 19, donde la ciudadanía tendrá la oportunidad de decidir si se avanza hacia un reconocimiento y tratamiento legal, vale decir responsablemente racional de la producción, distribución y consumo de la marihuana, no está de más repetir que el prohibicionismo es una política auténticamente criminal, antiliberal y antidemocrática. Una política criminal, pues ella en lugar de contener y desestimular el auge de las bandas de narcotraficantes y sus secuelas de inseguridad social, corrupción de los funcionarios estatales y aumento de las tasas de homicidios y de la población carcelaria, ha sido objetivamente funcional a los propósitos y fines del crimen organizado en todas las latitudes.

Empezando por la degradación del orden público en los países productores, rápidamente militarizado y cooptado por la deletérea penetración del dinero, hasta la desintegración acelerada de los lazos familiares, que comienza cuando uno de sus miembros es estigmatizado como una “oveja negra” que debe ser lanzada al ostracismo del repudio y el desafecto, sin interrogarse sobre el sentido de su evasión a un paraíso alucinante, menos árido y crudo que la normalidad y la felicidad promovidas por la realidad. Sin duda, el prohibicionismo persiste y parece ser una política inmodificable, porque el reconocimiento de su fracaso implicaría que la narcisista y ejemplar familia de consumo mirase su rostro decadente reflejado en las vitrinas relucientes del mercado, por sí solas incapaces de dar sentido y serenidad a la vida humana, atrapada en la adicción del consumo y la incomunicación de la soledad.

No gratuitamente Milton Friedman, ese adalid de la no intervención del Estado en el mercado, sentenciaba en este caso que: “Si analizamos la guerra contra las drogas desde un punto de vista estrictamente económico, el papel del gobierno es proteger el cartel de las drogas. Eso es literalmente cierto.” En efecto, porque a mayor represión, mejores precios en el mercado ilegal. Todo lo contrario persigue la proposición 19, mayor regulación legal para disminuir los costos que implica la política criminal de persecución y represión. Incluso para convertir un filón de ingresos entregado a la criminalidad en una suculenta fuente de recursos fiscales para políticas públicas de prevención, educación y tratamiento de los potenciales consumidores, como sucede en el Estado de California que tiene el mayor déficit presupuestal entre todos los Estados de la Unión. Según los promotores de la proposición, “La Junta de Ecualización Estatal de California ha estimado que la imposición de un impuesto tributario de 50 dólares por onza en la venta de marihuana podría generar unos ingresos fiscales de 1400 millones de dólares anuales. Esto representa una gran cantidad de ingresos en un momento en el que el Estado se encuentra experimentando una presión financiera.”2

Por último, es una política profundamente antiliberal y antidemocrática, porque desconoce que todo adulto --pues la proposición sólo aplicaría para personas mayores de 21 años-- es autónomo en las decisiones que afectan su propia vida y personalidad, siempre y cuando no pongan en riesgo la seguridad o vida de terceros y menores de edad. Asunto este que está claramente regulado en la proposición 19, cuando establece restricciones y sanciones severas como las siguientes:

• “Mantiene las leyes existentes contra la venta de drogas a menores de edad y la conducción bajo sus efectos.

• Mantiene el derecho del empresario a tratar el consumo de marihuana en caso de afectar el rendimiento laboral de un empleado.

• Mantiene las leyes existentes contra el transporte interestatal o internacional de marihuana.

• Cualquier persona que posea una licencia, permiso o autorización para la venta de marihuana y venda o entregue deliberadamente marihuana a menores de 21 años, tendrá como consecuencia la prohibición a poseer o dirigir un establecimiento autorizado de marihuana durante un año o a ser empleado del mismo.

• Cualquier persona que posea una licencia, permiso o autorización para la venta de marihuana que a sabiendas venda o entregue marihuana a una persona mayor de 18 años pero menor de 21, será encarcelada en la prisión de su condado por un período de tiempo de hasta seis meses y una multa de hasta 1.000 dólares por cada delito.

• Cualquier persona que posea una licencia, permiso o autorización para la venta de marihuana que a sabiendas venda o entregue marihuana a menores con edades comprendidas entre 14 y 17 años, será encarcelada la prisión estatal por un período de tres, cuatro, o cinco años.

• Cualquier persona que posea una licencia, permiso o autorización para la venta de marihuana que a sabiendas venda o entregue marihuana a menores de 14 años, será encarcelada en la prisión estatal por un período de tres, cinco o siete años” .

Pero obviamente los anteriores aspectos no son reconocidos por los fanáticos del prohibicionismo, que obtusamente desconfían de la responsabilidad de sus ciudadanos y los tratan como menores de edad y cretinos morales, salvo cuando reclaman sus votos y lealtad para ser electos como legisladores y estadistas. Porque estos políticos, que posan de estadistas y moralistas, en realidad son unos vulgares maniqueístas, que fustigan como vicioso o corrupto a quien no los acompañe en sus cruzadas de miedo y guerra contra el narcotráfico. Cruzadas que sólo han servido para alimentar las ganancias de la industria militar norteamericana y la burocracia represiva, bajo eufemismos como el “Plan Colombia”, con la degradación de la política en narco-para-política y la perpetuación de la guerra en una simbiosis inimaginable entre las FARC y las llamadas BACRIM, sin olvidar las cuentas bancarias de los criminales y sus aliados en los paraísos fiscales.

Para todos los anteriores el prohibicionismo es funcional a sus intereses, aunque sean antagónicos entre sí, y además proporciona a los Estados Unidos la coartada perfecta para perpetuar su tutelaje sobre gobiernos dóciles e inmaduros en América Latina. Ellos niegan lo que todos sabemos, que la guerra contra el narcotráfico no se libra ni se ganará en los vastos territorios ricos en biodiversidad, como los de la Amazonía, que están siendo depredados y degradados, sino en una región más frágil, portentosa y esquiva: la mente y la voluntad humana, que poco entiende de prohibiciones y castigos y mucho más de razones y estímulos.

2010-09-27T17:25:00.000-05:00

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Septiembre 26 de 2010

El Mono Jojoy: Más allá del símbolo del terror

(http://calicantopinion.blogspot.com)

Hernando Llano Ángel.

El presidente Juan Manuel Santos anunció en tono exultante, desde las Naciones Unidas, que con el abatimiento del Mono Jojoy se aniquilaba el símbolo del terrorismo en Colombia. Ante una reunión con empresarios y potenciales inversionistas en Colombia, comparó la muerte de Jojoy con una hipotética aniquilación de Osama Bin Laden por parte del ejército norteamericano.

Más allá de los símbolos

Ambas apreciaciones denotan, por decir lo menos, una comprensión ligera del terrorismo. Si bien es cierto que los símbolos en los conflictos políticos juegan un papel determinante, también lo es que ellos no agotan toda la realidad de la que hacen parte y apenas son su expresión más extrema. Particularmente en el caso de Jojoy, el mejor exponente de la violencia y el revanchismo belicista de las Farc, cuyas acciones en la mayoría de los casos fueron retaliaciones mortales que expandieron una onda de destrucción, muerte, miedo y terror en toda la población. Por entrevistas que concedió en el Caguán, ahora sabemos que si no hubiera sido guerrillero habría estudiado Ciencia Política. Entonces seguramente hubiese comprendido, leyendo a Hannah Arendt, que la máxima preocupación de esa disciplina es el estudio del poder para contener la más peligrosa y mortal de todas las amenazas que se cierne sobre la vida y el progreso de las comunidades, como es la violencia arbitraria e indiscriminada, que precisa tanto más de armas cuanto menos gente convoca para su causa.

De la violencia estructural a la directa

Lamentablemente la violencia estructural, aquella que determina el mayor o menor acceso de la población a recursos cruciales, como la educación, y el entorno familiar en que creció Víctor Suárez Rojas --hoy sabemos que su madre le preparaba la comida al Secretariado de las Farc-- lo convirtieron con el correr de los años en el temible y odiado Mono Jojoy. Se transformó así en un habilidoso estratega de la violencia directa y en un torpe aprendiz del poder político, pues sus relaciones con la gente siempre estuvieron mediadas por las armas y las órdenes, antes que por la deliberación y la concertación. Su aprendizaje fue el de la obediencia y luego el ejercicio del mando, el del orden cerrado propio de la violencia eficaz de los ejércitos, no el de la discusión abierta y la controversia con el contrario, consubstancial a la política. Quizá por eso su obsesión fue más vencer que convencer, no tanto conciliar sino más bien negar y someter al contrario, como lo hizo en forma despiadada mediante la práctica sistemática del secuestro de políticos. Su periplo vital y mortal estuvo determinado por la violencia, al punto que su identidad era indisociable de la tenencia y el uso de las armas, como se lo expresó a la periodista María Cristina Botero: “El día que entregue el fusil nadie va a querer hablar con nosotros, ni los periodistas. Sería un pobre pendejo. Sería la paz de los muertos, porque nos bajarían de una vez. Si estamos vivos es porque tenemos fusil”. Su violento final, demuestra el error mortal en que vivió.

La impotencia de la violencia

Una muestra más de la impotencia de la violencia cuando está divorciada del poder político, pues como bien lo expresó Arendt la esencia del poder es “la capacidad humana para actuar concertadamente” y por lo tanto él no pertenece a nadie en particular, mucho menos a caudillos o vanguardias iluminadas o armadas, sino a toda la comunidad, que lo ejerce tanto más efectivamente cuanto más es fruto de múltiples acuerdos y no de la imposición de voluntades minoritarias. Por eso todos aquellos que aspiran a “tomarse el poder” terminan ahogados en sangre, al igual que quienes pretenden conservarlo y retenerlo por la fuerza, como los Batista, Somoza o Duvalier. Por lo anterior, cuanto más poderosa es una comunidad menos violencia requiere para su seguridad y prosperidad, pues su orden está basado en la confianza generada por palabras y promesas que se cumplen y no en el temor a los castigos o el premio a las recompensas y las delaciones, como lamentablemente nos sucede en Colombia.

La violenta demagogia electoral

Precisamente por la crónica demagogia electoral de varias generaciones de Presidentes liberales y conservadores hablando de equidad, democracia, participación y paz, pero gobernando en sentido contrario, es que hoy tenemos como contrapartida un gasto militar exagerado en seguridad, en pago de recompensas y en subsidios para comprar ese déficit de poder político de unas mayorías que todavía no concurren a las urnas, porque sus intereses y reivindicaciones mas vitales han sido burladas históricamente. No hay que olvidar que los magnificados nueve millones de votos de Santos, apenas son el 30% del censo electoral, que es de 30 millones de ciudadanos. Así las cosas hemos terminado malviviendo entre dos extremos: el de un poder institucional que cada vez derrocha más en violencia, bajo el eufemismo de la “seguridad democrática”, y el de unas minorías revanchistas que cada vez recurren más a la violencia por ausencia de poder, bajo la coartada de la “justicia social”. Hemos alcanzado tal extremo de degradación política, que su semántica oculta lo que los hechos revelan: al asesinato de civiles se lo llama “ajusticiamiento” o “falso positivo” y al secuestro “retención” o “prisionero de guerra”. Por eso hoy se busca la paz a través de la guerra y la institución que goza de mayor credibilidad y reconocimiento es la Fuerza Pública, mientras la más desprestigiada y repudiada es el Congreso. Una especie de venganza y triunfo póstumo de la doctrina Jojoy, pues las armas y la violencia terminan imponiéndose sobre la política y el poder, con todo lo efímero que tiene un triunfo militar sin amplio sustento político y social. De profundizar semejante dinámica pronto llegaremos a pensar que nuestro principal problema, la violencia política degradada, se solucionará con más fuerza y más heroísmo de nuestros abnegados policías y soldados, sin importar el costo en vidas humanas, hasta vencer o eliminar el último terrorista, pues ya se ha ultimado a su máximo símbolo.

¿El fin o el comienzo del terrorismo generalizado?

Por todo lo anterior, vale la pena citar a Michael Walzer y su lúcido análisis sobre el terrorismo, cuando advierte que: “En la guerra, el terrorismo se asocia con la exigencia de una rendición incondicional y, del mismo modo, tiende a descartar cualquier clase de arreglo mediante compromiso” . Tal parece ser el punto en que nos encontramos, pues desde las páginas de la gran prensa, analistas y columnistas de opinión demandan el abatimiento de “El que sigue” (revista Semana, edición actual), en tanto “la experiencia muestra que toda rendija para la negociación alienta a los grupos terroristas” (Humberto De la Calle, en El Espectador). Cabe esperar que predomine la razón y no sólo la fuerza en la consigna presidencial y que el Secretariado de las Farc tenga la suficiente lucidez para enmendar su error y horror histórico de confundir la violencia con el poder y empezar así a salir de la manigua de la guerra en la que están extraviados, cuyo único horizonte vital es la política y no el mortal del terror y el secuestro. La mejor forma de hacerlo sería liberando a los miembros de la Fuerza Pública, con la mediación del CICR y la Iglesia Católica, pues la condición previa para la existencia de la política es la libertad. Pero si ambas partes persisten en lo contrario, no estaremos en el comienzo del fin, sino más bien en el principio de un terrorismo generalizado, al estilo del auspiciado por Pablo Escobar, que paradójicamente culminó cuando coronó en el artículo 35 de la Constitución su máxima aspiración: “prohibir la extradición de colombianos por nacimiento”.

Hace ya casi 25 siglos, en el Dammapada (XV, 5, 201), se escribió la siguiente admonición: “El que vence engendra odio, el que es vencido sufre; con serenidad y alegría se vive si se superan victoria y derrota”. Si bien no es realista aspirar a este misticismo ético en la política, también lo es que la política deja de existir cuando ella se ejerce como una doctrina de odio y aniquilación, pues toma su lugar la denominada guerra contra el terrorismo y basta mirar sus resultados en Irak, Afganistán y todo el Oriente Medio. ¿Será inevitable degradarnos más en nombre de una supuesta superioridad moral para vencer el terrorismo? ¿Acaso una victoria militar significa por sí sola superioridad moral? En tal caso el triunfo sería un horror y el vencedor sería el terror, no la democracia y mucho menos la paz. No olvidemos que Jojoy es un hijo histórico de esa paz proclamada por Guillermo León Valencia en su gobierno de 1962 a 1966.

2010-09-13T11:12:00.001-05:00

DE-LIBERACIÓN
(Septiembre 12 de 2010)

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DIATRIBA DE UN CÍNICO RABIOSO CONTRA UN ASCETA DE LA PAZ

Hernando Llano Ángel.

Sin proponérselo, Fernando Londoño Hoyos se retrató de cuerpo entero en su última columna, titulada “Marx no ha muerto”, escrita contra el padre Francisco de Roux y su homilía del pasado 30 de Julio, pronunciada en la celebración del día de San Ignacio. Homilía dedicada a los cínicos y su nefasta influencia en la realidad nacional, de quienes literalmente el actual Provincial de los jesuitas expresó lo siguiente:

“La Javeriana está en el corazón de la clase dirigente de Colombia, que es desde hace décadas una mezcla de escenarios de intereses, compromiso y ambigüedades, donde hay muchos cínicos, y en la mayoría de los escenario los cínicos controlan. Por eso el 65 por ciento de los campesinos colombianos siguen en la pobreza. Por eso hay en el país 7 millones de miserables con hambre. Por eso hay cuatro millones de hectáreas en manos de la mafia. Por eso se roban cada año cerca de 4 billones de pesos en corrupción. Por eso la comunidad internacional se pregunta por qué otros países solucionaron en una o dos décadas la desigualdad social, la guerra de guerrillas, los secuestros, la grandes bandas criminales, el desfalco del tesoro público, las sillas de senadores criminales y la dominación de la droga…y en Colombia se prolongan por más de medio siglo el espectáculo inhumano de una crisis irresuelta, mientras dirigentes brillantes, entre cócteles, congresos y publicaciones, disfrutan una vida de seguridad que se derrocha en satisfacciones sobre la misma crisis. Por eso muchos se preguntan si la prolongación de la crisis colombiana no es causada por los mismos cínicos que quieren prolongarla porque se benefician de ella”.

Como bien lo define el Diccionario de la Real Academia Española, el cínico se caracteriza por su “desvergüenza en el mentir o en la defensa y práctica de acciones o doctrinas vituperables”. Difícilmente se puede encontrar una mejor descripción de lo que es y representa Fernando Londoño en la vida política nacional. Basta recordar que fue sancionado por la Procuraduría con destitución e inhabilidad de 15 años para el desempeño de cargos públicos “por realizar gestiones a favor del consorcio italiano Recchi, del que fue apoderado judicial, haciendo uso de sus poderes como Ministro del Interior y de Justicia. La Procuraduría consideró que el ex ministro incurrió en conflicto de intereses y usó abusivamente su autoridad como segundo hombre más importante de la República después del Presidente. Tiempo después se presentó un conflicto en el contrato y el señor ex ministro sugirió la conformación de un Tribunal de Arbitramento del cual no hizo parte y que en el 2001 falló en contra del Estado colombiano por algo más de $13.958 millones de pesos, decisión que fue confirmada por el Consejo de Estado. Por su gestión el ex ministro recibió poco más de 74 millones de pesos como honorarios”. (http://www.procuraduria.gov.co/html/noticias_2004/noticias_381.htm.)

Londoño, encarna, pues, la quintaesencia de la utilización de ley y los procedimientos como una coartada perfecta para burlar la justicia y hacer prevalecer el interés particular sobre el general, la excepción sobre la norma. Apela a la moral y la ética como una estratagema para afirmar la dominación de los elegidos sobre los demás mortales, esos vulgares plebeyos que ahora reclaman sus derechos. Afianza así la rancia tradición conservadora de estirpe laureanista, imbuida de un narcisismo maniqueo y racista que divide a Colombia desde la noche de los Tiempos entre gente con “clase y distinción”, los autodenominados “ciudadanos de bien”, “blancos y católicos”, predestinados para gobernar, constantemente amenazados por una “chusma insolente y alzada”, que les falta al respeto cuando ella osa afirmar su autonomía y dignidad mediante el ejercicio de sus derechos. Por eso Londoño ha sido un enemigo acérrimo de la acción de tutela y de los principios fundamentales de la Constitución del 91, salvo en aquellas ocasiones que las invoca para defender su insaciable codicia de rábula, como astutamente lo ha hecho para oponerse a la devolución de las acciones de invercolsa al patrimonio de todos los colombianos. Así nos ha dado una muestra pública de “la defensa y práctica de acciones o doctrinas vituperables”, en la cual quizá sólo es superado por su maestro, el ex presidente Álvaro Uribe Vélez, quien en nombre de la “seguridad” profundizó y refundió (que jamás refundo) nuestra “Patria” en un campo de trincheras, “falsos positivos”, parapolítica y fosas comunes. Ambos, aupados por el miedo y el terror engendrados por la violencia revanchista y criminal de las Farc, degradaron la política a una escuela de odio y desconfianza, estigmatizando como aliado del terrorismo a todo opositor. La solidaridad ciudadana la prostituyeron en el mercado de las recompensas y en una difusa red de cooperantes, a la postre cooptada por criminales. Incluso llegaron a señalar a magistrados de la Corte Suprema de Justicia como auxiliadores del terrorismo y, como cada día se nos revela en forma más escandalosa, convirtieron al DAS en una agencia con licencia para delinquir.

Por todo lo anterior, era apenas obvio que Londoño se sintiera aludido por la homilía del padre de Roux, para su desgracia hoy Provincial de los jesuitas, como reconocimiento de su compromiso indeclinable de toda una vida con esa “chusma insolente y alzada”, desde sus tiempos remotos como director del Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP) y los más recientes como coordinador del Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio. Quizá por ello en su rabiosa diatriba contra el padre de Roux, Londoño le reprocha que no revele los nombres de los cínicos: “El padre se guarda sus nombres, como el de los beneficiarios jactanciosos de la miseria de tantos, y el de los escenarios que controlan. Lo que es una lástima. Un educador, así eduque para el odio, debe ser claro, como él mismo lo pregona”. Ante semejante cargo, en tono de propia inculpación, no hay mejor respuesta que la bíblica: “Por sus frutos los conoceréis” (Mateo 7,20). Y sin duda, los frutos del padre de Roux son los de un asceta por la paz, reconocido por ello con el Premio Nacional de Paz de 2001, además de recibir la condecoración de “Caballero de honor de de la Legión Francesa”, otorgada por Francois Miterrand, que lo convierte en miembro de la Legión Francesa. Honores que, desde luego, el padre De Roux oculta como buen asceta.

2010-08-06T18:28:00.002-05:00

DE-LIBERACIÓN
(Agosto 6 de 2010)

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Álvaro Uribe Vélez: Un Presidente paradójico

Hernando Llano Ángel.

En víspera de abandonar la Casa de Nariño, el signo de la paradoja parece marcar los ocho años de Uribe Vélez en la presidencia de la República. Al menos se pueden destacar ocho grandes paradojas. Veámoslas, en forma vertiginosa, comparadas con las principales metas de su “Manifiesto Democrático” y los resultados obtenidos durante estos dos periodos. Para empezar, ya desde el punto 98 del Manifiesto consideraba insuficientes los primeros cuatro años y anunciaba con voz profética su prolongación en un gobierno de Unidad Nacional: “Insistiré que el País necesita líneas estratégicas de continuidad; una coalición de largo plazo que las ejecute porque un Presidente en cuatro años no resuelve la totalidad de los complejos problemas nacionales. Pero avanzaremos. Por eso propongo un Gobierno de Unidad Nacional para rescatar la civilidad”. Es evidente que tampoco le alcanzaron estos últimos cuatro años, pero hay que reconocer que avanzó notablemente en la profundización de los “complejos problemas nacionales”, como a continuación se puede apreciar en las siguientes ocho paradojas:

1- Avanzamos del conflicto armado interno a uno de carácter regional.

La primera paradoja y la más insólita, es que en su obsesión por negar la existencia del conflicto armado interno, terminó ampliándolo y profundizándolo hasta transformarlo en un conflicto de carácter regional, que hoy afecta no sólo la región andina sino que compromete a todo el continente americano. Con el agravante de haberlo internacionalizado en un horizonte de guerra y no de paz, como consecuencia de su cruzada contra el terrorismo, que desconoció el mismo Derecho Internacional y la soberanía territorial del Ecuador. Cruzada que a su vez catalizó la más grave y profunda crisis humanitaria de orden político y social en el continente, para transitar así de la promesa de la paz a la pesadilla de la hecatombe humanitaria.

2- Pasamos de la paz a la hecatombe humanitaria.

En efecto, en el punto 2 de su célebre Manifiesto Democrático consignó: “Sueño con una Colombia en la que todos podamos vivir en paz, resolver nuestras diferencias pacífica y creativamente, gozar en familia de nuestras carreteras, paisajes y ríos”. Es una lástima que dicho sueño se haya convertido en una pesadilla para cerca de tres millones y medios de desplazados, que no han podido regresar a disfrutar sus “paisajes y ríos”. También que tengamos el mayor número de víctimas de minas antipersonal en el mundo; la más incierta cifra de desapariciones forzadas; el más alto índice de sindicalistas asesinados y “un patrón sistemático de ejecuciones extrajudiciales” o “falsos positivos”, según Philip Alston, Relator de las Naciones Unidas, que implica a un alto número de miembros de la Fuerza Pública. Todo ello, bajo la impronta de la “seguridad democrática” y la Directiva 029 del Ministerio de Defensa, a la cual dieron exitoso cumplimiento los entonces ministros Camilo Ospina y Juan Manuel Santos, desde mañana Presidente en ejercicio.

3- Del Estado Comunitario al Plutocrático y Cacocrático.

En el punto 4 del Manifiesto expresa otro sueño, que lamentablemente cumplió al revés: “Sueño con un Estado al servicio del pueblo y no para provecho de la corrupción y la politiquería. Hoy el Estado es permisivo con la corrupción, gigante en politiquería y avaro con lo social”. La primera parte la cumplió con creces, otorgando a personas de escasos recursos, como Luis Carlos Sarmiento Angulo, incentivos de Agro Ingreso Seguro por apenas12 mil millones de pesos. Igual generosidad tuvo con otras 46 personas que hicieron aportes a su campaña presidencial por 600 millones y coincidencialmente recibieron de su ministro de agricultura Andrés Felipe Arias (Uribito) 45 mil millones de pesos para mejorar la competitividad de sus modestas agro-empresas. En cuanto al “Estado permisivo con la corrupción y gigante en politiquería”, sobresalen los estímulos a congresistas como Yidis Medina y Teodolindo Avendaño, gracias a los cuales se reformó un “articulito” de la Constitución que le facilitó continuar en la Casa de Nariño por otros 4 años, para no mencionar la degradación de la carrera diplomática, convertida en refugio de “buenos muchachos” como Salvador Arana y Jorge Noguera, habilidosos cacos del entramado criminal de los paramilitares. Hoy el primero está condenado por la Corte Suprema de Justicia a 40 años de prisión por el asesinato del exalcalde de “El Roble”, Edualdo Díaz y el segundo está ad portas de serlo por el asesinato del profesor de sociología Alfredo Correa de Andreis, en Barranquilla.

4- De la buena administración pública al delito de “lesa comunidad”.

Continuando con el punto 17 del famoso Manifiesto, tenemos otra profecía autocumplida: “Necesitamos crear la cultura de buena administración de lo público. Las empresas estatales son las empresas privadas más importantes porque pertenecen a toda la comunidad. Es un delito de lesa comunidad hacer fiesta con lo estatal. Para salvar al Seguro Social, al Sena, al Bienestar Familiar, al Sisben y la educación pública, cero politiquería. Cuando los politiqueros se sienten amenazados salen con el cuento de que las van a privatizar.” En efecto, el Seguro Social fue liquidado y transformado en la fantasmagórica “NUEVA” EPS, que según el reciente informe de la Defensoría Nacional del Pueblo se encuentra en el último lugar en la percepción de los usuarios sobre la calidad de sus servicios, con 58.43 puntos sobre 100, “siendo la única que no pasó el mínimo aceptable”. A los delitos de lesa humanidad ya señalados, habrá que añadir el de “lesa comunidad” del Manifiesto, inventado por la inteligencia superior de Uribe cuando era candidato en el 2002 y perpetrado por la NUEVA EPS en su postrera administración presidencial. En cuanto a la “cultura de la buena administración de lo público”, según la Auditoría General de la República, en Colombia por causa del fraude y la corrupción se pierden 4.2 Billones de pesos al año, que equivalen a dos veces el presupuesto de Coldeportes, el Sena y 1.8 el de Bienestar Familiar. En la clasificación de Transparencia Internacional y su índice sobre percepción de la corrupción, siendo 0.00 la peor calificación y 10 la mejor, Colombia se raja con 3.7 en el 2009. Y según la percepción ciudadana, se pasó del 72.6% en el 2008 al 77.3% el año pasado sobre el aumento de corrupción en la administración pública.

5- Del Congreso Visible a la Picota.

En el punto 19 del Manifiesto se lee: “Necesitamos un Congreso Visible. Que la gente conozca por nombre propio a los congresistas. Que sepa a qué hora entran y a qué hora salen, qué proyectos presentan, qué debates impulsan”. En efecto, gracias a la tenacidad del poder judicial y a los testimonios de los comandantes paramilitares, antes de que fueran extraditados para contener y aplacar un poco el escándalo de la parapolítica, hoy se encuentran 91 congresistas procesados de los elegidos en el 2006, y el 79% de ellos son miembros de partidos que pertenecen o pertenecieron a la coalición uribista. Al respecto, no hay que olvidar el consejo del propio presidente Uribe: “voten, mientras puedan hacerlo”, pues muchos de sus copartidarios pasaron rápidamente del régimen parlamentario al carcelario. Sin duda, Uribe quedará registrado en la historia política nacional como el artífice impune de la más perversa mutación que pueda experimentar una sociedad, la simbiosis del crimen con la política, bajo la forma de coaliciones insospechadas entre paramilitares y destacados políticos regionales y nacionales. En la actualidad hay 101 figuras regionales procesadas, entre ex gobernadores, ex alcaldes, diputados y concejales.

Semejante proeza fue posible gracias a su manipulación maniquea del miedo ciudadano infundido por el terror de las FARC, que le permitió en dos ocasiones ser Presidente sin tener partido y con el respaldo de millones de firmas de ciudadanos, al mismo tiempo que canalizaba todos los votos aportados por una vasta red mutante de políticos y criminales, camuflados bajo las más curiosas siglas y letras del alfabeto, desde la “U” hasta el PIN, incluyendo tránsfugas liberales y conservadores, que hoy se confunden y cubren en el abrazo de la Unidad Nacional, santificados y transubstanciados por la reciente victoria electoral.

6-“De una Colombia sin guerrilla ni paramilitares” a las nuevas Bandas Criminales.

“Es la garantía de la seguridad ciudadana durante el conflicto y después de alcanzar la paz”, reza el punto 26 del Manifiesto, pero la realidad nos demuestra que ha sucedido algo peor e inesperado, pues según el Inspector General de la Policía, general José Roberto León, los miembros de las denominadas oficialmente nuevas Bandas Criminales (Bacrim) pasaron de 2000, al comienzo de 2009, a cerca de 3.700 a finales del año y están presentes en 19 Departamentos y 159 Municipios, en forma de “1.170 pequeñas redes que se dedican al microtráfico y a ejecutar todo tipo de crímenes”. Como si lo anterior fuera poco, el éxito de la llamada “seguridad democrática” ha acelerado las coaliciones más insólitas en diversas regiones del país entre la guerrilla y los narcotraficantes, incubándose así una nueva metamorfosis de los actores armados, que profundiza la politización del narcotráfico y la degradación de la política.

Todo parece indicar que la gallinita Rumbo se desorientó y no empolló los huevos esperados por el Presidente, sino los de la famosa serpiente que no ha podido matar a pesar de los más de 21.12 billones de pesos destinados a la Fuerza Pública en el presupuesto actual para cortarle la cabeza. Dicha cifra equivale al 14.2% del PIB y es superior al presupuesto actual para la educación, que es de 20.58 billones.

7- De la fraternidad en el campo y la reforma agraria al despojo de más de 5 millones de hectáreas.

El punto 63 del Manifiesto proclama: “Necesitamos a los campesinos y a los empresarios. Fraternidad en la tenencia de tierras, sin feudalismo ni lucha de clases. Adelantaremos una política de tierras encaminada a mejorar las condiciones sociales y productivas de nuestros campesinos pobres. La tierra que se compre para reforma agraria deberá ser buena y productiva”. Pero la cruel realidad del despojo a sangre y fuego de la tierra campesina demuestra lo contrario: cerca de 5.5 millones de hectáreas arrebatadas por la acción conjunta del narcoparamilitarismo, la guerrilla y el desarrollo de ambiciosos proyectos agroindustriales, como el cultivo de la palma africana, ha condenado a millones de campesinos a deambular como fantasmas por nuestras ciudades. Sin olvidar el escándalo de la hacienda Carimagua, inicialmente destinada a campesinos desplazados, para luego pretender ser asignada a la agroindustria so pretexto de garantizar su adecuada explotación.

8- Por último, del fallido Estatuto antiterrorista a la política del terror.

En el punto 33 del Manifiesto aparece la más reveladora de todas las paradojas, pues anunciaba la urgente necesidad de: “Un estatuto antiterrorista que facilite la detención, la captura, el allanamiento”, en su momento declarado inexequible por la Corte Constitucional. Estatuto sustentado así por el entonces candidato Uribe: “A diferencia de mis años de estudiante, hoy violencia política y terrorismo son idénticos. Cualquier acto de violencia por razones políticas o ideológicas es terrorismo. También es terrorismo la defensa violenta del orden estatal”. Con semejante declaración del candidato Uribe no parece necesario esperar el título que la historia le conferirá como Presidente, si es que antes no lo hace la justicia nacional o internacional.

Pero falta la mayor y más temible paradoja de todas a los ojos de Uribe, que explica en gran parte la forma como precipitó la actual crisis con Venezuela, y es que el gobierno de Santos cometa el sacrilegio de abrir las puertas del diálogo con las FARC y abandone así su política de culebrero del terror que tantos dividendos le ha reportado, como vehementemente lo advirtió en su despedida ante la cúpula militar: “sabemos que la culebra del terrorismo, cuando siente que está asfixiada y le tenemos una horqueta en el pescuezo, ahí mismo pide procesos de paz, para que le aflojemos la horqueta, tomar oxígeno y volver a envenenar (...) Y muy hábiles como quieren internacionalizar la solicitud de oxígeno; ahora quieren internacionalizar la solicitud de que les levantemos la horqueta, para seguir envenenando a los colombianos. En esa trampita no vamos a caer”.

Moraleja: Razón tenia Max Weber en su célebre conferencia “La política como vocación”, cuando señaló: “Es una tremenda verdad y un hecho básico de la Historia, el que frecuentemente o, mejor, generalmente, el resultado final de la acción política guarda una relación absolutamente inadecuada, y frecuentemente incluso paradójica, con su sentido originario”, pues la obsesión de Uribe por matar la culebra le está dando vida política gracias al auspicio de Hugo Chávez, su alter ego presidencial y mayor adversario político internacional. Tal parece que el estratega político siempre vence al militar. Quizá vuelva a cumplirse el refrán de nuestras guerras civiles del siglo XIX: “Colombia es una tierra de cosas singulares, dan la guerra los civiles y hacen la paz los militares”, aunque en este caso se trate de un simple cadete de la Armada Nacional, sin subestimar que cuenta con la ayuda de Angelino, la Conferencia Episcopal y hasta el señor de los Milagros de Buga.

2010-07-14T08:36:00.003-05:00

DE-LIBERACIÓN
11 de julio de 2010
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DE POLÍTICA Y FUTBOL: ENTRE CABEZAZOS Y PATADAS

Hernando Llano Ángel.

La política y el fútbol tienen mucho en común. Para empezar, ambos se hacen con la cabeza, pero en ellos casi siempre gana el que más patea y golpea al adversario. Claro está que en este mundial los goles decisivos fueron anotados de cabeza: Pujol contra Alemania y Khedira contra Uruguay. Pero en la política internacional y doméstica parece que siempre ganan los que patean más fuerte a sus adversarios, hasta literalmente sacarlos de la cancha. Así se confirma que lo hizo Nixon contra Allende, cuando utilizó las extremidades de la bestia pinochetista para terminar el juego democrático y aniquilar el capitán del equipo ganador. En nuestro campo sucede algo similar con las víctimas del desplazamiento forzado, pues son pateadas sin misericordia por la extrema derecha, la extrema izquierda y los narcos, según varían las relaciones de fuerza y los acuerdos entre dichos bandos en las diferentes regiones del país. De no ser por el arbitraje de la Corte Constitucional y su famosa sentencia T025, alertando sobre el estado de cosas inconstitucional en que discurre la vida de más de tres millones de desplazados, el gobierno nacional no les garantizaría ni siquiera un lugar bajo el sol. Por todo ello la vida de millones de personas depende cada día más de los resultados en el campo de juego y en las elecciones. Desde el 11 de Junio hasta hoy, durante un febril mes, la alegría o desdicha del mundo corrió tras un balón y la habilidad de 22 jugadores empeñados en alcanzar una esquiva victoria en el mundial de Sudáfrica. Pero existen más diferencias que semejanzas entre la política y el fútbol, para desgracia de todos. Sin duda, el fútbol es una actividad más vital y noble que la política, a pesar de todas las triquiñuelas y trampas que comparte con ésta. En gran parte se debe a que en el fútbol sus protagonistas exponen públicamente sus habilidades y limitaciones. En la política sucede todo lo contrario: sus protagonistas ocultan al público sus debilidades y defectos. En la cancha resplandece la transparencia de las jugadas y la penumbra de las faltas. En la política sólo se exhiben los aciertos y se ocultan, casi hasta desaparecer, las mentiras y las trampas de quienes la protagonizan.

Transparencia Vs Tramparencia

Se puede afirmar que en el fútbol prevalece una épica de la transparencia, mientras en la política predomina una antiética de la trampa, pues se hace aparecer como victorias colectivas las que en muchas ocasiones no son más que triunfos de minorías. Valga como ejemplo el reciente triunfo de Juan Manuel Santos, elevado al paroxismo de la mayor votación presidencial en nuestra historia, pero se oculta que la abstención aumentó y fue del 55% del censo electoral. En otras palabras, los 9 millones de votos por Santos apenas representan el 30% del censo electoral, que hoy es de 30 millones de ciudadanos. En términos futbolísticos, el picado de la política nacional lo ganó la abstención por 7 goles contra 3 de la participación. Lo grave de lo anterior es que dicho resultado permitirá que quienes anoten los goles y continúen ganando sea una minoría del 30% contra el 70% de la mayoría nacional. Es decir, el país político contra el país nacional, como bien lo denunció hace ya 62 años un brillante y plebeyo futbolista de la política nacional, Jorge Eliecer Gaitán, físicamente ejecutado en la cancha por encarnar, aunque sólo fuera por una vez, la probable derrota del país político frente al país nacional.

El país político entonces ordenó su asesinato antes de correr el riesgo de perder el poder en el campo del juego electoral. Y aquí estriba la mayor diferencia entre el fútbol y nuestra política, pues ésta lleva ya más de sesenta años atentando contra las mayorías y la democracia, que no puede existir sin respetar la libertad y la vida de sus adversarios, así como su eventual triunfo. Jamás toleraríamos un mundial donde siempre ganara el mismo equipo. Mientras el fútbol es un juego incierto y vital, entre nosotros la política se ha convertido en un juego que siempre gana el mismo equipo, el país político de los privilegios y el crimen impune --aunque cambie con frecuencia de uniforme y capitán-- contra el país nacional de las mayorías y las víctimas. Nuestra política no es una competencia vital de ganadores inciertos, sino un combate mortal que deja insepultos a perdedores eternos, sin derecho a revancha, pues sus vidas y sueños quedan en la cancha corrompiéndose a la vista de todos.

Contra las ayudas técnicas y la memoria histórica

Por eso en nuestra política se suele eliminar violentamente al adversario, utilizando la combinación de todas las formas de lucha, táctica instaurada por las facciones liberales y conservadoras desde el siglo XIX y perfeccionada el siglo pasado durante la Violencia y después con la fórmula del Frente Nacional. Así sucedió en 1989 con el asesinato de Galán y en el 90 con los de Bernardo Jaramillo, de la UP, y Carlos Pizarro de la AD-M19, sin olvidar las miles de vidas de jugadores anónimos, aniquilados por el fuego cruzado de los vengadores de todos los bandos. Incluso también con la vida de destacados jugadores del mismo establecimiento, como Álvaro Gómez Hurtado, en 1995. Porque la política colombiana jamás ha dejado de ser un campo minado, donde sus protagonistas no respetan otra norma distinta a la de su triunfo y la consolidación de su hegemonía. Por eso, como también sucede en el fútbol, los políticos nacionales temen sobre todo a que se conozca la forma como obtienen sus victorias. Así como la FIFA es renuente a las ayudas técnicas que impedirían aquellos triunfos alcanzados con goles anotados violando las reglas de juego y con el concurso de los errores arbitrales, en nuestra política nacional se teme sobre todo que se conozca la historia truculenta y violenta que está detrás de tantas victorias electorales. Nada temen más los políticos ganadores que a la memoria, por eso impiden por todos los medios un juicio histórico de sus victorias, para no mencionar el juicio sobre sus culpabilidades penales. Igual que en el fútbol, una vez validado el gol por el árbitro, en la política después de la victoria electoral ya no importa cómo ésta se haya alcanzado, es irrelevante que haya sido con violencia, cohecho o fraude electoral. El éxito y la victoria legitiman todos los resultados. Nadie puede acallar el grito victorioso del gol anotado.

Jueces y árbitros incómodos

Esta grave semejanza, que amenaza tanto al fútbol mundial como a la política nacional, tiene un límite en la probidad y la competencia de los jueces, cuando falla la memoria y el juicio de los ciudadanos. Precisamente por ello un jugador tan victorioso y mañoso como Uribe no tolera la existencia de jueces independientes, que estén señalándole que sus triunfos fueron el resultado de jugadas sucias, como el cohecho de Yidis Medina y Teodolindo Avendaño, además de las alianzas criminales de sus copartidarios de la “U” con los comandantes paramilitares. Por eso es tan peligroso para la política que los ciudadanos se comporten como fanáticos y sólo les interese que gane su equipo, despreciando los medios que utilice para alcanzar la victoria, pues consideran que su adversario es un enemigo repudiable que debe ser eliminado y expulsado de la cancha. Así las cosas, el juego sucio está justificado, desde la persecución ilegal de las interceptaciones telefónicas hasta el asesinato de los “falsos positivos”.

Después de la algarabía del triunfo, es un traidor aquel que insista en que el gol fue anotado con la mano o que el héroe estaba fuera de lugar. Nada puede un árbitro o las ayudas técnicas contra cientos de miles de gargantas. Ahora sólo hay tiempo para celebrar en UNIDAD NACIONAL. Esa es la jugada maestra que pretende realizar Santos, no sólo jugando de local sin oposición o equipo adversario, sino también en las canchas internacionales. Por eso trata de conseguir la asesoría de árbitros independientes como el juez Baltazar Garzón. También por ello se reúne con las altas cortes nacionales. Sin duda, lo que busca es congraciarse con aquellos que en un futuro eventualmente puedan juzgar sus actuaciones y revisar sus jugadas como ministro de defensa, donde aparecen cerca de 507 “falsos positivos” ejecutados durante su gestión.

Que viva la pluralidad

Pero ya ha terminado el mundial de Sudáfrica y España es campeona con méritos. Su triunfo, como pocas veces sucede en la política, no es el de un Estado sino el de un “pueblo de aluvión, crisol de culturas”, capaz de reconciliar el talento de jugadores catalanes como Pujol e Iniesta con el valor y la emoción de Iker Casillas y de muchos otros procedentes de diversas regiones y equipos. Ojalá fuera así en la política y la pluralidad y la memoria se convirtieran en la mayor fortaleza y riqueza de los pueblos, pues la unanimidad y el olvido bajo la coartada de una supuesta unidad nacional sólo favorecen el triunfo de los verdugos sobre la memoria de las víctimas. Triunfo que termina siendo tan efímero como la victoria de Italia en el pasado mundial, obtenida con trampas y juego sucio, que a la postre pagó con su rápida eliminación y descenso hasta el puesto 26 entre los 32 equipos que compitieron en Sudáfrica.

2010-06-19T20:55:00.003-05:00

DE-LIBERACIÓN
19 de junio de 2010
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SEGUNDA VUELTA PRESIDENCIAL: LA POLÍTICA Y LA DEMOCRACIA
PIERDEN POR DOBLE “U”

Hernando Llano Ángel.

Es el titular que me parece mejor resume los resultados de las elecciones de mañana, donde la ausencia de la mayoría de los electores en las urnas terminará por conceder un lánguido triunfo a Juan Manuel Santos y su partido de la “U” sobre Mockus y los verdes. Un triunfo que no alcanzará siquiera el respaldo del 30% de los casi 30 millones de colombianos habilitados para votar. Por eso mismo será una derrota inobjetable de la política y la democracia frente al triunfo irrebatible de la politiquería y la cacocracia, diestras y también siniestras en manipular y robar la esperanza ciudadana desde la noche de los tiempos.

Todo Positivo

Y ese resultado confirma de nuevo la sabia advertencia de Edmund Burke: “Los gobernantes corruptos son elegidos por ciudadanos honestos que no votan”, a los que habría que sumar el casi 70% de colombianos que apenas reciben el 30% del PIB. Tal parece que en este terreno las estadísticas sobre la distribución del PIB guardan una proporción matemática con el porcentaje de los que son políticamente representados, si tenemos en cuenta el arrastre de programas asistencialistas como “Familias en Acción” (cerca de 3 millones) y el tamaño de la burocracia pública, especialmente de las 800 mil familias que tienen al menos un miembro en la Fuerza Pública o las empresas de seguridad privadas, cuya convicción y lealtad son incondicionales con la “seguridad democrática”. Para cerca de cuatro millones de votantes Santos es totalmente positivo, según la expresión castrense, y no tiene nada negativo. No importa que durante el 2007 el propio informe del relator de las Naciones Unidas para investigar las ejecuciones extrajudiciales, Philip Alston, haya documentado 507 “falsos positivos” bajo la intachable gestión del entonces ministro de defensa Juan Manuel Santos. Claro está que él demostró en los debates televisados, con aplomo y cinismo, que no tuvo ninguna responsabilidad en dichos crímenes, como tampoco en la ejecución de la apertura económica, cuando fue ministro de Comercio Exterior bajo el gobierno de Gaviria. Por eso es que su triunfo sella la derrota en línea de la política y la democracia, pues consagra el triunfo de la irresponsabilidad gubernamental hasta los confines de de la impunidad.

Un Gobierno de impUNIDAD Política

No gratuitamente su gobierno se autodenomina de “Unidad Nacional”, pues así pretende perpetuar, con el apoyo de todos los políticos que rápidamente se le sumaron, el mayor logro del Frente Nacional: la impunidad de gobernar sobre los cuerpos de miles de víctimas sin tener que rendir cuentas a nadie por crímenes de lesa humanidad. Pero los tiempos que corren son otros. Santos y su proclamado gobierno de “Unidad Nacional” olvidan que la Justicia, tanto la nacional como la internacional, dejó de ser cómplice del Príncipe y ya no acude presurosa a sus citas y mucho menos atiende como cortesana todas sus peticiones. No porque la justicia se haya politizado, como la sindica Uribe, sino por todo lo contrario: es el crimen el que se ha politizado y pretende seguir gobernando impunemente. Pero resulta que la gente cada día tolera menos el crimen y cada vez cree menos en razones de Estado para justificar o legitimar delitos de lesa humanidad, así sea en nombre de sacrosantos valores como la libertad o un futuro reino de igualdad social. Cada día es más claro que la dignidad de los fines depende de los medios con que se alcancen y que no habrá un triunfo perdurable alcanzado con medios deleznables. Mucho menos cuando los medios utilizados, como la propaganda política, son una negación de la realidad objetiva, aquella que se nos impone a todos con su insoportable peso de dolor e iniquidad, como los cerca de 4 millones de desplazados; los más de 2000 jóvenes asesinados y presentados como “falsos positivos”; los cerca de 3 millones de desempleados y 7 millones de trabajadores informales, que conforman el más pesado legado de Uribe, del cual se siente orgulloso heredero Juan Manuel Santos.

Por eso su triunfo de mañana es tan inobjetable como efímero, pues para gobernar tan tozudas realidades no le bastará con la retórica de un “Gobierno Nacional” y mucho menos convocar a todos los colombianos a un gran “Acuerdo Nacional”, pues ambas fórmulas lo único que pretenden es ocultar y disimular la realidad nacional, negar una vez más el país nacional en beneficio del país político, del que sin duda es su más eximio y destacado representante. Para tratar de conjurar esa realidad ya invoca nuevos embrujos bajo nombres seductores como la “prosperidad democrática” y la “reconciliación nacional”. Aquellos que no comulguen con tan nobles propósitos serán declarados apátridas, personas llenas de rencor, odio y envidia, y no habrá lugar para su mendaz oposición. ¿Puede alguien oponerse a la prosperidad, a la fraternidad y la felicidad de la familia nacional? En caso de existir será considerado un Caín corroído por la envidia de la prosperidad de su virtuoso hermano Abel y no un miembro de la familia colombiana. Deberá, entonces, abandonarla o exponerse a su juzgamiento por traidor o incluso a una eventual estigmatización como aliado de la narcoguerrilla. Pero siempre habrá tiempo para rectificar y las puertas estarán abiertas para ser parte del “Acuerdo Nacional”, porque Juan Manuel es tan magnánimo que ya incluyó los puntos de Petro y Antanas en su programa de “Gobierno Nacional”, demostrando así la versatilidad propia de un camaleón. Nada ni nadie puede escapar a su voracidad de consenso y unanimidad nacional, exceptuando a los obcecados narcoterroristas de las FARC, para quienes incluso ya ofreció una justicia especial a cambio de que no disparen contra el “Acuerdo Nacional”. Es probable que hasta eventualmente hagan parte del “Gobierno Nacional”, porque Juan Manuel no es excluyente y estará al servicio de todos los colombianos.

Un Régimen Parlamentario de ImpUNIDAD Nacional

Para consolidar semejante escenario de “Unidad Nacional”, promoverá una nueva reforma constitucional, para liquidar ese desprestigiado y corrupto Congreso de la República, infiltrado y cooptado por perversos narcotraficantes y paramilitares, contra la voluntad de los abnegados políticos de la coalición uribista, hoy arbitrariamente perseguidos por la Corte Suprema de Justicia y recluidos en cárceles sin garantía alguna de apelar a una segunda instancia. Será una reforma purificadora, moralizante y modernizante que instaurará un verdadero régimen Parlamentario (nada que ver con el penitenciario), para garantizar hasta más allá del 2019 el reino de la “prosperidad democrática” y el retorno de su instaurador, Álvaro Uribe Vélez, quien celebrará como primer ministro el bicentenario de nuestra independencia. De esta forma, por fin, podrá cumplir algunas de sus más caras metas anunciadas en el famoso “Manifiesto Democrático” del 2002, como la que aparece en el punto 18: “El número de congresistas debe reducirse de 266 a 150... Que haya audiencias públicas para los reclamos regionales, pero no auxilios parlamentarios que corrompen la política. Si los eliminamos, con cada $10 millones de ahorro, podemos financiar una pequeña empresa y crear 2 puestos de trabajo”. Curiosamente suena como a una música familiar. Pero, sobre todo, podrá cumplir lo prometido en el punto 98: “En mis manos no se defraudará la democracia. Insistiré que el país necesita líneas estratégicas de continuidad; una coalición de largo plazo que las ejecute porque un Presidente en cuatro años no resuelve la totalidad de los complejos problemas nacionales. Pero avanzaremos. Por eso propongo un Gobierno de Unidad Nacional para rescatar la civilidad”.

Queda claro que Santos será algo más que el heredero de Uribe, encarnará una nueva especie de actor político, será un Presidente Testaferro o, para continuar con las metáforas avícolas, será una incubadora de huevos de serpiente, pues la “seguridad democrática” en lugar de rescatar la civilidad fortaleció como nunca antes el militarismo y su casi impune espíritu de cuerpo; en vez de generar empleo produjo la hecatombe de más de 3 millones de desempleados y la cohesión social la redujo a una red de familias en acción que convirtió en millones de-votos para Santos. Pero no hay motivo para preocuparse. Toda la nación reconoce en Juan Manuel al mejor de los camaleones. Incluso es capaz de convertirse en Uribe y no reconocer su propia identidad. Dentro de poco veremos las hermosas criaturas que brotarán de los huevos de la incubadora oficial, probablemente con una voracidad depredadora similar a la de sus socios del “Gobierno Nacional”. Entonces cobrará pleno sentido un ejercicio de oposición y resistencia ciudadana. Será el momento para que los Girasoles dejen de ser ciegos a la necesidad de coaliciones con otras fuerzas políticas y de reafirmar sus convicciones en que la política y la democracia son un asunto de generaciones y no solamente de elecciones.

Un asunto de generaciones, más que de elecciones

Serán cuatro arduos y difíciles años, no de travesía por el desierto de la oposición, sino de acciones y apuestas estratégicas para ganar en las elecciones municipales y departamentales, forjando así ciudadanía y democracia desde la provincia hasta alcanzar en el 2014 el gobierno nacional. Los más de tres millones de ciudadanos que apostamos por la política contra el clientelismo y la picardía, no podemos olvidar que es en nuestras ciudades y departamentos donde se juega el sentido y la identidad de nuestro sistema político. Si es una Para institucionalidad al servicio de clientelas, contratistas y redes de delincuentes de cuello blanco y organizaciones criminales o, por el contrario, una institucionalidad democrática en función de la ciudadanía. Tanto los dirigentes del Polo como del partido Verde tienen que estar a la altura de la historia y de las nuevas generaciones, cada vez más exigentes con los resultados de su gestión pública, la competencia de sus funcionarios y la coherencia de sus actuaciones en los gobiernos locales. Nunca como ahora el futuro de la Nación y de las nuevas generaciones se juega en el campo de las regiones. Durante los últimos doce años hemos visto como más de tres millones de compatriotas perdieron su condición de ciudadanos. En gran parte ello aconteció bajo el auspicio de las mal llamadas “Convivir” y del auge del narcoparamilitarismo, que bajo el embrujo de la seguridad democrática y con el terror infundido por las FARC, llegó triunfante hasta la Casa de Nariño. Ahora Santos pretende hacer el milagro de transubstanciar la sangre de miles de víctimas del paramilitarismo, de la guerrilla y de miembros de la Fuerza Pública que con sus delitos deshonraron su misión, en un “Gobierno Nacional” y un “Acuerdo Nacional” en aras de una demagógica “prosperidad democrática”. La última vez que vivimos una escena parecida fue durante la exultante proclamación del “Frente Nacional” y hoy padecemos sus gloriosas secuelas. Ya va siendo hora de forjar un País de ciudadanos como una tarea que compromete a varias generaciones, más allá de los resultados de las elecciones de mañana, sólo así la política y la democracia dejarán de perder por doble “U” ante falsos y tramposos jugadores con uniformes y credenciales de estadistas.

2010-06-04T07:58:00.003-05:00

DE-LIBERACIÓN
(Junio 3 de 2010)

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Fábula de la gallinita Rumbo y la Unidad Nacional

Hernando Llano Ángel

Acaba de llegar a Bogotá la más prestigiosa comisión internacional de teratología del mundo, que como se sabe es la ciencia encargada de estudiar los monstruos y las deformaciones del mundo animal y vegetal, con el fin de dilucidar la especie a la que pertenece un indescifrable monstruo político que habita en Colombia. La controversia gira en torno a sí se trata de una nueva especie avícola, de inteligencia superior o, por el contrario, es un simple truco de un pícaro prestidigitador con dotes de ventrílocuo avezado. Para tratar de esclarecer el misterio, la Comisión ha solicitado la ayuda de la Fiscalía y sus investigadores, pues la última proeza del monstruo tuvo lugar el pasado 30 de mayo, cuando alcanzó un triunfo arrasador en las elecciones sobre todos los demás contendientes, pero especialmente sobre una rara avis de largo vuelo conocida como Mockus. Después de un arduo seguimiento a Juan Manuel, los investigadores de la Fiscalía comprueban que ha ingresado a la Casa de Nariño. Allí presencian una escena insólita entre el presidente Uribe y Juan Manuel, pues ambos se saludan como simples particulares, más allá de todo protocolo oficial o aspiración política presidencial. Un típico saludo de amigos entrañables dispuestos a tratar asuntos personales. Tan personales, que la conversación gira en torno a una gallina muy popular que el Presidente llama “Rumbo” y sobre el futuro de sus tres huevos. Obviamente los de la gallina.

Prueba Reina

En la prueba aportada por los investigadores de la Fiscalía a la Comisión de teratología, se observa la forma como ambos tratan con sumo cuidado cada uno de los huevos, pues el presidente Uribe le insiste en que son muy frágiles. Especialmente el que tiene en su mano derecha, que cariñosamente llama “seguridad democrática”, y que es su preferido. A tal punto que se lo entrega a Juan Manuel para que lo cuide y lo empolle, mientras esté ausente de la Casa de Nariño, pues dentro de poco y contra su voluntad tendrá que abandonarla. Juan Manuel le responde que lo hará con mucho esmero, poniéndolo a salvo de la peste de los “falsos positivos”, inoculada por una temible y mentirosa serpiente llamada “Prensa” y un tendencioso Philip Alston, Relator de las Naciones Unidas para las ejecuciones extrajudiciales. También le asegura que por ningún motivo permitirá que dicho huevo pueda ser manipulado por peligrosos fanáticos de la legalidad y mucho menos abandonado en una verde pradera a disposición de los terroristas. Luego Uribe le enseña el segundo huevo, que es su máximo orgullo y cariñosamente llama “inversión extranjera”. Un huevo enorme, amarillo y reluciente, de cáscara impenetrable, que se lo pasan de mano en mano. Ambos sonríen con satisfacción y se miran a los ojos con emoción. Juan Manuel le recuerda que el empolló muchos de igual consistencia, cuando fue Ministro de Comercio Exterior y después de Hacienda, con enorme éxito en los mercados internacionales, dejando para el mercado interno los más pequeños y de menor calidad. Uribe le celebra tan buena gestión y levanta su dedo índice, diciéndole: “Así se hace Juan Manuel, hay que atraer más inversión extranjera”.

De repente el Presidente mira para todos los lados, como si se sintiera espiado y perseguido por la Justicia, pero Juan Manuel lo tranquiliza y le dice, dándole un par de palmaditas en su hombro, como entrañable amigo: “No te preocupes Álvaro, no te Das cuenta que tengo todo bajo control”. Y Uribe le responde: “Claro, no me preocupa nada, pero es que no encuentro el último huevito, ese de la “cohesión social”, que es tan pequeñito y maloliente, pero tan importante, pues pone a las familias en acción y rinde una barbaridad”.

A Juan Manuel le brillan los ojos, llenos de picardía, y sin disimular una sonrisita, le responde: “Álvaro, ese ya lo tengo aquí en mi mano derecha, pues es ahora el más importante y estoy seguro que el próximo 20 de junio nos rendirá mucho más”.

Así termina el encuentro entre estos dos amigos y su conversación estrictamente personal, sin referencia alguna a temas de interés público o nacional, relacionada sólo con asuntos y negocios avícolas, como se observa en el truculento vídeo realizado por agentes de la oposición infiltrados en la Fiscalía. Video que ha quedado a disposición del Procurador General de la Nación para la investigación y ejemplar sanción de los responsables de semejante ofensa y violación a la privacidad del Presidente de la República y su amigo, Juan Manuel. Por su parte, la Comisión de expertos en teratología ha dictaminado que no se trata de una nueva especie avícola sino de una conocida ave depredadora, hoy popularmente llamada “U”, de plumaje azul y rojo, pero que lleva más de medio siglo alimentándose del Estado y de los colombianos en nombre de la democracia y la “Unidad Nacional”.

2010-05-28T21:07:00.003-05:00

DE-LIBERACIÓN
(Mayo 28 de 2010)
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Un grito de independencia y decencia ciudadana

Hernando Llano Ángel.

Por estas fechas de bicentenarios históricos, el próximo domingo 30 de mayo o el 20 de junio, tendremos como ciudadanos y ciudadanas la excepcional oportunidad de escribir la historia. Podemos dejar de ser anónimos oficiantes de conmemoraciones lánguidas, como la del grito de independencia de 1810, ahogado desde entonces por la politiquería de los mercaderes que consumaron el secuestro y la posterior desaparición del interés y el bien público de la política nacional. Será nuestra oportunidad histórica para empezar a cambiar esa política que se ha escrito con sangre, odio, venganza y codicia de negociantes insaciables, en nombre de fantasmales y criminales instituciones camufladas bajo el falso ropaje de la democracia.

Impúdica y criminal “Democracia”

Hoy ha quedado de nuevo desnuda esa horripilante y tenebrosa democracia en el informe del relator de las Naciones Unidas para las ejecuciones extrajudiciales, Philip Alston, cuando señala que: “existe un patrón de ejecuciones extrajudiciales y la impunidad abarca el 98.5% de los casos”. Resalta el señor Alston: “Mis investigaciones encontraron que miembros de las fuerzas de seguridad de Colombia perpetraron un número significativo de ejecuciones extrajudiciales en un patrón que se fue repitiendo a lo largo del país”. Dado el escandaloso índice de impunidad de estos crímenes de lesa humanidad, el número de “falsos positivos” es todavía incierto, pero la cifra más próxima de semejante hecatombe es de 2.358 víctimas. Tal es el “Rumbo” que nos deja la gallinita de la Casa de Nariño y su cacareada “seguridad democrática”, ahora que al presidente Uribe le dio por comunicarse en ese lenguaje cifrado de avicultor electoral y convirtió a Juan Manuel en ave de corto vuelo y de corral. Debe estar sintiéndose incomodo semejante halcón rapaz, que pregona como propios los méritos de otros en la operación Jaque y culpabiliza a los demás de sus “falsos positivos”. Sin duda, estamos frente a un falso candidato, cuya identidad se debate entre ser un muñeco ventrílocuo o un halcón disfrazado de gallina. Pero esa mutante identidad, entre ave familiar y predadora, la refleja muy bien su intimidante rostro e indescifrable mirada, que evoca más a personajes de películas de terror que a una figura pública digna de confianza.

Condena Política

En el 2007, cuando era ministro de defensa, se registraron 507 ejecuciones extrajudiciales, el mayor número de asesinatos de jóvenes inermes. Es verdad que después de depurar las filas militares de presuntos responsables, la cifra disminuyó, pero no desapareció, como lo ha demostrado el CINEP. Lo anterior significa que tanto a Santos como al Presidente les cabe responsabilidad política por omisión, pues sólo cuando fueron presionados por las denuncias de las madres de las víctimas y del defensor del Pueblo de Soacha, pusieron mayor atención y diligencia, disminuyendo el número de ejecuciones extrajudiciales. Al respecto, el propio ex-fiscal General, Mario Iguarán, explicando el nefasto efecto de la Directiva 029 firmada por el entonces ministro de defensa, Camilo Ospina, declaró: “¿No será que el afán por el positivo y las ansias por la recompensa está generando estos graves y oscuros sucesos. Allí puede estar diciéndose que hay recompensas por $3.600.000 para cuando se trata de bajas y puede haber una interpretación infortunada que lleva a lo delincuencial”. Para concluir que la Directiva 029 configuraba “un delito de lesa humanidad y de ahí la competencia de la Corte Penal Internacional”. Pero no hay que esperar un escenario judicial tan lejano e incierto, pues la mayor sanción en estos casos no es la condena penal, sino la política, para impedir que en un futuro gobierno de Santos se sigan incubando huevos tan putrefactos para la dignidad de una sociedad y oficialmente tan mortíferos para sus miembros más jóvenes y marginados. Justamente el próximo domingo 30 de mayo el juicio ciudadano puede expresarse condenando en las urnas a Santos a una derrota ejemplar, que incluso pueda significar su extradición de la vida política nacional, pues ni ética ni legalmente está habilitado para gobernar un Estado que se reclama democrático, cuya esencia es el respeto y la vigencia de los derechos humanos de toda la población.

Escribir otra Historia

Ese mismo domingo podemos empezar a escribir otra historia. La historia de una política que no se escribe con odio, ni con la codicia de los mercaderes. De una política que no está manchada con la sangre de la venganza, ni ahogada con las migajas asistencialistas del clientelismo oficial, que jamás colmará la sed y el hambre de justicia social que padecen las mayorías. Pero para ello se precisa del grito de independencia de la ciudadanía en las urnas, de su compromiso y cotidiana responsabilidad con el bien público superior: la justicia social como fundamento de la paz y la legalidad. Es necesario elegir a quien, por su pasado y sus ejecutorias en la vida pública, ha demostrado no sólo honestidad sino sobre todo competencia en aproximarse a esas metas. Metas que son de carácter colectivo y que nadie puede alcanzar en nombre de todos, porque la política no es un asunto exclusivo de los elegidos y mucho menos de los predestinados por apellidos Non Sanctos. Es un asunto de todos. Las metas políticas, cuando son de interés y beneficio público, se alcanzan con el esfuerzo de todos los que están comprometidos con una vida pública y personal digna, que va mucho más allá de una estrecha seguridad que se agota en el cuidado armado de la propia vida o de intereses personales, familiares o empresariales. Es el momento de escribir una nueva política, con todos aquellos que comprenden que una seguridad sin equidad no sólo es precaria, es una insostenible iniquidad: una “maldad e injusticia grande”, como la define el diccionario de la Real Academia.

Por todo lo anterior, quienes están dispuestos a escribir y protagonizar esa nueva política saben que deben contribuir con más impuestos para que haya justicia y no sólo seguridad. Para que haya más educación y menos marginación. Para que exista libertad y no amenazas e intimidación. Para que se pueda confiar y no temer. Para que nunca más se repitan los “falsos positivos”. Para que la política sea una actividad libre, pública y de concertación de legítimos intereses, en lugar de ser un campo de prisioneros, un refugio de mercaderes y un pulso entre criminales, como ha quedado reducida durante estos ocho años por Uribe con la ayuda de la parapolítica y las FARC. En fin, el domingo y el 20 de junio tenemos la oportunidad de rescatar la política como una competencia ciudadana que se desarrolla en el campo de la legalidad y no como un concierto disimulado y agravado para delinquir y gobernar en beneficio del “país político”.

El domingo o el 20 de junio debemos empezar a escribir la política con letra ciudadana y comenzar a desterrar para siempre de su ejercicio a las armas, el crimen, el secuestro, el miedo y los privilegios que empolla la iniquidad de la gallinita Rumbo. Es la oportunidad histórica para cambiar de Rumbo y empezar a cultivar el árbol de la vida, cuidando entre todos ese paisaje verde y generoso que nos regala nuestra portentosa Colombia. Es la hora del triunfo del “país ciudadano” sobre el “país político”, que nos ha legado una realidad vergonzosa e intolerable, más nauseabunda y penumbrosa que el galpón donde vive la gallinita “Rumbo” y su presuntuoso propietario.

2010-05-17T13:44:00.012-05:00

DE-LIBERACIÓN

17 de Mayo de 2010

(http://calicantopinion.blogspot.com/)

Mockus y Santos: Vidas paralelas y horizontes irreconciliables.

Hernando Llano Ángel.

Un fantasma, cuyos antepasados proceden de lejanas e ignotas tierras, recorre a Colombia. Su figura es una extraña mezcla de Quijote y Moisés. Del primero tiene la inspiración de la locura y su obsesión por la justicia. Del segundo, el carácter de la ley y la fe en lo sagrado. En esta campaña por la Presidencia de Colombia su máxima aspiración es desterrar de la política la ilegalidad del crimen y la trampa, instaurando de nuevo la vigencia de la ley como garantía de igualdad y dignidad para todos. Por eso parece un profeta iluminado que proclama la sacralidad de la vida en medio de un desierto de fosas comunes que no logran ocultar los frutos de la “democracia más estable y profunda de América Latina”: cerca de 18.000 desaparecidos, según informe del Instituto de Medicina Legal en su reciente publicación: “Forensis: datos para la vida”.

Mockus, con su voz trémula y ademanes temblorosos, se enfrenta sin odio a una “seguridad democrática” que ha cobrado hasta la fecha 2.358 vidas de jóvenes anónimos y pobres, cuyas ejecuciones sumarias son denominadas con cinismo mediático como “falsos positivos”. Durante 2007 se registró el mayor número de “falsos positivos” con 507 víctimas, siendo entonces ministro de defensa Juan Manuel Santos, con quien ahora se disputa cabeza a cabeza la favorabilidad en las encuestas de opinión para alcanzar la Presidencia. Tiene sentido, entonces, hacer una comparación entre estos dos candidatos, que no sólo encarnan vidas paralelas, sino que además representan horizontes irreconciliables para el destino de Colombia.

Para empezar, hay que reconocer que Juan Manuel es un digno heredero no sólo de Uribe, sino de algo más trascendental y significativo que desde Gaitán se conoce como el “País Político”, él cual ha vivido y prosperado a costa y en contra del “País Nacional”. Ese “País Político” que en nombre de la “civilidad” y la “democracia” ha cometido genocidios y magnicidios en forma impune desde 1948 y ahora aspira a continuar haciéndolo en nombre de la “seguridad democrática”. No es gratuito que Juan Manuel proponga, entonces, que el Fiscal General de la Nación sea nombrado en adelante por el Presidente, para cubrir así lealmente todas sus fechorías y las de sus subalternos. En tal eventualidad, ya no habrá posibilidades de llamar a juicio a un ministro, como Sabas Pretelt, para que responda ante la sala penal de la Corte Suprema de Justicia por su ejemplar gestión como mercader de cargos públicos.

Tiempos Criminales

Por eso Juan Manuel rescató de la ultratumba política a ilustres hijos de prohombres como Mariano Ospina Pérez y Guillermo León Valencia, para que le levantaran su brazo derecho de fiel heredero de la “convivencia política” y la “paz” que forjaron sus padres. Se comprende que ahora Juan Manuel no tenga apellido, pues en este tramo final de campaña quiere ocultar su origen y su pasado, tan ajeno a la sacralidad de la vida y de lo público y tan cercano a la picardía de lo mundano y a las tramoyas del poder corrupto y cortesano. Poder que aspira a seguir regentando como un testaferro de Uribe o su muñeco ventrílocuo, pues apeló a su fingida voz en una cuña radial para confundir a electores incautos y luego celebrar con picardía semejante proeza de sus geniales publicistas de la mentira (J.J. Rendón). Propaganda electoral que, con el consentimiento tácito de Uribe, mancilló la dignidad presidencial de Jefe de Estado de todos los colombianos, pues se convirtió en pregonero de la “U” y de Juan Manuel. De allí que rápidamente la sacaran del aire y ya no se escuche tan destemplada cuña. Razón le asiste al destituido Gobernador del Valle, Juan Carlos Abadía, cuando reclama que “desde Uribe hasta el Alcalde” deben ser sancionados por intervención en política proselitista. Es el signo de los tiempos que corren: la ilegalidad y la criminalidad han reducido la política a una especie de concierto disimulado para delinquir y han convertido a la Casa de Nariño en una penumbrosa dependencia para conspirar contra la Corte Suprema de Justicia. En sus sótanos fue recibido “Job”, el legendario jefe de la oficina de sicarios de Envigado, por el actual Secretario de Prensa de la Presidencia y futuro embajador de Colombia en la Santa Sede, Cesar Mauricio Velásquez. Engrosará así la lista de funcionarios non sanctos en representación de nuestro desacreditado cuerpo diplomático, que después de su periplo europeo regresan a rendir cuentas ante la justicia, como Jorge Noguera y Sabas Pretelt.

De alguna manera el inexorable paso del tiempo, que no se detiene, revela tanto como oculta, y refleja bien nuestro pasado inmediato y esa ignominiosa historia de “reconciliación” llamada Frente Nacional, donde prohombres liberales y conservadores pactaron el “miti-miti” del Estado (como si fuera su Hacienda particular), repartiéndoselo durante casi medio siglo, eludiendo de paso toda responsabilidad como determinadores de “La Violencia”. Sin duda, Santos es un vástago de esa tradición de privatizar y criminalizar lo público. Por eso su facilidad para conversar en 1997 con criminales de lesa humanidad como Carlos Castaño y Salvatore Mancuso para promover una nueva edición del “Frente Nacional”, ahora en clave criminal, y forzar así la salida de la Casa de Nariño de Samper, quien se le adelantó en tratos y acuerdos financieros con otro sector más “decente y empresarial” del narcotráfico. Así las cosas, el país político pasó del “pacto de caballeros” del Frente Nacional al “pacto entre criminales”, pero sin coalición y alternancia gubernamental, pues los de cuello blanco y “manos limpias” hoy gobiernan, mientras los delincuentes comunes y sanguinarios son extraditados o eliminados. Una sutil división del trabajo sucio y una acertada combinación de todas las formas de lucha, en nombre de la “democracia más estable y profunda de América Latina”. Estable en los torrentes de sangre que la recorren y profunda en el número de fosas comunes, trincheras y minas antipersonales que la surcan.

Tiempos Ciudadanos

Pero los tiempos están cambiando. De nuevo el País Nacional, ahora más joven y citadino, empieza a reconocer que la política es un asunto ciudadano y no quiere permitir que siga siendo violada, expropiada, secuestrada y mancillada por los dueños del País Político. Ha llegado la hora de recobrar la libertad de la política, contra el chantaje del miedo y de su secuestro por intereses corporativos y privilegios familiares. Por eso el mensaje de Mockus, refrendado por su gestión pública y la de su fórmula vicepresidencial, Sergio Fajardo, ha calado tan hondo en las nuevas generaciones y en el País Nacional. Estamos frente a dos horizontes irreconciliables de la vida pública: el de la criminalidad y la impunidad política al mando del Estado o el de la ciudadanía política y la legalidad transformando el Estado. Tal es la encrucijada que debemos resolver en las próximas elecciones y ningún ciudadano puede ser ajeno a semejante responsabilidad histórica, política y ética. Si triunfa Santos, será el putrefacto País Político que se impone de nuevo sobre el naciente País Nacional que ahora se expresa con rostro imberbe de País Ciudadano. Santos celebrará y consolidará esa funesta unión de la política con el crimen, que merece el nombre de régimen Electofáctico, en tanto son los poderes de facto los que determinan quién gana y quién gobierna tras bambalinas, y no la libre voluntad de los ciudadanos.

Pero si gana Mockus, el triunfo es el de una nueva ciudadanía que no se deja manipular por el miedo y el asistencialismo gubernamental. Una ciudadanía que asume la responsabilidad de no dejarse engañar más por las mentiras oficiales que niegan las pruebas y evidencias crecientes de sus graves ilegalidades y crímenes (interceptaciones y persecución política del DAS a los opositores del Gobierno y “falsos positivos”) como tampoco se intimida frente a la violencia organizada, sea de derecha o de izquierda, institucional o ilegal. Una ciudadanía que repudia radicalmente la violencia y el crimen como fuente de legitimidad y gobernabilidad. Una ciudadanía que se expresa heroicamente todos los días en el campo, como las comunidades indígenas del Cauca cuando rechazan a las FARC y a todos aquellos actores armados que cometen execrables crímenes contra la población civil, sin importar el uniforme que porten. Como la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, acribillada y humillada por todos los actores armados, incluyendo el condecorado por Uribe Vélez con el título de pacificador de Urabá, general (r) Rito Alejo del Río, hoy privado de la libertad por crímenes contra sus líderes. Crímenes cometidos durante la gestión de Uribe como Gobernador de Antioquia (930 asesinatos entre 1995 y 1997) gracias a la promoción y defensa de las Cooperativas de Seguridad Convivir, una de las cuales fue fundada por Salvatore Mancuso en Córdoba, antes de dar su paso a la creación de la Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU) con los hermanos Castaño.

Horizonte de Criminalidad, Impunidad, Mentira y Muerte contra horizonte de Civilidad, Legalidad, Verdad y Vida.

El próximo 30 de mayo no sólo se estará definiendo quién gana. Se estará decidiendo qué tipo de sociedad somos: la tolerante con el crimen y la ilegalidad, responsable de genocidios como la “Violencia” y de magnicidios como los de Jorge Eliecer Gaitán y Luis Carlos Galán, pasando por Pardo Leal, Bernardo Jaramillo, José Antequera, Carlos Pizarro y una innumerable lista de líderes populares anónimos, sin olvidar el holocausto de la justicia y de miles de abnegados miembros de la Fuerza Pública o, por el contrario, si somos una sociedad civil responsable y decente que no está dispuesta a seguir legitimando este entramado de criminalidad política y se compromete a construir una auténtica democracia y un Estado Social de derecho insobornable.
Lo que está en juego es y si la actual generación de las redes sociales, con sus padres y mayores, gana la oportunidad histórica de empezar a tejer una sociedad incluyente y equitativa, promovida por un Estado de Justicia, donde la única excluida sea la violencia estructural de la pobreza y la personal de la venganza o, por el contrario, va a continuar gobernando la ilegalidad del crimen y la impunidad bajo la perfecta coartada de un candidato Non Sancto llamado Juan Manuel y de una cacocracia diestra en robar la confianza ciudadana y en pervertir el sentido de lo público.

Cada quien decide bajo qué horizonte vive y cuál sociedad legará a sus hijos: la de la civilidad, la legalidad y la equidad o la de la criminalidad, la impunidad y la desigualdad que hasta ahora hemos consentido por la ambición y astucia de unos pocos pícaros disfrazados de políticos; la indolencia, comodidad o necesidad de muchos que los eligen y la fútil pasividad de la mayoría que no vota. Es la hora de la verdad que rinde tributo a la vida y la legalidad o de la mentira complaciente con la muerte y la ilegalidad. De su decisión el próximo 30 de mayo o el 20 de junio depende cuál sociedad prevalecerá.

2010-04-16T10:13:00.003-05:00

DE-LIBERACIÓN
14 de Abril de 2010
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Elecciones presidenciales: Entre Parkinson y Alzheimer

Hernando Llano Ángel.

Así han sido descritas por ingeniosos cibernautas las próximas elecciones presidenciales, pues Antanas Mockus ha puesto a temblar al establecimiento político y éste cuenta a su favor con la mala memoria de muchos colombianos para asegurar su continuidad. Colombianos desmemoriados o incurablemente ingenuos, votarán de nuevo por los mismos con las mismas eternas y demagógicas promesas: seguridad, prosperidad, justicia y cambio, que llevan anunciando sin pudor alguno durante todas sus vidas consagradas al cinismo, la simulación y la mentira.

La hora del Juicio Ciudadano

Pero todo parece indicar que les ha llegado la hora y que en esta ocasión sus estrategias de simulación patriótica, manipulación del miedo y la ignorancia, sumadas al control clientelista y burocrático, no serán suficientes para contener una ciudadanía que ya está hastiada de tanta mentira, corrupción y engaño. Una ciudadanía que repudia la simbiosis de la política con el crimen, tanto el de cuello blanco de Agro Ingreso Seguro y Carimagua como el de las motosierras del narcoparamilitarismo, que son la piedra angular de una coalición gubernamental experta en hacer giros en “U” y en avanzar en contravía de la decencia, la legalidad y la democracia. De un Presidente y su candidato testaferro, Juan Manuel Santos, que son incapaces de asumir responsabilidad política alguna por las ejecuciones extrajudiciales de la “seguridad democrática” y las omisiones en la supervisión y control de Directores del DAS, como Jorge Noguera, que ineludiblemente los conducirá a ambos a responder judicial y disciplinariamente por sus extralimitaciones y omisiones en el ejercicio de sus cargos, cuando no a su procesamiento extemporáneo por la Corte Penal Internacional para subsanar la impotencia de nuestro sistema judicial. Porque estamos llegando a un punto irreversible en el conocimiento de la cadena de los responsables de los éxitos de la “seguridad democrática”, como hoy lo estamos viendo con las “chuzadas” del DAS y el terror de los “falsos positivos”, que debe conducir a una condena más eficaz que la judicial, como es la política, que se expresa en el juicio ciudadano depositado en las urnas con la derrota de quienes aspiran a continuar gobernando impunemente. Sin duda, estamos asistiendo de nuevo y de manera vertiginosa al despertar de una conciencia ciudadana que se rebela contra aquella lacerante advertencia de Sartre: “Nada hay más respetable que una impunidad largamente tolerada”, y por eso mira con entusiasmo a Mockus y Fajardo, que encarnan exactamente lo contrario.

Precisión Matemática

Una ciudadanía que empieza a encontrar con precisión matemática una fórmula presidencial que representa la antitesis de ese país político, especializado en la expoliación de lo público y en legar a las próximas generaciones un paisaje desértico y mortecino. En contraste, Mockus, Fajardo, Peñalosa y Lucho, pueden mostrar que han cultivado en sus administraciones un frondoso árbol verde, que cobija con su sombra amplios y diversos sectores sociales de nuestras ciudades, aunque sus raíces sean todavía frágiles y poco profundas. En sus administraciones han demostrado urbanismo y humanismo, seguridad y civismo, sin incurrir en los “falsos positivos” de la mal llamada “seguridad democrática”. Pero sobre todo han invertido la concepción y práctica política de los líderes del establecimiento y sus promotores, para quienes la conservación y perpetuación en el poder justifica los medios y la combinación de todas las tácticas y formas de lucha, sin límite alguno para mentir, engañar y delinquir. Por eso no dudaron en reformar un “articulito” de la Constitución; en violar los topes de la financiación para la recolección de firmas ciudadanas en el referéndum reeleccionista; en ordenar a los congresistas que “voten antes de ir a la cárcel” y en convocar reuniones de la coalición de la “U” en la Casa de Nariño para asegurar la continuidad de la “seguridad democrática” y de paso afirmar a todos los medios de comunicación que el Presidente no interviene en las campañas políticas, así como tampoco “ordena nada ilegal”.

Por el contrario, Mockus y Fajardo, con su ejemplo en Bogotá y Medellín han demostrado que son los medios utilizados los que legitiman y justifican el poder y que no todo vale en la competencia democrática. En fin, que son los medios empleados, como la deliberación con la ciudadanía y la niñez; la devolución del dinero público de la reposición oficial por los votos obtenidos en la pasada contienda electoral y la rectificación auténtica de los errores, lo que dignifica y da sentido a los fines promovidos por la política. Que la política tiene sentido como ejercicio de vida y libertad, no como empresa de muerte e intimidación. También por ello los valores que promueven los verdes son el debate entre adversarios y no el combate entre enemigos; la confianza entre los ciudadanos en lugar del miedo y la avaricia mercenaria de las recompensas; la legalidad democrática y no la impunidad de una espuria y criminal “seguridad democrática”. Los verdes no hablan de transparencia, porque bien saben que “la ética no se dice, sino que se muestra”, tanto en la gestión pública como en la vida privada. Que puede más la fragilidad de una verdad temblorosa que la firmeza de una violenta mentira.

Por todo lo anterior, las próximas elecciones presidenciales son crucialmente históricas, pues con nuestro voto podemos decidir el fin de la actual cacocracia o su consolidación non sancta, puesto que quienes hoy nos gobiernan son diestros ladrones o cacos de la voluntad y la confianza ciudadana y aspiran a seguir usufructuando la política y el Estado en beneficio propio y la legitimación del crimen, si así lo permite el alzheimer político de miles de colombianos.
Pero también las elecciones del 30 de mayo pueden significar el comienzo de una frágil y temblorosa democracia, que exigirá de todos comportarnos como auténticos ciudadanos comprometidos en la construcción y defensa de un orden legal y justo, es decir, a la altura de nuestra dignidad de seres humanos, sin delegar ni excluir violentamente a nadie en una tarea que por esencia es colectiva: la construcción de un orden político y social en el cual no haya lugar para salvadores ni líderes insustituibles y mucho menos para héroes o vengadores.

De una democracia modesta y vital que permita gobernar “contando las cabezas en lugar de cortarlas” y no la pesadilla política que hasta hoy hemos padecido y consentido, donde se cortan cabezas sin poder contarlas y gobierna la impunidad de los verdugos sobre el olvido y la humillación de las víctimas. El próximo 30 de mayo tenemos una oportunidad para poner fin al arte de gobernar como concierto para delinquir agravado y/o disimulado y sustituirlo por una fórmula ya probada por dos matemáticos en las dos principales ciudades de nuestro país: gobernar es un concierto ciudadano para debatir y convivir con libertad, confianza, equidad y legalidad.

2010-03-13T11:40:00.003-05:00

DE-LIBERACIÓN
13 de Marzo de 2010
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Prohibido girar en “U”

Hernando Llano Ángel.

En víspera de las elecciones para el Congreso, cuando ya la Corte Constitucional prohibió al presidente Uribe girar en “U por segunda ocasión, se abre un resquicio para rescatar la política y el Congreso de las redes del crimen y la ilegalidad. Redes que han tejido un complejo entramado donde se funden intereses criminales, muy bien representados en la ley 975, camuflada como de “Justicia y Paz", con la defensa de privilegios críminales como los de las Empresas Promotoras de Salud y los beneficiarios de Agro Ingreso Seguro.

No por casualidad, Mario Uribe, hoy en la cárcel por parapolítica, fue ponente de la ley 975 y Andrés Felipe Arias es el candidato del presidente Uribe en la consulta conservadora de mañana. Tal es el principal legado del uribismo: haber convertido el Congreso en la matriz de un régimen electofáctico, que legisla en función y beneficio de los poderes de facto, bien sea ilegales o legales. Por eso constitucionalizó el transfuguismo partidista e impidió la vigencia inmediata de la silla vacía, para permitir así que los herederos del narcoparamilitarismo continuaran en el Congreso. Como resultado de tales órdenes presidenciales, las bancadas mayoritarias de la “U” y el partido conservador, aprobaron la actual reforma política, cuyos hijos legítimos son partidos tan representativos de la fusión de la política y el crimen como el Partido de Integración Nacional y Apertura Liberal - DMG.

Del PIN, se sabe que es fruto de la unión de clientelas electorales bajo el control de Luis Alberto Gil y Juan Carlos Martínez Sinisterra, ambos presos en la picota por parapolítica y narco-paramilitarismo respectivamente, quienes a su vez fueron dirigentes de Convergencia Ciudadana, partido que mutó exitosamente, como por arte de magia, en el PIN. Así las cosas, sus siglas bien podría significar Partido de Impunidad Nacional o Partido de Ignominia Nacional. Quizá por ello hoy se puede leer en numerosos pasacalles y vallas, en las principales ciudades del país, lo siguiente: “PIN: el partido del Presidente. El que la gente quiere”. En cuanto a Apertura Liberal, es la metamorfosis de DMG en la política, para así ampliar su prontuario de estafadores financieros a la arena política como defraudadores de la confianza y la ingenuidad ciudadana.

Contra este panorama de criminalización creciente de la política, cuyo máximo responsable es el presidente Uribe, cabalgando sobre el caballo apocalíptico del miedo y la guerra, con su nefasta estela de “falsos positivos” y cerca de 4 millones de desplazados, asociado a la ambición desmedida del poderoso “Don dinero” --que hoy incluso denuncia en su informe sobre los Derechos Humanos en nuestro país el Departamento de Estado norteamericano-- es que mañana puede pronunciarse todo colombiano y colombiana que tenga noción de la dignidad y la decencia y no esté bajo el embrujo de la cínica y criminal “seguridad democrática”, o esté convertido en un rehén de políticas asistencialistas y menesterosas como “familias en acción” y otros subsidios oficiales.

Afortunadamente hay una opción amplia de partidos y candidatos empeñados en depurar la política del crimen, que pasan el escrutinio de su pasado sin que sus manos y conciencias estén ensangrentadas por haber auspiciado formas legales de delinquir, como las Convivir, tan furibundamente promovidas y defendidas por el entonces gobernador de Antioquia y hoy presidente Uribe.

El poder judicial, con la sala penal de la Corte Suprema de Justicia y la Corte Constitucional, han dado ejemplo de su coherencia en la aplicación de la ley penal y la defensa de la Constitución. La primera ha vinculado penalmente por asociación de políticos con el crimen, mediante la llamada parapolítica, a 86 congresistas, 48 del Senado y 38 de la Cámara. Del anterior número, 14 pertenecen al ahora partido presidencial de la “U”; 15 al partido conservador, adalid de los valores y las buenas costumbres; otros 15 al glorioso partido liberal y 13 más al decente Cambio Radical. Los restantes se distribuyen entre Convergencia Ciudadana, Alas Equipo Colombia; Colombia Democrática; Colombia Viva y Apertura Liberal, que se han mimetizado en nuevas siglas como el PIN y Apertura Liberal-DMG.

Semejante prontuario político criminal da suficientes elementos de juicio para votar conscientemente y no contribuir, por desconocimiento o ingenuidad, a reelegir delincuentes disfrazados de políticos. No hay que olvidar que las elecciones nos dan la oportunidad de ser los jueces de última instancia y que mediante ellas decidimos que valores e intereses serán los que determinan la calidad de nuestras vidas y el tipo de relaciones humanas que tengamos.

Que predominen los valores de la dignidad y la decencia o los del crimen, la ambición y el cinismo, es una decisión irreversible. Por eso seguir retrocediendo en “U” o haciendo pilatunas y pi(n)ruetas no es una opción. La Corte Constitucional prohíbe girar en “U” y las normas de la prudencia y la decencia también. De lo contrario, seguiremos extraviados en el laberinto uribista de la política y el crimen. Mañana tenemos una valiosa oportunidad para empezar a salir del mismo y liberarnos del embrujo de la cínica y criminal “seguridad democrática”.

2010-01-29T15:33:00.005-05:00

DE-LIBERACIÓN
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Enero 23 de 2010

HORIZONTE POLITICO TOTALMENTE VICIADO
(Exclusivo para el Seminario Virtual Caja de Herramientas)

Hernando Llano Ángel.

Comienzan las campañas electorales y perdemos el horizonte en nuestras ciudades. Los pasacalles con consignas pueriles y las vallas gigantes con los rostros sonrientes de cientos de candidatos, nos ocultan el sol durante el día y en las noches nos roban la luna y las estrellas. Se produce una especie de eclipse total y nos sentimos extraviados. Hasta el horizonte de nuestras vidas parece diluirse en medio de tanta contaminación visual. Semejante desmesura en la publicidad, apenas logra ocultar promesas eternas, siempre repetidas con mucha “originalidad”: “El senador firme con la seguridad” (Santiago Castro, del Partido Conservador), “Luchando por un país justo” (Alexander López, del Polo Democrático Alternativo), “Lideremos el cambio” (Adriana Barragán, Cambio Radical) y “Participá o mamate la politiquería” (Juan Fernando Reyes, de Fajardo y Alianza Social Indígena). Aunque en muchos otros casos las consignas revelan verdades atroces e incluso desvelan las identidades de candidatos cuya ambición no conoce barreras y su vocación de tránsfugas es tan radical que siempre militan de frente en el bando ganador, como aparece en las vallas de Roy Barreras: “De frente con el Presidente”, del partido de la “U”. Una campaña elocuente, pues Uribe queda al descubierto tras esas gigantes y costosas vallas en su condición de Presidente-candidato. Es el mejor ejemplo de “tramparencia electoral”, según el corrosivo humor político de “El Cucuyo”.

“Lo llevo en la sangre”.

Pero en la transparencia de consignas electorales, la Alianza Democrática Nacional (ADN) es la ganadora absoluta, pues su lema reza: “lo llevo en la sangre”. Es decir, la política para ADN es una especie de herencia genética, transmitida de generación en generación, como si fuera un asunto de filiación atávica y no de afiliación racional. Así las cosas, el legado que han heredado es un lastre de ignominia, antes que un cúmulo de virtudes, pues uno de sus antepasados inmediato, además de su matriz, el partido “Colombia Viva” , fue el desaparecido movimiento “Convergencia Ciudadana” y en especial los genes electorales aportados por el ex senador Juan Carlos Martínez Sinisterra, cuya riqueza de genes también alcanzó para el nacimiento del Partido de Integración Nacional (PIN). Como es sabido, Martínez se encuentra en prisión por sus estrechas relaciones con el narcoparamilitarismo en el Valle del Cauca. Al respecto, no hay que olvidar que el ex senador Martínez aportó una cuota no despreciable de votos a su amigo Juan Carlos Abadía, hoy gobernador del Valle y adalid de la “seguridad democrática” en la región. Seguramente por ello ADN se presenta también en la propaganda electoral de sus vallas como “Uribismo de opinión”, con el beneplácito del presidente Uribe, para camuflar su descendencia directa y legítima de “Colombia Viva” y “Convergencia Ciudadana”. Lo curioso es que el presidente Uribe, tan sagaz en materia política, siempre alerta a denunciar los “guerrilleros vestidos de civil” y la “combinación de todas las formas de lucha”, no vea estos fenómenos de mutación criminal y mimetismo político, de los cuales se aprovecha y saca ventajas electorales sobre sus competidores. Ello lo sabe bien el aspirante al senado por ADN, Carlos Moreno de Caro, que no se pierde ni un Consejo Comunal presidencial. Incluso parece que Uribe de repente perdiera su prodigiosa memoria, pues olvida que él mismo extraditó a Hebert Veloza, alías “H.H”, ex comandante del Bloque Pacífico, y responsable de la masacre del Naya, según su propia versión ante la Fiscalía. Versión en la que también reveló la forma como electoralmente favoreció a Convergencia Ciudadana y en particular al ex senador Juan Carlos Martínez en las pasadas elecciones al Congreso.

Coherencia electoral más ilegitimidad democrática = Uribismo triunfante.

De lo anterior se concluye que en ese comportamiento político del presidente Uribe hay tanta coherencia y “tramparencia” electoral como incongruencia ética e ilegitimidad democrática, pues también se benefició en las pasadas elecciones de los votos aportados por movimientos como “Colombia Democrática” (que fundó con su primo segundo Mario Uribe) “Colombia Viva” y la misma “Convergencia Ciudadana”, todos inexistentes porque algunos de sus dirigentes y ex congresistas se encuentran en la cárcel por concierto agravado para delinquir. Por eso es que el horizonte político y electoral está totalmente viciado, pues gran parte de la opinión ciudadana ha refrendado esta simbiosis de la política con el crimen, a la cual no es ajena la llamada “seguridad democrática”, cuyos éxitos jamás podrán ocultar y mucho menos legitimar los asesinatos de jóvenes inocentes, cínicamente denominados falsos positivos. Por último y como para no desentonar con el anterior desolador horizonte político y ético, el Procurador Ordoñez, caracterizado por sus escrúpulos morales, reconoce en su concepto sobre el trámite de la ley de referéndum que se cometieron muchos vicios, pero que todos son subsanables porque la voluntad soberana de los ciudadanos prevalece sobre cualquier formalidad. Olvida el procurador que no puede existir legitimidad democrática sin acatamiento de la Constitución, pues como bien lo señala el artículo 3 de la Carta del 91 “La soberanía reside exclusivamente en el pueblo, del cual emana el poder público. El pueblo la ejerce en forma directa o por medio de sus representantes, en los términos que la constitución establece”. Es decir, con estricto cumplimiento de las formalidades establecidas en la Carta y la ley 134 de 1994, a las cuales debe someterse el pueblo, por más mayoría que sea, con absoluto respeto del Estado de derecho, de los adversarios y las minorías políticas, cuando se trata de una auténtica democracia y no de una simulada como es la que siempre hemos tenido.

Mayorías Inexistentes

Pueblo que, entre otras cosas, no deja de ser una invención fantasmagórica y mediática, antes que una mayoría política, pues Uribe gobierna sólo con el respaldo del 27.67 por ciento del censo electoral, ya que obtuvo 7.397.835 votos en el 2006 de un censo total de 26.731.700 ciudadanos habilitados para votar. En vista de lo anterior, incluso el argumento político de la soberanía popular es una falacia más endeble que los supuestos argumentos jurídicos del Procurador Ordoñez. Así las cosas, no hay que perder de vista lo esencial, que en nuestro sistema político no deciden y mucho menos eligen las mayorías, sino las minorías concurrentes en las urnas, que ni siquiera alcanzan el 30% del censo electoral, en el caso de la elección presidencial. Y ello es casi una refrendación matemática de nuestra realidad de exclusión y segregación social, pues cerca del 70% de nuestra población vive en la informalidad del rebusque y la precariedad laboral. Quizás por todo ello los delegatarios en la Asamblea nacional Constituyente, que fueron electos también con apenas el 26 por ciento del censo en 1990, decidieron que la Constitución podía reformarse mediante referéndum si participaba al menos el 25 por ciento y la mitad más uno votaba positivamente la reforma propuesta.

Entonces llegamos a la conclusión más paradójica y preocupante, pues en nombre de una imaginaria democracia participativa, minorías que no superan el 13 por ciento del censo actual pueden decidir la suerte de la mayoría y con cinismo proclamar que encarnan la voluntad general y la soberanía popular. Definitivamente un horizonte político totalmente viciado, más allá de las irregularidades en la financiación y el trámite de la ley de referéndum, sumadas a las mutaciones y mimetismos de la parapolítica en movimientos como el PIN y ADN, que millones de electores, más no de ciudadanos política y éticamente responsables, parecen estar dispuestos a respaldar en las urnas para afianzar un uribismo cínico y triunfante que gobierna con una fórmula política que fusiona el miedo a las FARC con la codicia empresarial, el asistencialismo de Acción Social y el clientelismo de los Consejos Comunales, bajo siglas mentirosas como la “Seguridad democrática” y el “Estado Comunitario”, desde un supuesto “trono de superioridad moral”, según calificación del inefable José Obdulio Gaviria.

Posdata: Según últimas noticias, el Consejo Nacional Electoral acaba de suspender la personería jurídica de ADN, por irregularidades legales en su constitución, una de las más graves la intervención de los ex senadores Dieb Malof y Vicente Blel, quienes propiciaron la mutación y conversión de “Colombia Viva” en ADN. Igual suerte debería correr el PIN y por los mismos motivos, pues proviene de “Convergencia Ciudadana”, cuyo fundador, el ex senador Luis Alberto Gil Castillo y su correligionario, Juan Carlos Martínez, están presos. El mismo destino deberían correr todos los movimientos que representan el llamado “Uribismo de opinión”, como el partido de la “U”, pero los únicos competentes para imponer esa sanción somos los ciudadanos en las urnas el próximo 14 de marzo y el 30 de mayo. Vale la pena no olvidar a Edmund Burke: “Los políticos corruptos son elegidos por ciudadanos honestos que no votan”.

2009-12-14T11:52:00.003-05:00

DE-LIBERACIÓN
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(Diciembre 11 de 2009)

Una terna convertida en trinca

Hernando Llano Ángel.

En la controversia generada entre el presidente Uribe y la Corte Suprema de Justicia por el nombramiento del Fiscal General de la Nación, encontramos uno de los pasajes más reveladores de la profunda crisis en que se encuentra extraviada, por no decir refundida, la institucionalidad democrática en nuestro país. Por ello, bien vale la pena analizar el trasfondo de la controversia, que es eminentemente político, pues se trata de un asunto de poder, antes que de simple interpretación constitucional y legal. Y en tanto es un asunto de poder político, hay que empezar por reconocer lo que es una realidad pública inocultable e irrefutable, que incluso se ha venido consolidando desde la Constitución del 91, pero que ha alcanzado una notoriedad escandalosa durante estos últimos siete años. Y es la relación simbiótica que se ha establecido entre la política y la criminalidad organizada, a tal punto que hoy forman una realidad inseparable y es ya casi imposible discernir donde comienza una y termina la otra. De alguna manera esta extraña y perversa relación tuvo su mejor expresión en el derogado artículo 35 de la Carta del 9l, “que prohibía la extradición de colombianos por nacimiento”, consagrando así una especie de impunidad constitucionalizada en beneficio del narcotráfico. Pero eso ya es un asunto del pasado.

Un presente de impunidad legitimada

En el presente, en estos días que corren, la cuestión es mucho más tenebrosa, pues el narcotráfico se ha convertido en la coartada perfecta para burlar la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas del paramilitarismo, mediante el uso discrecional que ha hecho el presidente Uribe de la extradición. Un uso que objetivamente nos revela que para el Ejecutivo es de mayor gravedad el crimen del narcotráfico que los delitos de lesa humanidad cometidos por las bandas del narcoparamilitarismo contra miles de colombianos. Delitos de los cuales se beneficiaron políticamente todos aquellos Senadores y Representantes que concertaron con los comandantes paramilitares los resultados en aquellas elecciones donde, no por pura casualidad o libre voluntad de los ciudadanos, ellos resultaron ganadores. Delitos que han sido investigados con rigor e independencia por los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, al punto que hasta la fecha han sido formalmente vinculados 85 congresistas, la mayoría de ellos pertenecientes a la coalición uribista de gobierno. Y ha sido esta labor de desvelar las relaciones entre la política y el crimen lo que tanto ha indispuesto a Uribe contra la Corte, al extremo de tratar de desprestigiarla frente a la opinión pública, tildándola incluso de haber politizado su labor judicial, cuando la realidad demuestra lo contrario: es la política oficial la que se ha criminalizado. No de otra forma puede entenderse la obsesión del mismo presidente Uribe por defender como delito de sedición los crímenes cometidos por los paramilitares, al incorporar semejante adefesio en la ley 975 de 2005, afortunadamente declarado inexequible por la Corte Constitucional. Pero lo que suele olvidarse es que en el diseño de semejante tramoya política y judicial tuve un papel protagónico el Ex Fiscal General, Mario Iguarán, cuando se desempeñaba como Viceministro de Justicia. Después de 4 años de aplicación de la ley 975, cínicamente llamada de “Justicia y paz”, no hay una sola condena por los crímenes de lesa humanidad cometidos por los paramilitares y hoy la verdad se encuentra extraditada. La impunidad parece legitimada. Por ello tiene toda la razón el juez Baltazar Garzón, cuando recientemente señalaba que no se “puede anteponer un delito de narcotráfico contra uno de lesa humanidad”, en el reciente examen de dicha ley realizada por el Centro Toledo para la Paz. El deplorable balance de su aplicación, acompañada de la extradición de los principales ex comandantes paramilitares, se convierte así en el principal argumento político y jurídico a favor de la Corte Suprema de Justicia para insistir en la plena independencia que debe tener el nuevo Fiscal frente al Ejecutivo, como en su probada competencia en el área penal, pues el mismo alto comisionado para la paz, Frank Pearl, ha señalado que “este es el proceso de reparación más sofisticado del mundo”.

Una trinca en lugar de una terna

Con la reciente renuncia de la abogada Virginia Uribe y su remplazo por la abogada Margarita Leonor Cabello Blanco, la terna inicial del presidente Uribe queda de nuevo reducida a una persona, su verdadero candidato, Camilo Ospina, pues el magistrado del Consejo Estado, Marco Antonio Velilla, está tan distante del derecho penal y de la política criminal como la señora Cabello Blanco, experta en diversas áreas, excepto en derecho penal. Por el contrario, Camilo Ospina, ex ministro de Defensa, si está muy familiarizado con la política criminal, pues fue el autor de la fatídica Directiva 029 de dicho Ministerio, que reglamentó el pago de las recompensas a particulares por aquellas informaciones que permitieran la captura o baja de miembros de la guerrilla. Lo grave es que dicha circular tiene una relación directa de causalidad con las ejecuciones sumarias, mal llamadas “falsos positivos”, pues a partir de su aplicación ellas empezaron a aumentar exponencialmente. Incluso el entonces Fiscal General, Mario Iguarán, expresó que: “¿No será que el afán por el positivo y las ansias por la recompensa está generando estos graves y oscuros sucesos. Allí puede estar diciéndose que hay recompensas por $3.600.000 para cuando se trata de bajas y puede haber una interpretación infortunada que lleva a lo delincuencial”. Para concluir que la Directiva 029 configuraba “un delito de lesa humanidad y de ahí a la competencia de la Corte Penal Internacional”.

Por eso la improcedencia, por no decir que la impostura ética, política y hasta judicial de postular el presidente Uribe en dicha terna a Camilo Ospina. ¿Podrá Camilo Ospina ordenar la investigación por ejecuciones sumarias de jóvenes civiles inermes que, indirectamente, fueron víctimas de la Directiva 029 firmada por él como ministro de defensa? ¿Cómo puede entender la comunidad internacional, empezando por la ONU, que sea nombrado Fiscal General de la Nación, Camilo Ospina?

No hay que olvidar que la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Navanethem Pillay, no descartó que en el caso de las ejecuciones extrajudiciales pueda intervenir la Corte Penal Internacional. Al respecto expresó: "Estamos observando y manteniendo un registro de ejecuciones extrajudiciales, y parece que es sistemática y difundida esta práctica". Dijo que la meta es que las autoridades nacionales investiguen y entreguen resultados, pero cuando un país no tiene la posibilidad o la voluntad de investigar, "en esa otra situación la CPI tendría autoridad para intervenir”.
Por todo lo anterior es que se puede concluir que la terna se convirtió en una trinca. Las tres acepciones que trae el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española (www.rae.es) describen perfectamente nuestra situación, pues trinca significa: “1f. Conjunto de tres cosas de una misma clase. 2. f. Conjunto de tres personas designadas para argüir recíprocamente en las oposiciones. 3. f. Grupo o pandilla reducida de amigos”.

Para eludir la coyunda de semejante trinca presidencial, la Corte Suprema de Justicia ha rechazado hasta la fecha la terna presentada por el presidente Uribe, señalando que no cumple con los requisitos de idoneidad e independencia que requiere ser Fiscal General de la Nación, entre cuyas funciones está, según el numeral 4 del artículo 251 de la Constitución Política: “Participar en el diseño de la política del Estado en materia criminal y presentar proyectos de ley al respecto”. Por ello sería un absurdo y una claudicación de los magistrados de la Corte frente al Estado de derecho y la ética de los Derechos Humanos si ceden a la presión del Ejecutivo y nombran a Camilo Ospina como Fiscal General.

Entonces se estaría consumando, una vez más, la lúcida descripción de García Márquez sobre el sentido de la ley en nuestra cultura política y el ordenamiento jurídico: “En cada uno de nosotros cohabitan, de la manera más arbitraria, la justicia y la impunidad; somos fanáticos del legalismo, pero llevamos bien despierto en el alma el leguleyo de mano maestra para burlar las leyes sin violarlas, o para violarlas sin castigo”. Tal sería el panorama de la persecución del crimen con Camilo Ospina como Fiscal, una especie de reencarnación del inefable Camilo Osorio y su penumbroso e impune paso por la Fiscalía General de la Nación. De consumarse su nombramiento, será inevitable en el futuro la intervención de la Corte Penal Internacional para subsanar los casos más escandalosos e inadmisibles de impunidad. Entonces estaremos frente al mayor legado histórico de Uribe: el desmantelamiento y la impotencia del Estado Colombiano en todos los ámbitos, militarmente dependiente de Estados Unidos; económicamente empeñado al FMI y el Banco Mundial y judicialmente en manos de la Corte Penal Internacional o de la justicia norteamericana, ya saturada de extraditados. Pero para consumar semejante proeza, Uribe sabe que precisa de otros cuatro años más.

2009-11-02T23:34:00.005-05:00

DE-LIBERACIÓN
Octubre 31 de 2009
(http//:calicantopinion.blogspot.com)

¿Un Estado de opinión putrefacto o una opinión en estado de putrefacción?

Hernando Llano Ángel.

Es tal el cúmulo de escándalos de corrupción que se amontonan en la vida política nacional, que bien vale la pena preguntarse si la putrefacción es la esencia del famoso Estado de opinión proclamado por el presidente Uribe o, quizás suceda lo contrario, y dicho Estado sea la expresión más fiel de una opinión putrefacta, que convalida sin ningún escrúpulo el escándalo de cada nuevo día. Es probable que un asunto tan estrechamente relacionado con la esencia de nuestro régimen político, irrigado desde la Violencia hasta nuestros días con la sangre y el sudor de muchos para la fecundidad y la riqueza de unos pocos, no se pueda plantear bajo esa falsa disyuntiva. De alguna forma la realidad actual es el producto más logrado de la conjunción de ambas dimensiones. Un Estado de opinión tan descompuesto tiene su sustento en una opinión putrefacta, que no merece el calificativo de ciudadana.

Vidas desechables y dineros sagrados

Una opinión para la cual la corrupción de Agro, Ingreso Seguro es más intolerable que aquella que ha engendrado los “falsos positivos”, cuya matriz es la intocable y “exitosa” política de “Seguridad democrática”, es una opinión tanática y putrefacta. Una opinión que considera que la vida de jóvenes citadinos y de campesinos anónimos no tiene casi valor, pues su crecimiento desbordado y marginal los convierte en materia desechable y también reciclable. Lo saben bien todos los reclutadores de la muerte, que tanto ganan con la guerra. Empezando por aquellos que en nombre de la paz invierten millones de dólares en la remodelación de Bases Militares e invocan la Patria para simular soberanía y violar la Constitución. Continuando con los soldados campesinos que son inmolados como héroes de la patria o los campesinos guerrilleros desmembrados y desaparecidos como terroristas apátridas. Hasta aquellos cientos de miles que son desplazados y oficialmente declarados migrantes, según la cínica semántica de una obtusa inteligencia oficial. Pero los anteriores costos son insignificantes y colaterales, pues la inversión de capital nacional e internacional ha crecido exponencialmente y la seguridad se ha recuperado en todas las carreteras, aunque ellas cada día sean menos transitables. En contraste con la anterior minusvalía de la vida pobre, el dinero de los impuestos es sagrado y no se puede tolerar que continúe irrigando en forma irreversible los ubérrimos predios de la agroindustria dedicada a los biocombustibles. El Ministro de agricultura debe ser censurado y destituido.

Por el contrario, quien fuera ministro de defensa, Juan Manuel, como un santo varón, se convierte en precandidato presidencial y en digno heredero de los éxitos y también crímenes de la “seguridad democrática”. Es la inversión absoluta de la vida y sus valores de libertad y dignidad, subordinados a los imperativos del mercado y la seguridad de sus codiciosos inversionistas. Es la corrupción irreversible del Estado, anunciada en forma premonitoria y precisa en los siguientes términos, casi ministeriales, por José Vicente Castaño, en su fallida transición de comandante de las AUC a empresario exitoso, en una entrevista concedida a la revista Semana en junio de 2005: “En Urabá tenemos cultivo de palma. Yo mismo conseguí los empresarios para invertir en esos proyectos que son duraderos y productivos. La idea es llevar a los ricos a invertir en ese tipo de proyectos en diferentes zonas del país. Al llevar a los ricos a esas zonas llegan las instituciones del Estado. Desafortunadamente las instituciones del Estado sólo le caminan a esas cosas cuando están los ricos. Hay que llevar ricos a todas las regiones del país y esa es una de las misiones que tienen todos los comandantes.” Sin duda, el espíritu que inspira la política de Agro, Ingreso Seguro.

La putrefacción del Estado de opinión

Es la putrefacción del Estado como consecuencia lógica de la máxima corrupción de la política: su reducción a una guerra sin más horizonte que la muerte o la derrota del contrario. La llamada guerra contra el narcoterrorismo. A partir de entonces incluso la naturaleza es convertida en mortífera enemiga. Ella es “la mata que mata”. Debe ser fumigada con glifosato, expoliada e incluso exterminada. Y sus pobladores, cultivadores y comercializadores, convertidos en “culebras y sabandijas”, según la opinión presidencial, deben ser bombardeados, interceptados, capturados y extraditados hasta su rendición o aniquilación total. Para ello se dotará a siete Bases Militares colombianas de sofisticados dispositivos de inteligencia y se contará con un contingente de sacrificados militares y técnicos norteamericanos, expertos en la “mata que mata”, por un período de al menos 10 años. Incluso aquellos que pongan en duda el triunfo ineluctable del “Estado de opinión” sobre el peligroso estado de naturaleza y sus depredadores, serán sometidos a un tratamiento preventivo y reeducados bajo la asesoría científica del Psiquiatra y filósofo Luis Carlos Restrepo, conocedor como pocos de los efectos mortales de la “fruta prohibida”. En caso de no surtir efecto tal tratamiento, los apátridas serán extraditados a Estados Unidos, aunque allí oficialmente se empiece a considerar el asunto de la guerra contra las drogas como una derrota cumplida, pues el verdadero enemigo lo tienen en casa y se llama extra-adicción. Una forma más personal y sofisticada de putrefacción del espíritu y el sueño americano, el cual obviamente no puede ser fumigado con glifosato, pues su alto contenido tóxico y letal afectaría grave e irreversiblemente la salud del pueblo norteamericano.

2009-10-02T10:37:00.003-05:00

PARÁFRASIS DE LA CRIMINALIDAD POLÍTICA
(Octubre 2 de 2009)

(http://calicantopinion.blogspot.com)

Hernando Llano Ángel.

1- En Colombia la justicia no se ha politizado. Es el crimen el que se ha politizado.

2- Vivimos en una sociedad tan criminalizada, que ya nadie habla de comprometerse sino de involucrarse.

3- El signo de los tiempos: Los verdugos gobiernan y las víctimas emigran.

4- El progreso electoral: Pasamos de partidos políticos a microempresas electorales y de microempresas a organizaciones criminales.

5- Título de la obra: Referéndum Reeleccionista. Banda Musical: Concierto para delinquir. Vocalista: Luis Guillermo Giraldo. Autor: Álvaro Uribe Vélez.

6- Ejecutorias presidenciales: El narcotráfico se ha politizado; la verdad se ha extraditado y la política se ha criminalizado.

7- Evocación nostálgica: Hace 17 años que Pablo abandonó La Catedral.

2009-09-09T18:33:00.003-05:00

DE-LIBERACIÓN
(Septiembre 9 de 2009)

EL RÉGIMEN URIBEFÁCTICO: QUINTAESENCIA

DE LA TRAMOYA NACIONAL

Hernando Llano Ángel.

Álvaro Uribe Vélez encarna la quintaesencia de la tramoya nacional, nombre benévolo y noble para designar nuestra realidad política, que nunca ha dejado de ser “un enredo dispuesto con ingenio, disimulo y maña”, para ocultar bajo la etiqueta de una impúdica y mentirosa democracia esta ubérrima hecatombe. Pero hay que ser justo con Uribe y su histórica obra de gobierno, imposible de culminar en dos efímeros períodos presidenciales de cuatro años. Uribe requiere de más tiempo. No es un gobernante cualquiera. Él marca un cambio de época y de régimen.

Un tránsfuga plebiscitario

Para empezar, con su triunfo en el 2002 rompe la tradición histórica del partido liberal, pues como candidato disidente alcanza la Presidencia de la República. Pretensión en la que fracasaron líderes con estatura política y ética muy superior, como Jorge Eliécer Gaitán y Luis Carlos Galán. Ambos fueron asesinados por levantarse contra la violencia más execrable y criminal, aquella que defiende sin límites la codicia de los privilegiados y las ambiciones insaciables de los nuevos ricos, eufemísticamente conocidos como los emergentes. Todo lo contrario representa Uribe. Basta recordar su paso por la Gobernación de Antioquia (1995-1997), su entusiasta defensa de las Convivir, su condecoración al General (r) y hoy encarcelado, Rito Alejo del Río, y la macabra estela de 939 víctimas de grupos paramilitares, que comienza en su primer año de Gobernador con 143 asesinatos, en el segundo supera el doble, con 357 y cierra con un broche de sangre de 439 víctimas. Con razón el excomandante paramilitar Freddy Rendón, más conocido como el “Alemán”, hablando sobre las afinidades políticas de Carlos Castaño con Uribe, reveló que: “Cuando aparece Uribe con ese discurso, Carlos decía: Uribe es el hombre con el que nosotros vamos a hacer la negociación, porque es antioqueño, porque es cercano a amigos nuestros, porque fue quien impulsó las Convivir y todas se convirtieron en autodefensas, porque Pedro Juan Moreno era cercanísimo a Carlos, yo lo ví muchas veces reunido con él. Y además surge con un discurso igualito al de Carlos. ¿En que sentido? Recogía ese ideal de la autodefensa, que había que tener una mano fuerte contra la guerrilla, que había que liberar los territorios para que el Estado entrara a ejercer soberanía. Que el monopolio de las armas tenía que estar en manos del Estado. Entonces, nosotros nos identificamos en ese momento y además cuando ese hombre surge como candidato presidencial, todo se volcó a un apoyo irrestricto en las regiones” . Justamente ese cambio de época está dado por su capacidad para utilizar en beneficio propio los mecanismos de participación ciudadana consagrados en la Constitución del 91, como acudir al referéndum para su segunda reelección, y manipular el miedo a las FARC y la ingenuidad política de millones de colombianos para convertirse así en un tránsfuga plebiscitario, que con sus firmas y en nombre de “Primero Colombia” ha llegado en dos ocasiones a la Presidencia.

Ahora pretende serlo por tercera vez, pero en nombre de “Colombia Primero”, fundación que violó los topes de financiación para la recolección de firmas y recurrió a los generosos aportes de empresas emergentes, como Transval, la encargada de transportar los valores de DMG. Sin duda, Uribe y sus correligionarios, además de ser profesionales del transfuguismo son habilidosos mercaderes de la política. No coincidencialmente Sabas Pretelt, ex presidente de Fenalco, coronó con éxito la negociación con los paramilitares y concertó con Yidis Medina y Teodolindo Avendaño la reforma de ese “articulito” de la Constitución, según otra famosa expresión de Fabio Echeverri Correa, ese prototipo de empresario y líder antioqueño. Quedan así resumidos los sustentos de la legitimidad plebiscitaria de Uribe: la violencia paramilitar, la codicia de la politiquería, y el miedo de la población, engendrado y alimentado por el terror de las FARC, convertidas en las mejores promotoras de su éxito gubernamental. Pero en esta tercera campaña hay que añadir 2.03 Billones de pesos del programa Familias en Acción para 2.7 millones de hogares, lo cual constituye una cuota inicial nada despreciable para continuar Uribe en su interminable campaña electoral, apenas comparable con Chávez en Venezuela.

El Régimen Uribefáctico

Con el arribo y la prolongada posesión de Uribe de la casa de Nariño, la política se ha convertido en una gran tramoya, “esa máquina para figurar en el teatro transformaciones o casos prodigiosos”, como es pretender proyectar en el escenario nacional e internacional la imagen de un “Estado de Opinión”, que se autoproclama superior al Estado de derecho y todo ello en nombre del pueblo y la democracia. En la página Web de la Presidencia, el 11 de Junio de 2009, se puede leer este titular: “No es el Congreso quien garantiza la reelección sino el voto del Pueblo: Uribe” y también “La Constitución del 91 eliminó la reelección por componendas políticas. Le quitó ese derecho al pueblo simplemente por componendas políticas”. En fin, un régimen sincrético, producto de esa alianza ignominiosa entre privilegios sociales con criminales privilegiados y de violencia atroz (“falsos positivos”) con imágenes publicitarias (“Colombia es pasión”). Privilegios como los de las grandes empresas y el sector financiero, que en el 2008 reportaron ganancias, respectivamente, por 29.8 y 10.8 Billones de pesos, gracias a la “seguridad democrática”. En el pasado reciente las obtuvieron con la “para-seguridad” brindada por criminales profesionales, hoy traicionados y extraditados a Estados Unidos, para evitar que continuaran revelando los secretos y nombres de los principales artífices de esta tramoya nacional. De aquellos que esperan seguir beneficiándose otros cuatro años e indefinidamente, aún por interpuesta persona. Incluso lo ha dicho “el Alemán”: “Uribe hizo mucho por el país, pero ya es el momento de entregarle el poder a otras personas”. Candidatos sobran para ello. Incluso con perfiles más democráticos y hasta discurso “alternativo”, pero fieles herederos de la “seguridad democrática”. Ya lo había advertido con lucidez otro Álvaro, en la crisis del 8.000, cuando escribió “lo que hay que tumbar es el régimen” y no sólo al Presidente. Y Uribe lo comprendió perfectamente. Consolidó un régimen de criminales poderes de facto. En su cúspide brilla la mezquindad y la soberbia, disfrazadas de democracia y Estado de opinión. En su base abunda el hambre, la codicia, el odio y la revancha a disposición del mejor postor, las más altas recompensas, los menesterosos subsidios y el más hábil embaucador. Como en el pasado, el oro y la escoria se dan la mano. Un clásico como Montesquieu, en su célebre “Espíritu de las Leyes”, escribió: “El gobierno despótico tiene por principio el temor; ahora bien, los pueblos tímidos, ignorantes y abatidos no necesitan muchas leyes. Todo estriba en dos o tres ideas: no se precisa más. Cuando se amaestra a un animal se cuida que no cambie de maestro, de lección ni de paso, y se impresiona su cerebro con dos o tres movimientos nada más”. En efecto, bastó con cambiar un “articulito” y repetir todos los días: “seguridad democrática”, “confianza inversionista” y “cohesión social”. Ahora el animal parece estar domado y el domador no se quiere bajar. Sobre su lomo toma plácidamente tinto y abusa de su ingenuidad y torpeza sin cesar. Ilusamente cree que gobernar es lo mismo que cabalgar. Pero el potro de la ilegitimidad democrática sobre el cual cabalga es brioso y ningún domador, por mañoso o experto que sea, ha logrado llegar a la meta sin antes perder los estribos y morder el polvo de la ignominia, que es peor que una derrota. Como en un espectáculo de rodeo, es cuestión de tiempo su vergonzosa caída. Entonces el público lo chiflará, aunque antes lo haya aplaudido y alentado en su frustrada osadía.

2009-08-13T17:37:00.002-05:00

DE-LIBERACIÓN
(Agosto 13 de 2009)

A PROPÓSITO DE LAS BASES MILITARES

Rescato de mis archivos la columna titulada “Los Otros”, escrita para la edición del periódico EL PAÍS del viernes 1 de Febrero de 2002, pero que nunca fue publicada y causó la terminación unilateral de mi contrato y la desaparición de sus páginas de opinión de la columna “Calicanto”. Lamentablemente conserva plena actualidad, pues en ella se hace alusión a la propuesta electoral del entonces candidato presidencial Álvaro Uribe Vélez sobre la necesidad de contar con presencia militar norteamericana en Colombia para profundizar el “Plan Colombia”. La siguiente es la versión como originalmente fue escrita y se quedó esperando en vano su publicación. Posteriormente realicé otras tres versiones, cada vez más breves, a solicitud del Subdirector de Opinión, Luis Guillermo Restrepo, pero tampoco fueron publicadas. El problema no era de espacio físico, sino mental e ideológico. Por eso no tuvo cabida en EL PAIS. Afortunadamente el ciberespacio es ilimitado, por ahora.

LOS OTROS

(Primera Versión)

Hernando Llano Ángel.

Es el título de la estupenda y última película de Alejandro Aménabar, tan cercana a nuestra realidad. En ambas es difícil discernir los límites entre la vida y la muerte. Sus personajes están atrapados en una atmósfera fantasmal, rodeados de miedo, temiendo incluso a la luz del día, refugiados en una hermosa e insondable mansión. El Padre de familia, apenas un espectro, regresa de la segunda guerra mundial y al final desaparece tan misteriosamente como llega. Como espectador, uno se siente fascinado y desconcertado con la trama. La historia genera una especie de miedo metafísico envolvente, pues ignoramos lo que sucede, sin recurrir la película a ningún efecto especial. La trama es tan sutil y a la vez compleja, que impide identificar la maldad o bondad en sus personajes, la verdad o la mentira en sus relatos. Es imposible distinguir entre los vivos y los muertos. Solo al final uno descansa y cree haber descifrado la inteligente trama de su director y guionista, un legítimo heredero de Buñuel y Hitchcock, que mezcla magistralmente el surrealismo con el suspenso.Pero nuestra realidad es mucho más compleja y terrorífica. Al punto que deambulamos en un limbo ambiguo y sangriento, entre la guerra y la paz. Con la enorme diferencia de que somos los protagonistas de la película y en ella se nos va la vida. En la película nacional no tendremos la oportunidad del espectador, al salir del teatro, para empezar a descifrar lo que ha visto, pues es probable que nuestros ojos estén cerrados para siempre. Nos toca optar por ser responsables, en lugar de víctimas o verdugos. De alguna forma, asumir el papel de auténticos ciudadanos.

Algunos lo han hecho, como es el caso de las numerosas Comunidades de Paz de Chocó y Antioquia; los pobladores de Caldono y Bolívar; o los del Magadalena Medio con Pacho de Roux S.J a la cabeza; los de Mogotes, Santander, como auténticos herederos de los Comuneros; las mujeres de la Ruta Pacífica y de Barrancabermeja, junto a los pueblos indígenas Paeces, Guambianos, Aruhacos y U`was. Todos tienen en común que rehúsan jugar el rol de víctimas o verdugos, pues renuncian radicalmente al ejercicio de la violencia por su propia mano, así como a delegarla en un tercero que se manche las manos en su nombre. De esta forma las organizaciones populares, comunidades indígenas y colectivos de mujeres dan lecciones de valor civil y de ética política a cientos de miles de citadinos, confusos y cobardes, que parecen optar por la cómoda y cínica actitud de elegir a un tercero que, con voz desafinada y ademanes corteses, propone a su vez invitar a terceros externos para que salven la patria, invocando una supuesta e inexistente autoridad democrática.

Según el libreto de este exitoso candidato, veremos en la televisión cómo mueren por nosotros los otros, aquellos que heroícamente llegarán del Norte a salvarnos. A todos los que comparten esta Hollywoodense intervención y deliran por eliminar a esos “otros” de hoy, quienes a su vez sueñan con la revancha histórica de gobernar sin los “otros” de siempre, los oligarcas, valdría la pena recordarles que en una guerra civil degrada es imposible distinguir entre los unos y los otros, pues en ella todos perdemos. Más nos convendría ser sensatos y reconocer que no existen “Otros”, responsables exclusivos de la guerra o la paz, pues ambas son consecuencias de nuestras acciones y omisiones. Los “Otros” tambien somos nos-otros. La guerra deriva de nuestra indolencia, comodidad, ambición y soberbia, que delega en otros la forma como vivimos y morimos. Y así nos vamos convirtiendo todos en inquilinos de nuestra propia casa, consintiendo que los otros y los intrusos la ocupen y desmantelen, hasta convetirla en un inmenso cementerio. Entonces reinará la paz de los muertos, como sucede en la fría mansión de “Los Otros” de Aménabar.

(Columna Calicanto para El PAIS, edición del Viernes 1 de Febrero de 2002)
Nota: Esta columna no fue publicada en EL PAIS. Está pendiente su aparición en las páginas de opinión.

2009-07-21T10:38:00.003-05:00

DE-LIBERACIÓN
(http://calicantopinion.blogspot.com)

LA HECATOMBE ANDINA: CRISIS DE SOBERANIA Y LEGITIMIDAD DEMOCRÁTICAS

Hernando Llano Ángel.

Los últimos acontecimientos políticos nacionales e internacionales nos están revelando que no habíamos comprendido el alcance de la advertencia del presidente Uribe sobre la inminencia de una hecatombe, que haría imprescindible su permanencia al mando de la nave del Estado. Todos pensamos que se trataba de una hecatombe nacional. Ahora estamos viendo que el presidente se refería a una hecatombe de orden regional, la hecatombe andina, que sólo una inteligencia superior como la suya podía avizorar con claridad en el horizonte convulso y gris de nuestros inciertos vecinos. Una hecatombe de la cual, en honor a la verdad, no sólo ha sido un profeta iluminado, sino también un artífice brillante. Sin duda, ella ahora se prefigura nítidamente y en toda su dimensión, con presencia norteamericana y tecnología militar de punta en tres bases militares colombianas, gracias a la inexistencia de un conflicto armado interno en nuestra nación.

Del Post-conflicto nacional al Conflicto Internacional

En efecto, como ahora en nuestro país vivimos la etapa del post-conflicto, él se ha desplazado o migrado hacia las fronteras y se ha convertido en un conflicto de orden internacional que cubre toda la región andina. Por consiguiente, como todo conflicto de tal naturaleza, requiere la presencia de una inteligencia superior a la nacional, la inteligencia militar norteamericana para su cabal discernimiento y eventual arbitramento. Incluso puede precisar la presencia de más países, pues como todos sabemos el monstruo del narcoterrorismo demanda una cruzada mundial para su extinción definitiva de la faz del planeta, cada día más amenazado por esa fuerza del mal, cuya codicia y violencia no tiene límites. Ni siquiera el sistema financiero internacional da abasto para su reciclaje, mucho menos podrá erradicarlo las fuerzas militares y de policía de una sola nación por eficaz, heroica y victoriosa que sea su “seguridad democrática”. Con dicha coartada, que Nixon proclamó como la “guerra contra las drogas”, ahora se abre un nuevo capítulo, la “guerra contra el narcoterrorismo”, y mañana puede abrirse otro frente, la guerra contra los “narco-Estados”, como ya un informe para el Congreso Norteamericano empieza a catalogar a Venezuela. Y para que las piezas de la región armen el rompecabezas de la hecatombe, entonces Ecuador carece de un presidente legítimo, pues contó con el generoso aporte de las Farc en miles de dólares (¡de nuevo la imprescindible ayuda norteamericana!) para alcanzar el solio presidencial. Con semejante prueba reina, el presidente Uribe remite el video del mono “Jojoy” a la OEA para que evalúe la relación de Correa con una agrupación narcoterrorista como las FARC.

La Judicialización internacional de la legitimidad democrática

No demorará Correa en denunciar a Uribe como un político y gobernante que cabalga con destreza y convive con seguridad sobre el potro salvaje del paramilitarismo y sus crímenes de lesa humanidad, desde su época de mandatario antioqueño, hasta nuestros días cuando logró la reelección presidencial gracias a los votos leales de numerosos correligionarios, hoy presos por concierto agravado para delinquir por su asociación con dichos grupos criminales, quienes oportunamente aprobaron en el Congreso su reelección inmediata. Todavía resuena el eco del consejo presidencial a sus parlamentarios sub júdice: “Voten, mientras puedan hacerlo…”, antes de que fueran trasladados a la Picota. Sin duda, otra de las proezas presidenciales en el desmantelamiento de las instituciones democráticas, pues logró transformar el régimen parlamentario en uno semi-penitenciario. Para no mencionar las ya conocidas de la Yidispolítica y la persuasiva creación y asignación de Notarias, según lo confesado por el ex superintendente de notariado y registro, Manuel Guillermo Cuello Baute, como reciprocidad presidencial ante la rápida comprensión de sus argumentos por parte de numerosos parlamentarios. En definitiva, lo que sobresale en medio de esta disputa andina por los títulos de legitimidad democrática de sus correspondientes mandatarios, es que ninguno aprueba la asignatura. Los tres presidentes están fuertemente afectados por sus alianzas estratégicas o coaliciones coyunturales con poderes de facto de carácter criminal y la manipulación arbitraria de su poder presidencial y los insuperables recursos del presupuesto estatal a su disposición. Se trata, pues, de una profunda crisis de legitimidad y soberanías democráticas, que ninguno de los tres mandatarios puede sortear satisfactoriamente ante la comunidad internacional.

Crisis de Soberanía y Legitimidad democráticas

Porque la primera expresión de un Estado democrático es su soberanía en términos de garantizar la vida, seguridad y dignidad de sus ciudadanos. Y sin duda no es el presidente Uribe y menos nuestro Estado, quien pueda acreditar los mejores indicadores de soberanía y democracia en la región, pues tenemos más de tres millones de colombianos desarraigados por causa de un conflicto armado interno; el mayor número de sindicalistas asesinados en el mundo; el mayor número de víctimas de minas antipersona y de ejecuciones sumarias atribuidas a miembros de la Fuerza Pública. En fin, la más grave y degradada crisis de carácter humanitario que existe en el continente americano, apenas comparable con el desmantelamiento de la legitimidad democrática y sus instituciones liberales (Estado de derecho, competencia pluripartidista y libertad de expresión) que lideran Hugo Chávez en Venezuela y parece emular Rafael Correa en el Ecuador.

Un Gobierno que erosiona las bases nacionales

El anterior paisaje de inexistentes o precarias legitimidades y soberanías democráticas se torna más hostil e impredecible con la presencia de fuerzas militares foráneas, como las norteamericanas, que de entrada reclaman inmunidad para las acciones de sus hombres, negando así al Estado colombiano la primera manifestación de soberanía: la aplicación de justicia sobre aquellos que delinquen contra su población y en su territorio. Asunto que para el presidente Uribe no parece significar nada, pues se precia en proclamar a los cuatro vientos que ha extraditado más de 800 colombianos a los Estados Unidos, entre ellos a criminales de lesa humanidad que no revelarán a la justicia colombiana y a los familiares de sus víctimas el entramado de complicidades oficiales, empresariales e internacionales en la comisión de semejantes crímenes. Es en tal tipo de decisiones donde la soberanía de un Estado democrático cobra sentido, pues quien lo presida jamás delegaría en un tercero el ejercicio de la justicia y el conocimiento de la verdad. En este evento se puede afirmar que Uribe está socavando las bases políticas y jurídicas de la Nación, cuestión tanto o más grave que permitir a fuerzas militares foráneas el uso de sus bases militares para operaciones de inteligencia sobre su territorio y las regiones limítrofes.

Por último, no deja de ser una amarga ironía que precisamente hoy 20 de Julio, cuando se da inició a la conmemoración del bicentenario de nuestra independencia de la Corona española, asistamos a la conversión de nuestro territorio en un laboratorio privilegiado para la inteligencia militar norteamericana sobre las regiones andina y amazónica, las más portentosas del planeta en biodiversidad y riquezas inexploradas. Así las cosas, nuestro Estado se convierte en un Estado centrífugo y lunático, que cada día gira y depende más del sol norteamericano, porque Uribe y sus socios parecen haber olvidado que el Sur también existe, desconociendo flagrantemente el preámbulo de la Constitución del 91 donde “El pueblo colombiano, representado por sus delegatarios a la Asamblea Nacional Constituyente… se compromete a impulsar la integración de la comunidad latinoamericana”. Ahora sólo falta que la obtusa inteligencia de un ex asesor presidencial nos diga que así se promueve la integración afroamericana y el futuro del TLC con Estados Unidos, bajo los designios del carismático e inescrutable Obama, cuya retórica a favor de los Derechos Humanos y contra Guantánamo queda sin muchas bases al promover la ocupación de las nuestras con su personal militar y civil que gozará de inmunidad en nuestro territorio. Una vez más queda claro que el ejercicio imperial de la soberanía no reconoce ningún derecho ni autoridad por encima de sus intereses y los delitos de sus hombres. Tal es el precio del pragmatismo y el realismo político, al cual se debe en primer lugar Obama, como presidente del imperio que es. (Julio 20 de 2009)

2009-06-17T19:12:00.002-05:00

DE-LIBERACIÓN

(calicantopinion.blogspot.com)
Junio 17 de 2009

De la constitucionalidad fáctica a la criminalidad constitucionalizada

Hernando Llano Ángel

Este puede ser el titulo de una crónica de ficción constitucional, proyectada por la imaginación desbordada de una mente sin contacto alguno con la realidad política nacional. Pero también puede ser lo contrario. Una crónica realista que concatena los acontecimientos más relevantes de los últimos 20 años de la vida política nacional, para llegar a la conclusión desoladora de su título. Una crónica que tiene como hilo conductor esa relación inseparable e inextricable entre la política y el crimen, la cual ha determinado y lo sigue haciendo tanto los escenarios como los actores protagónicos y secundarios en los principales ámbitos de la vida nacional.

Una constitucionalidad fáctica

Por lo tanto, conviene empezar por el ámbito político constitucional, aquel que enmarca y configura todos los demás. Y en el origen de la Carta del 91, en su génesis no estuvo el verbo, sino la sangre y el crimen. El magnicidio de Luis Carlos Galán perpetrado, entre muchos otros, por Pablo Escobar, el 18 de Agosto de 1989. Magnicidio que estuvo precedido por el genocidio de la Unión Patriótica, de su candidato presidencial Jaime Pardo Leal, y posteriormente de la temprana aniquilación de dos de los más prometedores candidatos de la izquierda democrática: Bernardo Jaramillo Ossa y Carlos Pizarro León-Gómez. Entonces hizo su aparición el verbo encendido de los estudiantes bajo el patético nombre de “Todavía podemos salvar a Colombia” y el ingenioso recurso de una “séptima papeleta” para convocar una Asamblea Constitucional.

La leyenda de la democracia participativa

Así comenzó a tejerse la leyenda de un “movimiento estudiantil” supuestamente autónomo y espontáneo, que condujo a la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente, cuando en realidad de lo que se trató fue de una habilidosa estrategia mediática y gubernamental, donde tras los bastidores de la Casa de Nariño estuvieron figuras tan cruciales en dicho proceso como Manuel José Cepeda Espinosa y Fernando Carrillo, quienes después se desempeñaron respectivamente como asesor constitucional y malogrado ministro de Justicia del entonces presidente Cesar Gaviria. Se desató una actividad frenética de Mesas de Trabajo Constituyentes que formularon más de cien mil propuestas de artículos para la nueva Constitución y un vértigo tal de entusiasmo democrático que la gente se creyó la leyenda de estar pasando de una democracia representativa que nunca ejerció plenamente, pues no tuvo alternativas frente a la impostura “bipartidista” del Frente Nacional, a una democracia participativa donde todos fuimos convertidos en omnímodos constituyentes primarios. Por eso la pregunta que nos convocó, formulada por los asesores del presidente Virgilio Barco, decía: “Para fortalecer la democracia participativa ¿Vota por la convocatoria de una Asamblea Constitucional con representación de las fuerzas sociales, políticas y regionales de la Nación, integrada democrática y popularmente para reformar la Constitución Política de Colombia?”

Pero la realidad era bien distinta y distante de esa exultante expresión ciudadana de voluntad democrática, que entonces representó apenas el 39% del censo electoral vigente, pues tras de ella también estaba la estrategia del crimen organizado que buscaba ponerse a salvo de la extradición, como efectivamente lo logró con el artículo 35 de la Constitución, ya derogado. Entonces no asistimos a un consenso constitucional democrático sino más bien a uno de carácter fáctico, más producto del miedo que del acuerdo, entre otras cosas porque la fórmula de una Asamblea Nacional Constituyente para hacer y expedir la nueva Carta Fundamental desbordaba el marco de la Constitución de 1886. Así lo expresó la nueva Corte Constitucional en uno de sus primeros pronunciamientos (Auto 003 de 1992): “La Asamblea Nacional Constituyente que expidió la nueva Constitución Política de Colombia fue un poder comisionado del pueblo soberano. Su fuerza jurídica era fáctica, pues provino de un hecho político-fundacional, más no jurídico. Ella actuó no por orden de la Constitución de 1886 y sus reformas, sino por fuera de ella, contra ella, por disposición directa del pueblo en un período de anormalidad constitucional. En este sentido, la comprensión del proceso colombiano de reforma se encuentra en el concepto de anormalidad constitucional; y este concepto sólo puede ser definido políticamente, por ser acto fundacional, pues se refiere a un presupuesto del derecho que todavía no es jurídico.”

La criminalidad constitucionalizada

Algo similar parece estar fraguándose en la actualidad, cuando se apela de nuevo a la maleable y volátil voluntad ciudadana, por no decir entusiasta e ingenua, para que por vía del referéndum o una nueva constituyente termine legitimando e instaurando una constitucionalidad criminal. Una constitucionalidad que tiene su actual origen en el delito de cohecho por el cual han sido condenados los ex congresistas Yidis Medina y Teodolindo Avendaño, pero también en una mayoría conformada gracias a los votos de más de 29 ex congresistas que hoy están en la cárcel por concierto para delinquir agravado, en tanto sus curules fueron alcanzadas por la influencia determinante de los paramilitares en aquellas regiones donde obtuvieron el mayor porcentaje de sus votos. Por eso dichos congresistas renunciaron a sus curules, reconociendo tácitamente que su origen como representantes políticos es espurio e ilegítimo. Desde luego, también lo son las decisiones que tomaron, bien al aprobar leyes o al reformar articulitos de la actual Constitución, como el 197, de nuevo en disputa. Precisamente por lo anterior, ahora el mecanismo es más sutil y perverso, pues se apela a las firmas de ciudadanos y ciudadanas, las cuales se obtuvieron violando el límite de la financiación que fijó la ley y el Consejo Nacional Electoral. Es decir, mediante la comisión de un insignificante crimen contable o procesal que, se dirá, en nada mancha la voluntad del “ciudadano soberano”. En efecto, el aporte de “Colombia Primero”, fundación constituida por contratistas y empresarios que han sido generosamente beneficiados por el “Estado Comunitario” de Uribe, sobrepasó en más de setecientos millones de pesos el monto autorizado para la recolección de firmas. Lo más paradójico e irónico de esta picaresca es que todo lo anterior haya sucedido de acuerdo con la Constitución y la ley, como en la famosa zona franca de Occidente de Mosquera, en beneficio de Tomás y Jerónimo. Exactamente lo mismo que con el referendo reeleccionista de Álvaro Uribe Vélez, sin él haber superado tan grave encrucijada en su alma. Se trata de una familia constitucional y legalmente ejemplar, cuyo padre tiene todo el derecho de permanecer 12 años o más en la Casa de Nariño por razones de “seguridad democrática”, pues si la abandona su vida y libertad correrían grave peligro en una sociedad amenazada por el terror de las FARC y las sentencias de jueces y Cortes Internacionales impredecibles.

Ilegitimidad democrática de la criminalidad constitucionalizada

Sin duda, se trata de una criminalidad constitucionalizada, que instaura así un poder presidencial objetivamente basado en la ilegalidad (cohecho) y en la ilegitimidad política (concierto para delinquir agravado), pero que usufructúa la carta del 91 y se aprovecha del desvarío político de sus redactores cuando consagraron que ella podría reformarse con apenas el 25 por ciento de los ciudadanos inscritos en el censo electoral (7.3229.444 a la fecha), que es lo exigido para una referendo constitucional como el actual. Lo anterior significa escamotear al máximo la legitimidad democrática de un Estado, pues permitiría en nuestro caso que apenas el 12.50% (3.664.723, mitad más uno de electores por el sí del 25% mínimo exigido) decidan la suerte de cerca de 29.317.778 ciudadanos inscritos en el censo electoral y de esta forma determinen el carácter hiperpresidencialista y personalista del nuevo Estado. Para evitar ese riesgo, la mayoría de las Constituciones de los Estados democráticos estipulan un mínimo que oscila entre el 35 y 50 por ciento de participación ciudadana para que un referendo constitucional tenga efectos, pues así el destino de toda una sociedad no queda en manos de minorías astutas y criminales, capaces de manipular pasiones tan fuertes y bajas como el odio y el miedo (Escobar y sus extraditables; Uribe Vs FARC) e irrefrenables como la codicia de riquezas y la ambición de poder político (Paramilitares y Para-Uribistas).

Exactamente lo que nos sucede en la actualidad bajo los espejismos del “Estado Comunitario” y la “seguridad democrática”, cuyo verdadera identidad es la de un Estado plutocrático-asistencialista al servicio de la seguridad inversionista. Le asistía toda la razón a Don Miguel Samper, cuando en 1867 escribió: “Al leer tantas Constituciones como las que se expiden en estas tierras, se nos ocurre que en vez de tantos libros consultados para elaborarlas, convendría empapelar los salones de las Cámaras con los cartelones en los que el Doctor Brandreth recomendaba sus píldoras con un aforismo tremendote: “Constitución es lo que constituye, y lo que constituye es la sangre”; sea la que se derrama a torrentes en la guerra, o la que queda en las venas de los señores que legislan, inficionada por los odios, la sed de venganza y la vanidad.”

Han transcurrido 142 años y hemos retrocedido, pues al odio, la sed de venganza y la vanidad ahora se incorpora la criminalidad a la historia constitucional bajo la inspiración y el carisma de Álvaro Uribe Vélez, que para muchos colombianos está situado más allá del bien y del mal, de la Constitución y la ley, aunque bajo su gobernación en Antioquia (1995-1997) los grupos paramilitares, con la asistencia del condecorado y hoy encarcelado General (r) Rito Alejo del Río hayan cometido 939 ejecuciones sumarias, la mayoría de ellas todavía impunes. También en este terreno los logros del presidente Uribe son innegables, ha desmovilizado esos terribles grupos, pero ahora las ejecuciones sumarias atribuidas a miembros de la Fuerza Pública superan el número de 1.000 víctimas. Ha institucionalizado la criminalidad, por ello hoy sus parlamentarios defienden en el Congreso con espíritu de cuerpo que para indemnizar a las víctimas de agentes del Estado éstos primero deben haber sido condenados judicialmente. Valdría la pena que el presidente Uribe volviera a leer el punto 33 de su Manifiesto Democrático donde escribió:”También es terrorismo la defensa violenta del orden estatal”.

2009-05-22T19:19:00.005-05:00

DE-LIBERACIÓN
(http://calicantopinion.blogspot.com/)

El Régimen Para-Uribista
(Mayo 21 de 2009)

Hernando Llano Ángel

Con la aprobación en el Senado del referendo reeleccionista y la casi segura sustitución del texto de la Cámara de Representantes, en tanto es imposible conciliar que el 2014 empiece en el 2010, se avanza en forma vertiginosa hacia la consolidación de un nuevo régimen político, que bien puede denominarse para-uribista. Un régimen que pretende que todas las instituciones, empezando por el Congreso de la República --cuya esencia es representar la pluralidad de toda la Nación y ejercer control político sobre el Ejecutivo-- “module” sus leyes para complacer ese animus dominandi que ni el mismo Uribe logra ocultar y de paso garantizar, como una Celestina, las francas ambiciones de sus hijos, Tomás y Jerónimo, ahora denominados empresarios. Curiosa paradoja: el padre niega su ambición pública, mientras sus hijos hacen públicas sus ambiciones privadas.

Tal es la esencia del actual régimen, por eso su rasgo distintivo es la paranoia frente a todas las instituciones, periodistas y líderes que no lo respalden incondicionalmente y su lenguaje es una mezcla indescifrable de simulación y mentira. De allí que sus principales asesores y defensores sean el psiquiatra-filósofo Luis Carlos Restrepo y el sofista José Obdulio Gaviria, quien tilda a los desplazados de migrantes –pues viajan “seguros” por Colombia— y ahora sí reconoce que en “Colombia estamos en guerra, es decir en campaña”, bajo la conducción del presidente Uribe, elevado a la categoría de “mariscal de campo imbatible, vencedor de todas las batallas”[1]. Quizá por lo anterior, Uribe, que se precia de ser un hombre frentero y llamar a las cosas por su nombre, ahora esconde su próxima candidatura presidencial bajo metáforas como la “encrucijada del alma”, después de haber enviado al Senado a su ministro de la Política, Fabio Valencia Cossio, para modular el referendo y así asegurar los votos de una docena de indóciles miembros de la coalición que ponían en vilo su aprobación. Estamos asistiendo a la fase de consolidación del régimen para-uribista, por eso sus más fieles escuderos son trasladados a la arena electoral y a la prensa nacional para que se batan en nombre del Presidente Uribe contra aquellos que José Obdulio llama “una formación de políticos sin pueblo, frecuentados por viudas del poder, contratistas angurrientos y tramadores profesionales de infamias y calumnias”.

El ex ministro de defensa, Juan Manuel Santos, después de evadir su responsabilidad política en los mal llamados “falsos positivos”, se convierte ahora en un “falso candidato” presidencial. Aunque más exacto sería denominarlo “para-precandidato presidencial”, pues espera, como un leal soldado, que el “mariscal de campo imbatible” no aspire a un tercer período para así sucederlo en las nuevas batallas. De otro parte, Luis Carlos Restrepo, antes Alto Asesor de Paz presidencial, desciende al cenagoso terreno de la política proselitista y se convierte en Presidente del partido de la “U”. Es decir, en un auténtico para-político al servicio de Uribe, pues hará las veces de su auxiliar para organizar las debilitadas huestes de la “U”, que ya tiene en la cárcel o sin curul a 7 de sus miembros por estrechas relaciones con los grupos paramilitares. Y la verdad es que el filósofo y psiquiatra, otrora brillante promotor de la ternura en la política, ahora ejerce como un tirano su nuevo cargo, sin ternura alguna, con una vehemencia y audacia tan visceral que empezó por reclamarle a la senadora Marta Lucía Ramírez su curul de la “U” y sin ningún pudor cursó invitación al Representante Roy Barreras, expulsado de Cambio Radical.

Sin duda, para desempeñar cargos tan complejos se necesita la sólida formación de psiquiatra y filósofo, que le ha reportado éxitos tan rotundos como la conversión de criminales de guerra en sólo narcotraficantes, rápidamente extraditados a USA cuando empezaron a revelar la verdad de sus relaciones políticas con numerosos senadores y representantes, empresarios e inversionistas para-uribistas, sin perder en semejante trance su razón y menos su profesional compostura de filósofo y psiquiatra del nuevo régimen. Es tal la versatilidad de Restrepo en estos terrenos brumosos, que lindan con la locura, donde la política se confunde con la criminalidad, que propuso de nuevo la urgencia y conveniencia de la inmunidad parlamentaria para que los congresistas no se sintieran intimidados y atemorizados por otros poderes, como el de la Corte Suprema de Justicia. Esa inmunidad parlamentaria tan valorada y estimada por Pablo Escobar, primo de José Obdulio Gaviria, cuando combatía con plenas garantías desde la Cámara de Representantes al ministro de Justicia, Rodrigo Lara Bonilla, antes de ordenar sus asesinato.

Se llega así a una conclusión preocupante, que la esencia de toda parainstitucionalidad es justamente la pretensión de adaptar o crear instituciones funcionales a los intereses y ambiciones de personas o grupos específicos, en lugar de considerarlas y defenderlas en tanto son garantía de imparcialidad para la integridad y dignidad de todas las personas en una sociedad. De allí que John Plamenatz insistiera tanto en que: “El estudio más digno de la política no es el hombre sino las instituciones”. Pero entre nosotros sucede exactamente lo contrario. Por eso las instituciones y la práctica política están tan desacreditadas y al girar en torno a un hombre han degenerado en para-uribismo, que viene siendo una subespecie de parainstitucionalidad plebiscitaria, máxima corrupción de la política, pues ningún hombre puede arrogarse la representación exclusiva de toda una Nación (con nombres tan reveladores como “Primero Colombia” o “Colombia Primero”) y mucho menos considerarse imprescindible o insustituible para su conducción y salvación.

[1] - Ver su artículo del 5 de mayo en El Tiempo: “Caminamos juntos o nos ahorcarán por separado”.

2009-04-30T05:19:00.003-05:00

DE LIBERACIÓN
(http://calicantoopinion.blogspot.com)

Uribe: alquimista del terror y la iniquidad

Hernando Llano Ángel.

Transcurridos 6 años y 8 meses de Uribe cabalgar sobre el brioso corcel de la “Seguridad Democrática”, cuyo exitoso avance no ha logrado contener los cerca de 4 millones de “migrantes” (desplazados) del campo a la ciudad y mucho menos ocultar tras su veloz galope la tenebrosa estela de más de mil “falsos positivos” (ejecuciones sumarias), es una enorme injusticia que apenas sea merecedor a la anodina condecoración: “Premio Cortes de Cádiz a la Libertad”. En realidad, debería ser reconocido con una distinción mayor, como el Premio Nobel de la Libertad, que está en mora de crear y otorgarle la Fundación sueca, así como concedió el Nobel de la Paz a Henry Kissinger y a Menahem Begin, por sus ejemplares y abnegadas acciones en beneficio de la humanidad.

Pero mientras Uribe es exaltado a esa dignidad, bien puede ser catalogado como el mejor alquimista de la política nacional, al transmutar el terror de las ejecuciones sumarias en el oro de la “seguridad democrática” y la arbitrariedad en el ejercicio del poder en el irrefrenable e ilegal referéndum de la segunda “reelección presidencial”. Para ello ha desplegado sus dotes de prestidigitador insuperable, al manipular con siniestra destreza el miedo y odio que infunden las FARC y frustrar con destreza siniestra la codicia y la ambición de poder político de los paramilitares mediante su oportuna extradición a Estados Unidos.

Así las cosas, Uribe parece tener despejado el camino para su segunda reelección, incluso insinuada desde su primera campaña en el punto 98 de su “Manifiesto Democrático”, donde se puede leer: “el País necesita líneas estratégicas de continuidad; una coalición de largo plazo que las ejecute porque un Presidente en cuatro años no resuelve la totalidad de los complejos problemas nacionales. Pero avanzaremos. Por eso propongo un Gobierno de Unidad Nacional para rescatar la civilidad…”

Sin duda, ya está en marcha la conformación de ese Gobierno, para lo cual han sido enviados al movedizo terreno de la arena electoral los leales alfiles de Luis Carlos Restrepo y José Obdulio Gaviria, con la ayuda de tránsfugas mediáticos como Roy Barreras, que pronto nos presentarán en medio de luces y espectáculos ese nuevo partido de la Unidad Nacional, ante la imposibilidad de seguir abusando, con cinismo patriótico, de las exitosas fórmulas electorales de Colombia Primero o Primero Colombia, hoy completamente desacreditadas. Está claro que por fuera de ese nuevo Partido no habrá salvación nacional. Quienes lo ataquen serán apátridas, enemigos de la civilidad y cómplices del terrorismo.

Alquimista del plomo, la plata y la iniquidad

De esta forma, Uribe no sólo emerge como el alquimista providencial que gracias al plomo contra el terrorismo nos dará el oro de la paz, sino como el mejor heredero y obcecado continuador de las constantes más nefastas de nuestra historia: el plomo, la plata y la iniquidad revestida de legalidad. La política nacional bien puede ser descrita como la combinación exacta de estos tres elementos mediante su dosificación y administración estatal más o menos constitucional y más o menos arbitraria, según lo precise el gobernante de turno y lo requiera o soporte el aletargado y maltratado cuerpo de la llamada sociedad civil.

En la actual administración ha sido el plomo de la “seguridad democrática” al servicio de la plata de los inversionistas nacionales y extranjeros, entre quienes sobresalen sus emprendedores y ejemplares hijos, Tomás y Jerónimo, que han demostrado una clarividencia para hacer buenos y legales negocios, apenas comparable a la de López Michelsen en el caso de la Handel, bajo la Presidencia de su padre Alfonso López Pumarejo. Y posteriormente la del mismo presidente López Michelsen al servicio de la hacienda familiar “La Libertad”. También en esto Uribe demuestra ser un digno heredero del civilismo y la discrecional legalidad de nuestros más preclaros gobernantes, siempre al servicio de sus intereses familiares o empresarios familiares, como en el escándalo de Carimagua y los macroproyectos bioenergéticos de la caña de azúcar y la palma africana, cuyos beneficiarios aportaron en forma desinteresada y generosa cuantiosas partidas para la financiación del actual referendo reeleccionista.

Pero hay una diferencia, Uribe supera a todos los anteriores en cinismo, pues cuando estalló el escándalo de DMG y se vinculó a sus hijos indirectamente en tratos comerciales con David Murcia, entonces el presidente Uribe expidió un comunicado oficial haciendo la siguiente defensa paternal: “Sobre mis hijos: ellos no están en la corrupción. Mis hijos no son corruptos. Mis hijos no son traficantes de influencias ante el Estado. Mis hijos no son atenidos al papá. Mis hijos no son hijos de papi. Mis hijos no son holgazanes. Mis hijos no son vagos con sueldo. Mis hijos han escogido ser hombres de trabajo, honestos y serios”.

Con semejante defensa de sus emprendedores hijos, ahora podemos comprender el alcance exacto del punto 100 de su Manifiesto Democrático: “Miro a mis compatriotas hoy más con ojos de padre de familia que de político”. Es una lástima que sólo nos mire a todos los colombianos así, en lugar de darnos un trato semejante al que prodiga a sus hijos. Pero ello es imposible, porque Uribe, al igual que la mayoría de sus antecesores en la Presidencia, considera que el Estado y los intereses públicos son un asunto de carácter familiar, privado y empresarial, que administra y distribuye generosa y legalmente entre sus allegados y cercanos, como si se tratará de una hacienda ubérrima. Por eso entre nosotros predomina la iniquidad, que según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española es “maldad, injusticia grande”, pues la fórmula de gobernabilidad que hasta ahora hemos conocido desde la Presidencia de la República ha sido: plomo, plata e iniquidad revestida de legalidad.

(Abril 29 de 2009)

2009-03-30T08:26:00.003-05:00

LA PAZ EN COLOMBIA: MÁS ALLÁ DE LAS VÍCTIMAS Y LOS VICTIMARIOS
POR UNA POLITICA CIUDADANA SIN VENCEDORES NI VENCIDOS[1]

Hernando Llano Ángel.[2]

Presentación

Estas notas se proponen motivar una reflexión sobre el más complejo y traumático mundo existente, aquel que es producto de las relaciones entre las víctimas y los victimarios, en el marco del actual conflicto colombiano, tomando a la política como hilo de Ariadna para intentar salir del laberinto de terror en que se encuentra extraviada la sociedad colombiana.

Un laberinto que ha cobrado la vida, según el Grupo de Memoria Histórica de la Comisión de Reparación y Reconciliación Nacional, al menos de 14.660 colombianos entre 1982 y 2007, período en que se ejecutaron 2.505 masacres rigurosamente documentadas y verificadas. Una sociedad en la que han sido asesinados, entre el año 2002 y 2007, 2.674 sindicalistas, bajo un gobierno que se ufana nacional e internacionalmente del éxito de su política de “Seguridad Democrática”. Una política de “seguridad” que en su guerra contra el terrorismo, generó el año pasado la mayor crisis en la historia de la depuración de altos oficiales en el Ejército colombiano, pues el presidente Uribe destituyó 25, entre ellos 3 Generales, 11 Coroneles, 3 Mayores, 1 Capitán y 1 Teniente por sus graves responsabilidades en más de 1.000 ejecuciones sumarias o asesinatos de civiles (eufemísticamente llamados “falsos positivos”) en cumplimiento de la política de “seguridad democrática”.

Por todo lo anterior, la intuición principal que guiará esta reflexión es muy sencilla, pues no es otra que la de propugnar por el rescate de la política desde una perspectiva ciudadana, ajena por completo a la obcecación de los vengadores, sólo obsesionados con la derrota y la humillación de su enemigo, así utilicen como coartadas la “seguridad democrática”, la “Revolución social” o la “Refundación de la Patria”.

Es decir, una política democrática que supere el falso dilema de la existencia inevitable de vencedores y vencidos y lo reemplace por el de ciudadanos responsables que rotundamente repudian cualquier actor que se valga de la violencia contra civiles como título de legitimidad y estrategia de gobernabilidad, independientemente de los argumentos que esgrima para su ejercicio.

El Poder de la Autonomía Civil frente a la revancha de los Vengadores

Una perspectiva profundamente civilista, situada más allá de todo cálculo estratégico, bien sea que éste se despliegue en la arena electoral para vencer a un adversario en las urnas o en el campo de batalla para derrotar a un enemigo en la guerra. Esta intuición parte de una concepción de la ciudadanía en clave republicana, pues considera que sólo merecerá el título de ciudadano y ciudadana quien sea capaz de construir con otros, diferentes a él, no tanto por su alteridad existencial sino sobre todo por su pluralidad de identidades, un orden político y social que respeta y promueve la dignidad humana mediante relaciones sociales estimuladas por la deliberación, el debate y la cooperación, en un horizonte normativo agonal que excluye la violencia como fuente o instrumento capaz de forjar legitimidad política.

Dicha ciudadanía es aquella capaz de forjar una práctica del poder político cuya matriz generadora se encuentra en la civilidad de la palabra, el debate público y la concertación autónoma de la acción social, como lucidamente lo definiera Hannah Arendt en su texto “La condición humana”, en los siguientes términos:

“El poder sólo es realidad donde palabra y acto no se han separado, donde las palabras no están vacías y los hechos no son brutales, donde las palabras no se emplean para velar intenciones sino para descubrir realidades, y los hechos no se usan para violar y destruir sino para establecer relaciones y crear nuevas realidades”.

Porque es justamente cuando se da este divorcio entre la palabra y la acción, que surge el espacio para la aparición de las víctimas, condenadas al silencio del miedo y los gritos de espanto y dolor como preámbulos de su muerte o desaparición forzada por la acción devastadora y arrasadora de los actos violentos de sus verdugos, que han sustituido las palabras por proyectiles y los argumentos por golpes.

Tal es el escenario que predomina en Colombia desde hace más de medio siglo, con el agravante de que las palabras y el discurso han servido como coartada para el ejercicio de la violencia por parte de todos los actores, hasta llegar hoy al paradójico extremo de pretender negar mediante la palabra y las leyes la existencia de la misma violencia, como sucede con la postura oficial del presidente Uribe al no reconocer el conflicto armado interno en Colombia, para así soslayar ladinamente la plena aplicación de los principios y normas del Derecho Internacional Humanitario (DIH), cuyo fin primordial es evitar o aminorar al máximo el sufrimiento de las víctimas. Por su obstinación en desconocerlo, es que cada día el conflicto se degrada más y aumenta el número de víctimas civiles, al punto que hoy Colombia ostenta el más alto número de personas despedazadas por las minas antipersona “quiebrapatas” (en promedio 2 diarias); la mayor población desplazada en el continente americano, cerca de 3 millones, y el año pasado, 2008, alcanzó el ignominioso record del mayor número de sindicalistas asesinados, con 39 víctimas.

De allí la importancia de ese principio fundacional sobre el cual descansa todo el edificio humanitario, como es la distinción meridiana entre población civil y combatiente, que la denominada política de “seguridad democrática” se niega a reconocer en la práctica mediante el impulso de estrategias como la red de civiles cooperantes con la Fuerza Pública y el pago de cuantiosas recompensas por informaciones que conduzcan a la captura, desarticulación, descuartizamiento o muerte de terroristas. Los resultados saltan a la vista, aunque se trate de banalizarlos con eufemismos como los llamados falsos positivos en lugar de llamarlos por su nombre: asesinatos o ejecuciones sumarias.

Victimización Recíproca u Horizontal

No obstante lo grave de tan alto número de víctimas, derivadas en gran parte por la aplicación exitosa de la seguridad democrática, hay que reconocer que el número es tan escandaloso y escabroso en Colombia porque las víctimas del pasado suelen convertirse en los victimarios del presente, a tal extremo que sus identidades y roles se intercambian, pues cada actor violento se reconoce ante todo como víctima y casi nunca como victimario. Razón tenía Simone Weil, en su libro “La verdad y la Gracia”, cuando señaló:

“La ilusión constante de la revolución consiste en creer que las víctimas de la fuerza, por ser inocentes de las violencias que se producen, si se pone en las manos su fuerza la manejaran con justicia. Pero -salvo las almas que están muy próximas a la santidad- las víctimas están manchadas por la fuerza de los verdugos.
El mal que está en la empuñadora de la espada se transmite por la punta. Y las víctimas, así colocadas en la cumbre y embriagadas por el cambio, hacen tanto mal o aun más y luego vuelven a caer rápidamente”.

Tal podría ser la parábola trágica de la guerrilla colombiana, especialmente de las FARC, cuando hoy se ensaña cruelmente contra miembros de la comunidad indígena AWÁ, o cuando pretende hacer del secuestro prolongado de civiles y miembros de la Fuerza Pública, cautivos en condiciones más degradantes que las de Guantánamo, una supuesta táctica de lucha revolucionaria.

Al respecto, no está demás citar las siguientes palabras de Manuel Marulanda Vélez[3], más conocido como Tirofijo, en la instalación en el Caguán el 7 de Enero de 1999 del fallido proceso de paz con Pastrana: “Huyendo de la represión oficial nos radicamos como colonos en la región de Marquetalia (Tolima), donde el Estado nos expropió fincas, ganado, cerdos y aves de corral, extendiendo esta medida a los miles de compatriotas que no compartían la política bipartidista del Frente Nacional. De paso, le cerraron las puertas a nuevas corrientes políticas en vía de crecimiento, convirtiendo las elecciones en una maquinaria excluyente sólo para beneficio del bipartidismo liberal-conservador, quienes eran los únicos que podían elegir a sus representantes, porque así "lo consagraba la Constitución".

Más adelante afirma: “Ante la inminencia de la agresión gubernamental estos 48 hombres se dirigieron al propio presidente, al Congreso, a los gobernadores, a la Cruz Roja Nacional e Internacional, a la Iglesia, a las Naciones Unidas, a los intelectuales franceses y demás organizaciones democráticas para que impidieran el comienzo de una nueva confrontación armada en Colombia con imprevisibles consecuencias. Desafortunadamente nadie nos escuchó, salvo la Iglesia, ya que comisionó al sacerdote Camilo Torres Restrepo para que se entrevistara con nosotros, pero los altos mandos militares se lo impidieron. A los pocos días empezó el gigantesco operativo con 16.000 hombres del Ejército que utilizaron toda clase de armas, incluso bombas bacteriológicas lanzadas por aviones piloteados por expertos militares gringos, y sólo ahora, después de 34 años de permanente conformación armada, los poderes y la sociedad comienzan a darse cuenta de las graves consecuencias del ataque a Marquetalia. En aquel entonces esos 48 campesinos solamente exigían la construcción de vías de penetración para sacar sus productos agrícolas, un centro de mercadeo y unas escuelas para educar a sus hijos, lo que implicaba del Estado una inversión no superior a cinco millones de pesos.”

Es por ello que las víctimas adquieren hoy, más allá de la verdad de su dolor, un valor ontológico y gnoseológico, pues son parte constitutiva de la realidad. Sus voces, memorias e historias tienen que ser recuperadas e incorporadas al presente, ya que sin ellas la realidad nunca será completa, nunca será verdad. Incluso podría afirmarse que en la medida en que una sociedad se empeña en negar y desconocer a las víctimas, éstas trágicamente se van mutando hasta convertirse en los más crueles vengadores de esa sociedad indolente e indiferente. Aquí bien vale la pena parafrasear a Pascal y afirmar que en la exclusión no sólo está el error, sino algo peor: el horror.

De allí que sea imprescindible no sólo escuchar a todas las víctimas, sino además contar con ellas. Sólo así se podrá algún día compartir una realidad política común donde no existan víctimas que posteriormente se transforman en implacables vengadores, como ha venido sucedido en Colombia a partir de la década del 80 con la aparición de los grupos paramilitares, posteriormente convertidos en AUC, según la siguiente versión de uno de sus principales protagonistas, Salvatore Mancuso, expuesta en el mismo Congreso de la República:

“Reafirmo aquí, en la cuna de las Leyes y en el templo de la Democracia, que el compromiso patriótico de las AUC, por salvaguardar una Colombia libre, digna, segura y en paz, sigue en pie, como lo reclaman millones de colombianos honestos y de buena voluntad, amantes de la libertad que confían en nuestro movimiento nacional antisubversivo, y han depositado la defensa de su seguridad en nosotros.”

De esta forma, se ha venido configurando en Colombia lo que el investigador Iván Orozco Abad en su libro “Sobre los límites de la conciencia humanitaria. Dilemas de la paz y la justicia en América Latina”, denomina acertadamente “la victimización horizontal bidireccional” para referirse a aquellos procesos donde dos o más partes de un conflicto armado se victimizan recíprocamente bajo condiciones carentes de claridad en lo relacionado con la justicia, no solo desde el punto de vista del ius in bello, sino también del ius ad bellum”.

Derecho a la guerra que ambas o todas las partes tratan de legitimar y justificar ante la sociedad, en unos casos por la intolerable presencia de un Estado protector de aberrantes privilegios sociales ( “en Colombia el 10% más rico de la población concentra el 46.5% de los ingresos del país, al mismo tiempo dicho ingreso es tres veces superior al obtenido por el segundo 10% de las personas catalogadas como ricas, con lo que se concluye que un estruendoso 62.3% del ingreso está en manos del 20% de la población colombiana”) Y en otros casos, por la ausencia o ineficacia del Estado para garantizar la vida y la libertad de ese 20% de la población, que es víctima frecuente de extorsiones y secuestros, al punto de situar a Colombia en el deshonroso primer puesto del mundo con civiles secuestrados.

Concentración del ingreso que en el régimen de propiedad de la tierra alcanza niveles aberrantes, pues según el economista e investigador Ricardo Bonilla González, en su ensayo “Pobreza, estructura de propiedad y distribución del ingreso”, en Colombia “la mayor proporción de propietarios (55.6%) y de predios (56.8%) tienen una estructura de micro y minifundios menores de 3 hectáreas y disponen del 1.7% del territorio registrado catastralmente; y un grupo de 2.428 propietarios, públicos y privados poseen el 53.5% del territorio reseñado, es decir, 44 millones de hectáreas, para un promedio de 18.093 hectáreas por propietario o un territorio seis mil veces más grande que el minifundio de 3 hectáreas en el que viven 2.2 millones de hogares colombianos”.

Como consecuencia de semejante injusticia, concluye el citado investigador, “la pobreza rural es la más dramática e inaudita de nuestro país, en ella se clasifica el 81.3% de la población, canasta vieja, al 90.4% canasta nueva, o el 68.2% en los cálculos más recientes de la Misión de pobreza. En el mejor de los casos, ello implica que hay al menos 8.2 millones de habitantes del campo que viven en situación de pobreza, mientras 3.3 millones califican en la pobreza extrema o indigencia. Lo tremendamente inaudito es encontrar que en la gran despensa alimenticia de Colombia, 3.3 millones de personas se encuentran por debajo de la línea de hambre”.

Semejante panorama de injusticias e iniquidades, es lo que ha venido retroalimentado una simbiosis perversa entre el crimen y la política, que como bien lo dejará planteado Albert Camus en su controvertido ensayo “El hombre rebelde”, se puede hoy citar perfectamente para comprender la encrucijada histórica que vive Colombia:

“… A partir del momento en que por falta de carácter corre uno a darse una doctrina, desde el instante en que se razona el crimen, éste prolifera como la misma razón, toma todas las figuras del silogismo. Era solitario como el grito; helo ahí universal como la ciencia. Ayer juzgado, hoy legisla”.

En efecto, hoy en Colombia no sólo legisla, sino que incluso gobierna esa simbiosis entre el crimen y la política, como lo pone cada día de presente una serie de escándalos e investigaciones macabras, como la de los llamados “falsos positivos” y ahora las ilegales interceptaciones telefónicas del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), adscrito directamente a la Presidencia de la República, en gran parte realizadas a magistrados de la Corte Suprema de Justicia que investigan numerosos políticos de la coalición de gobierno relacionados con el paramilitarismo y las Autodefensas Unidas de Colombia (A.U.C) y a periodistas que han venido desentrañando tan macabra maraña, como es el caso de Hollman Morris y sus investigaciones sobre los asesinatos de líderes de la comunidad de Paz de San José de Apartado.

Para comprender la forma como se ha tejido la urdimbre de esa trama de gobernabilidad e impunidad, es pertinente recordar la declaración de Salvatore Mancuso en el noticiero de televisión de la Radio Cadena Nacional (R.C.N), donde relató la reunión sostenida con el senador Mario Uribe en el 2002, para promover una estrategia de paz con el Gobierno central. Una semana después el presidente Uribe ordenó la extradición de Mancuso a Estados Unidos para que fuera juzgado por narcotraficante, y no continuará desenredando esa madeja de la alianza estratégica del crimen con la política en que se ha convertido la gobernabilidad de Colombia.

Según la anterior declaración, Mancuso contactó al Senador Mario Uribe, primo segundo del presidente Álvaro Uribe, para iniciar los trámites de la que posteriormente se conocería como la ley de “Justicia y Paz”. Una ley que no es de Justicia y tampoco de paz, producto de una compleja y difícil negociación entre los cabecillas de las AUC y el Ejecutivo, que ha terminado por dejar insatisfechas a todas las partes, pero especialmente a las víctimas, en la medida que no cumple con los tres criterios universalmente reconocidos de verdad, justicia y reparación.

Hoy la verdad está casi totalmente extraditada, pues 14 de los máximos cabecillas de las AUC fueron enviados a los Estados Unidos, donde están siendo procesados por narcotráfico y no por sus crímenes de lesa humanidad. Así se escamotea el conocimiento de quienes desde sus posiciones de privilegio económico y social o de responsabilidad gubernamental, auspiciaron económicamente o fomentaron por omisión de sus deberes oficiales el crecimiento del paramilitarismo y su desenfrenada acción criminal.

Mucho menos hay justicia, pues además de la benignidad de las penas, que oscilan entre 5 y 8 años de cárcel, para crímenes de lesa humanidad, el mismo presidente Uribe se enfrentó a las altas Cortes cuando estas dejaron sin fundamento y aplicación legal la tipificación del delito político de sedición a quienes hubiesen cometido tales crímenes, desafiando así el dictamen del Presidente sobre el alcance de la ley 975 de 2005 de buscar: “tanta justicia como fuere posible, y tanta impunidad como fuera necesaria”. Por último, sin verdad y sin justicia nunca habrá reparación, por cuantiosa que sea la indemnización económica a favor de los sobrevivientes de la víctima.

Por todo lo anterior, es que no cabe hablar de una justicia transicional en Colombia, sino más bien de una justicia transaccional. Una justicia que transa penas benignas a favor de criminales de lesa humanidad, con el propósito central de simular justicia, pretendiendo así evadir una futura intervención de la Corte Penal Internacional, que todo parece indicar se dará inevitablemente al cabo de los años, pues ninguna realidad judicial y mucho menos política puede soportar tan elevados niveles de impunidad e ilegitimidad.

De allí que sea un disparate total comparar el proceso actual de la mal llamada ley de “Justicia y Paz” con lo sucedido en Sudáfrica, donde la reconciliación eliminó el apartheid, fuente de discriminación y victimización de la mayoría de la población negra, reconociéndole así sus plenos derechos y el poder de gobernar. En Colombia está sucediendo todo lo contrario, pues bajo la ley 975 –que no puede denominarse de “justicia y paz”- estamos asistiendo a un tratamiento benevolente dado a criminales privilegiados para afianzar aún más un régimen económico y social al servicio de privilegios criminales, que requieren para su defensa y sostenimiento incluso de la legitimación política del crimen.

En palabras concluyentes de Iván Orozco Abad, se trataría de la “legalización de una brutal contra-revolución narco-conservadora. Ironía de la historia”, pues ésta fue propiciada y afianzada por los excesos y el desconocimiento flagrante del DIH por parte de quienes pretendieron hacer la revolución en Colombia.

[1] - Texto presentado en la inauguración del XXVII Curso de Derechos Humanos en el Colegio de Abogados de Cataluña, el 4 de Marzo de 2009.

[2] - Abogado y Magister en Estudios Políticos. Profesor Asociado Departamento de Ciencia Jurídica y Política de la Pontificia Universidad Javeriana de Cali, Colombia.

[3] - Pronunciadas por Joaquín Gómez, ante la inasistencia de Marulanda, por supuestas razones de seguridad.

2009-02-16T12:40:00.002-05:00

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Febrero 15 de 2009

Libertad y Paz: rehenes de Uribe y las Farc

Hernando Llano Ángel

Cada día es más evidente que la libertad y la paz, materias primas de la política y la democracia, han sido secuestradas por Uribe y las Farc. Las tienen como rehenes de sus estrategias belicistas y proyectos hegemónicos, donde los civiles no somos más que una masa de maniobra en sus estratagemas para deslegitimar, humillar y derrotar al contrario.

Poco importa la vida, la libertad y menos la dignidad de quienes están en su poder o bajo sus órdenes. Mucho menos importa la verdad. En su obsesión por vencer al “enemigo”, incluso niegan o inventan la realidad y tratan de acomodarla a la medida de sus odios y revanchas. Así, por ejemplo, para Uribe no existe el conflicto armado, aunque todos los días apela a la “seguridad democrática” y advierte sobre la peligrosidad de la “culebra”, que al parecer se le ha convertido en una medusa con más de mil cabezas imposibles de cortar, pues apenas caen al suelo de la exclusión social brotan y crecen como “maleza” en tierra ubérrima. Para las FARC no hay secuestrados, sino “canjeables”, “retenidos” y “prisioneros de guerra”. No obstante lo anterior, deliran en su pretensión de ser reconocidas como una fuerza beligerante, pero son incapaces de respetar los principios y las normas básicas del Derecho Internacional Humanitario, como el principio de distinción entre combatientes y civiles, que las obliga a un respeto absoluto de la población civil. En lugar de ello se han dedicado al secuestro y el asesinato de quienes consideran traidores, como ahora lo hacen con los indígenas Awá, emulando así la crueldad de los paramilitares y las autodefensas. Pero a semejante degradación del que se autodenomina “Ejército del Pueblo” hay que sumar una mayor, la del Ejército Institucional, inducida por el éxito de la política gubernamental autodenominada de “seguridad democrática”, que estimula con recompensas el descuartizamiento de sus enemigos y el asesinato de jóvenes civiles bajo el eufemismo de “falsos positivos”.

No más “demócratas” y “revolucionarios” ejemplares

Precisamente para impedir que tan ejemplares combatientes y enemigos, que recíprocamente se dan el trato de terroristas, pero individualmente se proclaman como auténticos “demócratas” y “revolucionarios”, es que hay que repudiarlos a todos por igual. Ninguno de ellos merece nuestro apoyo, pues por sus procedimientos y acciones cada día se ilegitiman más. Cada día hacen nuestras vidas menos humanas y más vergonzosas. Cada día nos mienten con mayor cinismo y criminalidad. Hay que demostrarles que no aceptamos ser más víctimas en nombre de la “revolución” y mucho menos cómplices de los “cercos humanitarios”, que ahora ordena el presidente Uribe y coordina su ministro Santos, sin asumir responsabilidad política alguna por su fatal desenlace, como ha sucedido con los “falsos positivos” que en forma cínica han venido endilgando a excesos de algunas unidades militares, ocultando que es un resultado lógico de la “seguridad democrática”.

Ciudadanos, en lugar de víctimas o verdugos

Es hora de demostrarles que somos ciudadanos y ciudadanas comprometidos con la vida, la libertad y la verdad, presupuestos esenciales de la paz. Que no vamos a consentir más masacres, donde los únicos responsables son los “otros”, las Farc o la Fuerza Pública, pero nunca ellos como resultado de sus paranoias revolucionarias y “cercos humanitarios”. Que nosotros sí nos tomamos en serio la democracia y la Constitución y no las convertimos en coartadas para saldar nuestros odios y salvaguardar privilegios sociales ignominiosos, en nombre de la seguridad inversionista. No permitamos que nuestras vidas y valores se inviertan y desaparezcan en las pirámides sin fondo de la codicia y el odio de esta guerra degradada. Basta ya de crímenes y mentiras en nombre de la “seguridad democrática” y la “justicia social”.

Dejemos de ser rehenes de nuestros miedos y odios. Ya es hora de-liberarnos de Uribe y las Farc, auténticos carceleros de la libertad y la paz. Sólo así podremos algún día vivir en democracia, sin miedo y gracias a la seguridad ciudadana que es fruto de la responsabilidad, la equidad y la solidaridad social. No de esta “seguridad democrática-paranoica”, tan propia de los inversionistas y los mercaderes, desvelados por sus bolsas y la tranquilidad de sus mezquinas vidas, siempre rodeados de escoltas y extremas medidas de seguridad, a tal punto que ya han perdido por completo su libertad y toda noción de dignidad. Al fin de cuentas son rehenes de Uribe y las Farc y todo parece indicar que les interesa seguir siéndolo, pues primero está su bolsa y seguridad personal, poco les importa la vida en su dimensión pública y social.

2009-01-27T10:36:00.003-05:00

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(Enero 25 de 2009)

Obama: entre el mito y la mitomanía de la República Norteamericana

Hernando Llano Ángel

Obama se debate entre el mito del sueño americano, que encarna a la perfección, y la mitomanía de la República norteamericana, proclamada por los padres fundadores de la Unión, a la cual recurre con la fuerza de la esperanza y la urgencia de un pueblo por hacerla realidad. Porque la historia cotidiana de los Estados Unidos, no la idealizada de los principios y valores tan elocuentemente evocada por Obama en su discurso de posesión, no es propiamente un ejemplo de vigencia y respeto de los derechos humanos, tanto doméstica como internacionalmente. Más bien todo lo contrario, como bien lo demuestra la temprana guerra de secesión y la saga de luchadores contra la segregación y la discriminación racial, encabezada por Martin Luther King, Jr. , que ofrendaron valiente y generosamente sus vidas en defensa de la igualdad y la dignidad inherentes a todo ser humano. De ello hay un eco explícito en su discurso: “debido a que hemos probado el mal trago de la guerra civil y la segregación”, hemos “resurgido más fuertes y más unidos de ese oscuro capítulo”. Pero todavía faltan muchos capítulos por escribir para que esa igualdad de derechos y oportunidades sea una realidad para la inmensa mayoría de la población negra y los millones de inmigrantes, que viven en una especie de gueto social y cultural que les impide sentirse y actuar plenamente como ciudadanos norteamericanos.

Entre el mito y la mitomanía

Seguramente por ello Obama evoca con tanta fuerza y en varias ocasiones el mito del discurso republicano de los Padres fundadores: “Ha llegado el momento de reafirmar nuestro espíritu de firmeza: de elegir nuestra mejor historia[1]; de llevar hacia adelante ese valioso don, esa noble idea que ha pasado de generación en generación: la promesa divina de que todos somos iguales, todos somos libres y todos merecemos la oportunidad de alcanzar la felicidad plena”. Es claro que esa “promesa divina” se ha desgastado y convertido en una mentira terrenal para millones de norteamericanos, hasta llegar a la mitomanía actual que los lleva a creer que pueden impartir lecciones de democracia y derechos humanos a todo el planeta y a confundir la felicidad con una mercancía que se puede comprar y consumir sin límites en el mercado. Por eso se encuentran sumidos en una crisis tan profunda: “Menos tangible pero no menos profunda es la pérdida de confianza en nuestro país - un temor persistente de que el declive de Estados Unidos es inevitable y de que la próxima generación debe reducir sus expectativas”.

Para conjurar semejante estado de ánimo, Obama retoma el mito fundacional por excelencia de la República norteamericana: la fe en su pueblo para actuar en forma concertada y unida, como fuente inagotable del poder de sus instituciones: “Hoy nos reunimos porque hemos elegido la esperanza sobre el miedo, la unidad de propósitos sobre el conflicto y la discordia. Hoy hemos venido a proclamar el fin de las quejas mezquinas y las falsas promesas, de las recriminaciones y los dogmas caducos que durante demasiado tiempo han estrangulado a nuestra política”. Para ello Obama propone como fórmula: “restablecer la confianza vital entre el pueblo y su gobierno”. Una confianza dilapidada por Bush, quien en nombre de la “mayoría moral” y sus hipócritas valores, instauró la mentira, la guerra, la tortura y la avaricia del sector financiero como sus divisas de gobierno. Por eso abundan en el discurso de Obama alusiones muy directas a los responsables de la crisis, sin eludir las que le corresponden como dirigente y aquellas que son colectivas: “Nuestra economía está gravemente debilitada, como consecuencia de la codicia y la irresponsabilidad de algunos, pero también por el fracaso colectivo a la hora de elegir opciones difíciles y de preparar a la nación para una nueva era”.

La reinvención del pueblo

Y con ese propósito se embarca en la reinvención del pueblo norteamericano, recordándole sus principales virtudes y fortalezas bajo la inspiración de los valores de la cosmovisión política republicana: “rechazamos como falsa la elección entre nuestra seguridad y nuestros ideales. Nuestros padres fundadores, enfrentados a peligros que apenas podemos imaginar, redactaron una carta para garantizar el imperio de la ley y los derechos humanos, una carta que se ha expandido con la sangre de generaciones”. Esa encomiable cosmovisión está hoy muy distante de la realidad, pues fue totalmente negada desde el 11 de septiembre del 2001 por la llamada “guerra contra el terrorismo” y su “Patriot Act”, que confinó y arrasó los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario en la cárcel de Guantánamo e hizo de la tortura un modelo de interrogatorio. De allí el enorme simbolismo que tiene la orden de cerrar Guantánamo y condenar explícitamente la tortura. Sin embargo, lo primero no sucederá antes de un año, lo cual refleja dramáticamente los límites de Obama frente al poder de las burocracias, el miedo sembrado por Bush en el corazón del norteamericano corriente y ese alambrado de normas y procedimientos que condenan preventiva y arbitrariamente a quien es considerado como un enemigo terrorista.

El discurso de posesión es generoso y entusiasta en el redescubrimiento de las virtudes y los valores de ese pueblo republicano, casi en proporción directa a la ausencia de las mismas en su condición actual. He ahí el valor y la fuerza del mito. Por eso alude al crisol de su multiculturalidad, a su pluralismo y tolerancia religiosa, a su capacidad de trabajo, audacia, austeridad, honestidad y coraje, rasgos que en la actualidad están desapareciendo en el norteamericano común, temeroso de perder su empleo frente a tanto latino y asiático advenedizo.

Obama comprende que para “rehacer a Estados Unidos” primero hay que redescubrir y reinventar al “pueblo norteamericano” como principal responsable de su destino: “este es el precio y la promesa de la ciudadanía”.

El tono moral de la “nueva era” se inspira en los valores fundacionales de la “era inicial”: “Al reafirmar la grandeza de nuestra nación, somos conscientes de que la grandeza nunca es un regalo. Debe ganarse. Nuestro camino nunca ha sido de atajos o de conformarse con menos. No ha sido un camino para los pusilánimes, para los que prefieren el ocio al trabajo o buscan sólo los placeres de la riqueza y la fama. Más bien, han sido los que han asumido riesgos, los que actúan, los que hacen cosas -algunos de ellos reconocidos, pero más a menudo hombres y mujeres desconocidos en su labor, los que nos han llevado hacia adelante por el largo, escarpado camino hacia la prosperidad y la libertad.” No deja de insistir en ese mito fundacional: “Pero esos valores sobre los que depende nuestro éxito - el trabajo duro y la honestidad, la valentía y el juego limpio, la tolerancia y la curiosidad, la lealtad y el patriotismo - esas cosas son viejas. Esas cosas son verdaderas. Han sido la fuerza silenciosa detrás de nuestro progreso durante toda nuestra historia. Lo que se exige, por tanto, es el regreso a esas verdades. Lo que se nos pide ahora es una nueva era de responsabilidad - un reconocimiento, por parte de cada estadounidense, de que tenemos deberes para con nosotros, nuestra nación, y el mundo, deberes que no admitimos a regañadientes, sino que acogemos con alegría, firmes en el conocimiento de que no hay nada tan gratificante para el espíritu, tan representativo de nuestro carácter que entregarlo todo en una tarea difícil”.

No obstante lo anterior, es incapaz de reconocer ante el mundo la responsabilidad del estilo de vida norteamericano en la actual crisis, pues más adelante afirma: “No vamos a pedir perdón por nuestro estilo de vida, ni vamos a vacilar en su defensa, y para aquellos que pretenden lograr su fines mediante el fomento del terror y de las matanzas de inocentes, les decimos desde ahora que nuestro espíritu es más fuerte y no se lo puede romper; no podéis perdurar más que nosotros, y os venceremos”. Con este emplazamiento, Obama se sitúa ante el mayor desafío histórico que enfrenta, como es intentar reconciliar los imperativos de una República con la lógica belicista, maniqueísta y expoliadora de todo imperio.

¿Una República imperial?

Detrás de ese tono épico, subyace la concepción y cosmovisión republicanas de la política, que pondrá a prueba la capacidad estratégica de Obama y su equipo de gobierno para subordinar la lógica del imperio a los imperativos éticos de esa República posmoderna y cosmopolita que anuncia. Por eso proclama que su política internacional se guiará por el fomento de la amistad, la democracia y la diplomacia con los demás Estados. De entrada anuncia que “comenzaremos a dejar Irak, de manera responsable, a su pueblo, y forjar una paz ganada con dificultad en Afganistán” y tiende la mano “al mundo musulmán, que busca un nuevo camino adelante, basado en el interés mutuo y el respeto mutuo. A aquellos líderes en distintas partes del mundo que pretenden sembrar el conflicto, o culpar a Occidente de los males de sus sociedades - sepan que sus pueblos los juzgarán por lo que puedan construir, no por lo que destruyan”. Que en la actual crisis de Oriente Medio es más aplicable a Israel, empecinado en la destrucción y aniquilamiento de cualquier vestigio de resistencia y autonomía del pueblo palestino. Seguramente por ello sus tropas se apresuraron a salir de la franja de Gaza antes de la posesión de Obama.

En concordancia con el respeto republicano por la Constitución y la ley, también fustiga a “aquellos que se aferran al poder mediante la corrupción y el engaño y la represión de la disidencia”, y les advierte que “tenéis que saber que estáis en el lado equivocado de la Historia; pero os tenderemos la mano si estáis dispuestos a abrir el puño”. Una alusión directa a todos los gobernantes que pretenden diseñar y ajustar las constituciones a la medida de sus obsesiones, odios y delirios de grandeza, tan familiares y cercanos en nuestro vecindario.

Por último, reafirma el principio republicano del poder, cuyo sustento encuentra en “generaciones anteriores que se enfrentaron al fascismo y al comunismo no sólo con misiles y tanques, sino con sólidas alianzas y firmes convicciones. Comprendieron que nuestro poder solo no puede protegernos ni nos da derecho a hacer lo que nos place. Sabían por contra que nuestro poder crece a través de su uso prudente, de que la seguridad emana de la justicia de nuestra causa, la fuerza de nuestro ejemplo y las cualidades de la templanza, la humildad y la contención”.

Sólo el futuro nos revelará si es compatible tal escala de valores con la existencia del mayor imperio militar que haya existido en la historia, pues ella nos ha demostrado, desde Roma hasta el presente, que la República y el Imperio son irreconciliables en un mismo Estado. Si Obama logra semejante proeza, sin duda habremos entrado en una nueva era bajo la égida de una República cosmopolita y global, guiada por un hombre multiétnico y un gobernante tan insólito que merecerá el título de auténtico demócrata.

[1] - Todos los subrayados fuera del texto.

2008-12-24T09:57:00.005-05:00

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(Diciembre 24 de 2008)

Más de 2008 verdades en vilo

Hernando Llano Ángel

El 2008 pasará a nuestra historia como el año de las verdades en vilo. De las verdades que se resistieron a ser enterradas, desaparecidas, asesinadas, extraditadas, secuestradas, desplazadas, cooptadas y burladas, a pesar de existir una poderosa legión de intereses, de impostores profesionales y de medios de comunicación que se empeñaron en dejarlas en vilo. Una legión que se confabula de la manera más sutil e ingeniosa para hacernos creer que vivimos en una nación apasionada por la libertad y la democracia. Cuando somos una nación que está a punto de naufragar, no tanto por el inclemente invierno, como por el diluvio de mentiras que durante años ha anegado y ahogado nuestra conciencia. Por eso conviene comenzar por desvirtuar la mentira más consolidada y profunda, matriz de todas las demás: somos la democracia más antigua y estable de Suramérica. Una mentira arraigada en la ingenuidad política de unas minorías que concurren periódicamente a las urnas, pero que los medios de comunicación proyectan como la mayoría del pueblo colombiano, cuando la verdad es que apenas representa el 45 por ciento del censo electoral.[1] Una mentira meticulosa e insidiosamente repetida por todos los medios de comunicación, empeñados en reducir la democracia a las elecciones y el Estado a un mercado que todos los días se ofrece al mejor postor. Una mentira que niega la esencia de la democracia: “aquella forma de gobierno que permite contar cabezas en lugar de cortarlas”, según la precisa definición de James Bryce, y que en nuestro caso ha sido trasmutada por una “forma de gobierno que permite cortar cabezas (y manos) sin poder contarlas”, gracias a los “falsos positivos”[2] y a la tenebrosa alianza de la política con el crimen sellada en el templo sagrado de la “seguridad democrática”.

Mentiras Mediáticas

Unos medios que elevan al presidente Uribe al pedestal de caudillo multitudinario, cuando sus 7.397.835 votos apenas representan el 27.67% del potencial electoral. Es decir, un gobernante de minorías relevantes, pues más del 70 por ciento de la ciudadanía no lo respaldó. Razón tenía Borges al decir que la democracia era una ficción inventada por la estadística. En nuestro caso, habría que agregar que una tenebrosa ficción, si empezamos por recordar cifras como las siguientes, oportunamente recuperadas por el Grupo de Memoria Histórica de la Comisión de Reparación y Reconciliación Nacional, que “ha establecido en forma provisional que entre 1982 y 2007 se ejecutaron 2.505 masacres con 14.660 víctimas”[3].

Por lo anterior, este 2008 que está agonizando no podía ser la excepción. Se despide con un triple record de ignominia para un Estado que cínicamente se autoproclama democrático, pero posee el mayor número de sindicalistas asesinados (39) en el mundo; el más alto número de víctimas por minas antipersona (en promedio 2 diarias) y la mayor población desplazada en el continente americano por causa del conflicto armado (más de 3 millones de colombianos).

En gran parte ello es consecuencia de la obstinada negación presidencial del conflicto, que lo degrada así cada día más, al punto de haber tenido que destituir apresuradamente[4] un representativo número de oficiales y miembros de la fuerza pública, en total 25, entre ellos 3 Generales, 11 Coroneles, 3 Mayores, 1 Capitán y 1 Teniente, por sus graves responsabilidades en más de 1.000 ejecuciones sumarias (“falsos positivos”) o asesinatos, en cumplimiento de la política de “seguridad democrática”. En contraste con lo anterior, sobresale la llamada “Operación jaque” como un éxito rutilante, pues ella fue el resultado positivo de la combinación de todas las formas de mentir. Empezando por la mentira más denigrante e intolerable, propia de las FARC, como es la práctica del secuestro con fines supuestamente revolucionarios, que este año le reportó el merecido repudio masivo por parte de la ciudadanía y su ostracismo político de la vida nacional e internacional, al persistir en dicha acción deleznable y auténticamente reaccionaria. No por casualidad hay tanta semejanza entre Guantánamo y los campos de reclusión de los secuestrados por las FARC en la selva. De no proceder a liberar en forma incondicional e inmediata a todos sus rehenes y por fin comprender el Secretariado de las FARC que no puede existir política sin libertad, la extinción en la manigua de la selva, igual que la vida de su fundador, será su destino inexorable.

Por último, para cerrar con broche de oro su ejemplar desempeño, miembros del ejército asesinaron el pasado 16 de diciembre, bajo la coartada de un inexistente retén militar, al comunero indígena Edwin Legarda Vásquez, compañero de la Consejera Mayor del CRIC, Aida Marina Quilcué, dirigente inquebrantable de la Minga por la vida y dignidad de nuestro pueblo. Sin lugar a dudas, Aida sobresale como el personaje del año en las luchas políticas y sociales, pues es la auténtica encarnación de esa democracia telúrica, raizal y plural que empezó a recorrer desde el sur profundo la geografía y la historia de América Latina. Este año esa gesta popular llegó hasta las puertas de la inabordable sede del poder presidencial, hoy designada la “casa de Nari” por los cómplices y socios de Don Berna, que la visitan con familiaridad y mayor facilidad que los dirigentes de la Minga. Así termina política y simbólicamente un año que como ninguno otro nos deja un legado de verdades en vilo que se niegan a morir, de voces que no se callan pese a la extradición y de miles que retumban desde sus fosas comunas. De verdades que se resisten a seguir siendo estafadas por pirámides de sueños y referendos ilegales, porque la realidad de todas las víctimas es más tozuda y verdadera que la codicia y la prepotencia de los victimarios, así ellos cuenten con los medios de comunicación y la Fuerza Pública para imponer transitoriamente sus mentiras oficiales, institucionales y financieras.

2009: Un año de verdad crucial.

Todo parece indicar que el 2009 será el año de las verdades definitivas y las mentiras insostenibles. Así lo anuncia la recesión económica global y la incierta transición política que estamos viviendo, tanto nacional como internacionalmente, más aún con la futura presidencia de Barack Obama, siempre y cuando éste no se someta a un proceso de “blanqueamiento” político que lo torne irreconocible. Una transición que nos plantea en Colombia el dilema de legitimar el crimen o dignificar la política mediante la depuración de sus filas de la legión de impostores y criminales de cuello blanco que hoy la comandan. La legitimación del crimen ha avanzado vertiginosamente durante estos 6 años gracias a la simbiosis uribista de la política con el narcoparmilitarismo, una vez embaucados y extraditados sus comandantes en virtud de la ley de “justicia y paz”, acallando así la estridencia de unas verdades que casi no lo dejaban gobernar. Por último, ha consumado dicha alianza estratégica con una reforma política que deja en ejercicio a los testaferros del narcoparmilitarismo hasta el 2010 y mediante la aprobación noctámbula de un referendo ilegal, como un acto vergonzoso propio de asaltantes de la voluntad popular, pues hoy todos sabemos que fue financiado por grupos plutocráticos y cacocráticos[5], expertos en secuestrar la voluntad ciudadana y manipular el miedo a las FARC de millones de firmantes incautos.

Por el contrario, la dignificación y depuración de la política sólo podrá ser obra de una conciencia ciudadana no manipulable por el miedo y las encuestas amañadas, sumada al ejemplar enjuiciamiento nacional e internacional de todos aquellos criminales que se han camuflado de políticos, sin importar sus encumbradas investiduras de derecha o de izquierda, completamente salpicadas de sangre y complicidades infames[6].

Sin duda, el 2009 será un año crucial, pues definirá la suerte de todos en el 2010, que seguirá debatiéndose entre las urnas y las tumbas, la verdad y la mentira, la libertad y el secuestro, la justicia y la impunidad, la guerra y la paz, la dignidad de un pueblo autónomo o la humillación de una nación servil. De cada uno de nosotros depende la superación de los anteriores dilemas. Entonces sabremos si nos resignamos a vivir en una “democracia” de mentiras honorables y mortales o en una Colombia de verdades humildes y vitales, como las de la Minga y el pesebre de Jesús de Nazareth. Obviamente este último es mi deseo para todas y todos durante el 2009 y el 2010.

[1] - Según la Registraduría Nacional del Estado Civil, el potencial electoral en las elecciones presidenciales del 2006 era de 26.731.700 ciudadanos, de los cuales votaron 12.041.737 y de estos, 7.397.835 por Álvaro Uribe Vélez.
[2] -Ejecuciones extrajudiciales donde aparecen gravemente implicados miembros de la Fuerza Pública, cuyo número desde el 2002 es de 1.015 casos documentados.
[3] - Ver http://www.memoriahistorica-cnrr.org.co/ “Trujillo. Una tragedia que no cesa”. Página 13.
[4] - Para aminorar el impacto de la visita y el informe de la delegada de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
[5] - Entre estos figura Transval, la transportadora de valores de DMG, que aportó generosamente la custodia y traslado de los pliegos de firmas ciudadanas del referendo hasta la Registraduría.
[6] - Según editorial de “El Espectador” del 22 de Diciembre: “A la fecha, 34 de los 102 senadores electos en 2006 y 25 de 168 representantes a la Cámara están siendo investigados por vínculos con el paramilitarismo”.

2008-11-20T16:59:00.004-05:00

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El Régimen Piramidal
(Noviembre 20 de 2008)

Hernando Llano Ángel.

De nuevo las noticias son tan vertiginosas, que ya las pirámides sepultan las fosas comunes de los falsos positivos. Sobre los gritos inconsolables de las madres frente a los restos de sus hijos, ahora se imponen las voces airadas de los clientes de DMG y de las Pirámides en contra del Gobierno. Así las cosas, esas captadoras de sueños y codicia han logrado opacar al terrible Leviatán que, en nombre de una supuesta “seguridad democrática”, desaparece, ejecuta y sepulta a quienes considera una amenaza para su orden y prosperidad o le proporcionan una fácil oportunidad para proyectar su invencible superioridad militar, como aconteció con los jóvenes de Soacha.

Pirámides de desaparecidos

Resulta ahora mucho más grave la desaparición de una Pirámide, como DFRE[1], que la de miles de seres humanos Desaparecidos en forma Fácil, Rápida y Ejecutiva. Como una cruel ironía, que refleja muy bien la escala de valores predominante, han salido a las calles miles de manifestantes a desafiar al Príncipe porque éste se ha convertido en una amenaza para sus bolsillos, pero no para sus vidas. Al menos por ahora. Y así han quedado de nuevo solas las víctimas de los falsos positivos, relegadas a un rincón de la actualidad, como si fueran una pesadilla que rápidamente hay que ocultar y olvidar. Igual a como sucedió hace 23 años con los desaparecidos del Palacio de Justicia, por el delito de ser jóvenes y trabajar en la cafetería. Con mayor razón ahora, cuando los desaparecidos son jóvenes marginales de Soacha, seres sospechosos e indeseados, sin ninguna fortuna. El crimen de Estado ha sido desplazado por los damnificados de las Pirámides y las avalanchas del invierno. La realidad contante y sonante del dinero ha sepultado, una vez más, el sentido de la vida y la dignidad de estos jóvenes, pobres y desafortunados. Ellos carecen de valor para el Gobierno y la sociedad. Son marginales y “desechables”. Sus muertes no ameritan la declaratoria de la emergencia social, como sí la exige con premura el poderoso don dinero.

Esas son las prioridades de este régimen piramidal, en cuya cúspide rige la mentira y gobierna la avaricia del poder aliada con el crimen de lesa humanidad. Es precisamente por ello que los damnificados de DMG y las pirámides consideran intruso e ilegítimo al presidente Uribe: por inmiscuirse en un asunto que ellos estiman no le compete. Nada menos que el derecho de cada ciudadano a disponer de su dinero como a bien tenga. Ya lo vociferaba ante las cámaras de televisión una furibunda y fiel usuaria de DMG: no habrá más votos por el presidente Uribe. Razón tenía Maquiavelo cuando le advertía al Príncipe que no se metiera en forma arbitraria con el dinero del vulgo y mucho menos con sus mujeres. Parece que la crisis de las Pirámides presagia por ahora el fin de los Consejos Comunitarios, no vaya a ser que un desesperado damnificado o una visceral estafada se transformen en una mortal carga explosiva y arrasen con toda la parafernalia de la seguridad presidencial.

A tales extremos se suele llegar cuando la política se mezcla con la mentira, la codicia y el crimen, como sucede en la actualidad, aunque ello se pretenda ocultar bajo el oropel de la legalidad y una mediática y carismática popularidad presidencial. Por ejemplo, al tipificar como sediciosos en una supuesta ley de “justicia y paz” a criminales de lesa humanidad y narcotraficantes de alta peligrosidad, cuyas máximas penas serían en Colombia de ocho años en prisión. Y tan portentosa alianza del crimen con la ley, auspiciada y convenida por el presidente Uribe con el auxilio del entonces viceministro de Justicia y hoy Fiscal General, Mario Iguarán, se pretendía perfeccionar en el altar de la llamada justicia transicional. Afortunadamente la Corte Constitucional y la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia no lo permitieron y develaron así el escándalo de la mal llamada parapolítica, que es en realidad la simbiosis del crimen con la política, de la que en forma magistral se ha servido el presidente Uribe desde su gobernación en Antioquia.

Algo semejante, pero en el terreno más cenagoso del mercado y las finanzas, es lo que ha venido haciendo con éxito David Murcia Guzmán, sin cargar con el lastre de tanto falso positivo. Lastre sangriento que nos lo recuerda Mancuso en su última teleaudiencia, casi inadvertida por el escándalo de las Pirámides, cuando afirma que se reunió en varias ocasiones con el entonces Secretario de Gobierno de Antioquia, Pedro Juan Moreno, mano derecha de Uribe, para coordinar la creación de las Convivir, que luego se trasmutaron en las criminales AUC. No por casualidad las víctimas de estas bandas en Antioquia, durante sus tres años como gobernador (1995-1997), aumentaron piramidalmente, con 143 asesinatos en 1995, en 1996 con 357 y en 1997, como para culminar su “mandato de bien”, la cifra llegó a 439. Todo ello, bajo el reinado de quien condecoró como “pacificador de Urabá”, y le rindió luego un homenaje de desagravio, el General (r) Rito Alejo del Río, hoy detenido por su activa colaboración con las AUC, según lo confirman con sus testimonios Mancuso y Ever Veloza, alías “H.H.”.

AUV > DMG

Por todo lo anterior, se puede afirmar que Álvaro Uribe Vélez (AUV) es en la política lo que David Murcia Guzmán representa en la economía, aunque como jefe de Estado lo supere en responsabilidad social y lo someta en el ámbito judicial. Ambos encarnan la promesa y la realidad de ganancias rápidas, seguras y rentables, sin importar mucho los medios para alcanzarlas. Ambos transitan por la ambigua línea de la legalidad y la escabrosa de la criminalidad. Uribe con las Convivir y la “Seguridad democrática”; DMG con sus tarjetas y novedosos mecanismos de comercialización y financiación. Los dos tan cercanos al narcotráfico, pero tan distantes de sus protagonistas. Ambos despiertan tanta pasión como odio y cuentan con miles de seguidores, que adoran sus virtudes y no ven sus graves defectos. Pero cada uno de ellos beneficia a unos pocos, aunque se proyectan en sus respectivos campos como líderes altruistas que trabajan incansablemente por el bien de todos. Uribe se autoproclama como el demócrata por excelencia que combate a muerte el terrorismo y la corrupción; Murcia se proyecta como el empresario generoso que lucha por la clase media y los pobres contra la codicia y la ambición del sector financiero. Mientras Uribe manipula y defrauda la confianza ciudadana y los valores democráticos, Murcia hace lo propio con la ambición y el dinero de sus clientes. Pero entre ellos existe una diferencia apreciable. Uribe supera con creces a Murcia, pues es un timador de la fe pública y un defraudador profesional de la democracia. Las pérdidas que produce son irrecuperables: vidas humanas sacrificadas en nombre de la “seguridad democrática” y la creciente ilegitimidad de las instituciones estatales, copadas por la ambición de mercaderes y mercenarios al servicio de unos pocos. Sólo que semejante costo no es apreciado por las mayorías en lo inmediato, pues está diferido hacia el futuro y girado contra las generaciones por venir. Ellas tendrán que rescatar de los cimientos de las pirámides miles de desaparecidos y hacer justicia a la memoria de tantas víctimas inocentes, además de ajustar cuentas con la buena conciencia de verdugos ilustres, hoy intocables por el poder judicial porque ocupan la cúspide de la pirámide estatal.

Por el contrario, las pérdidas generadas por Murcia son de cobro inmediato y, aunque cuantiosas, recuperables, pues se tasan en precios y no en valores tan trascendentales e irreversibles como la vida, la dignidad, la decencia y la legitimidad política. Seguramente por ello es mucho más fácil juzgar y hasta condenar a DMG. Sus delitos son económicos y no de lesa humanidad. Ellos están al alcance de la justicia nacional. Todo lo contrario sucede con AUV, que se sitúa más allá del bien y del mal, pues obra inspirado por el más noble servicio a la “Patria” y con la coartada de la “seguridad democrática”. De allí su obsesión por el poder presidencial, que le garantiza impunidad, siempre y cuando cuente con el juicio favorable de sus firmantes y electores, convertidos así en cómplices de este ignominioso régimen piramidal. Un régimen coronado por la criminalidad y sustentado en la impunidad política y la indolencia ciudadana. Un régimen que ocupa el primer lugar en el mundo por crímenes de sindicalistas, con 39 asesinados durante el año pasado y 464 desde el 2002, bajo la eficiente protección de la “seguridad democrática”. Un régimen que es sacudido en sus estructuras de mentira y fraude por escándalos como la Yidispolítica y movimientos telúricos como la Minga de Resistencia Indígena y Popular, que hoy ingresa a Bogotá.

Con bases tan deleznables no hay pirámide que se sostenga indefinidamente. Su imagen tambalea en el orden internacional, aunque internamente parezca tan firme como DFRE y DMG para sus ingenuos ahorradores. Pero de ilusiones y mentiras no puede vivir una sociedad por mucho tiempo. Ya lo saben los ahorradores defraudados, ahora falta que lo aprendan los electores deslumbrados, aunque ya sea demasiado tarde, pues los daños en la vida pública, por perjudicarnos a todos, son insubsanables. Sólo nos queda el derecho a no creer y reelegir a los responsables de semejante hecatombe política, económica, social y ética. Sería tanto como nombrar a David Murcia Guzmán de gerente del Banco de la República. Sin embargo hay millones de ciudadanos que así lo quieren, pero en la Presidencia de la República, por una tercera vez.

[1] “Dinero Fácil, Rápido y en Efectivo”, según el ingenio pastuso de su fundador, Carlos Alfredo Suárez.

2008-10-15T19:00:00.006-05:00

MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y OPINIÓN PÚBLICA

EN CONTEXTOS DE GUERRA[1]

Hernando Llano Ángel.[2]

Agradezco a los organizadores de la cátedra internacional Ignacio Martín Baró por su amable invitación a participar en este panel interdisciplinario en compañía de profesionales que tanto han aportado a la comunicación desde la perspectiva académica, gremial, fundacional y de la propia formación de opinión pública, como son los casos de José Vicente Arizmendi, Marta Toro, Rocío Castañeda, Ubencel Duque y Hollman Morris, frente a quienes soy un inexperto y un advenedizo. Por ello, no voy abordar esta compleja, apasionante y posmoderna trinidad que forman los medios, la opinión pública y la guerra –tres cosas distintas que configuran nuestra única realidad terrenal-- desde la perspectiva de la comunicación, sino desde una perspectiva más amplia y la vez mundana, como es la política.

Arendt y Camus

Lo voy a hacer a partir de una pareja de pensadores que descolló por su lucidez, valor, resistencia civil y sensibilidad frente a la condición humana sometida a los avatares de la violencia y la guerra en el siglo XX, como lo fueron Hannah Arendt y Albert Camus.

Ambos realizaron valiosos aportes en la formación de una opinión pública reflexiva, crítica y democrática, mediante la interpelación a sus lectores en diarios y revistas para que asumieran posturas éticas y civilistas frente a quienes desde el poder político hábilmente manipulaban sus sentimientos, pasiones, miedos y prejuicios, invocando grandes valores como la paz, la libertad, la seguridad y la justicia, para así movilizarlos en forma entusiasta a los frentes de batalla y sacrificar sus vidas y la de sus enemigos en nombre de la humanidad y supuestas causas supremas.

No obstante el carácter y alcance tan disímil de sus obras, ambos coincidieron en la problemática que nos convoca en este panel, pues asumieron una postura de radical resistencia civil y denuncia crítica de los supuestos alcances progresistas y revolucionarios que desempeñan la violencia y la guerra en los asuntos humanos, tanto en la esfera de lo público como en los conflictos políticos nacionales e internacionales.

Arendt lo hizo a través de su monumental investigación, “Los orígenes del Totalitarismo” y especialmente en su incisivo ensayo “Sobre la Violencia”, que la consagraron como la pensadora política que abordó en la forma más sugerente y creativa la compleja y crucial relación entre poder y violencia, superando las tradicionales concepciones de la derecha y las revolucionarias de la “nueva izquierda”, tan proclives a rendir culto a la violencia directa como juez de última instancia en las controversias políticas y sociales.

Por su parte, Albert Camus, en su controvertido ensayo “El Hombre Rebelde”, ajustó cuentas en forma temprana y contundente con la mistificación de una violencia supuestamente progresista, como la del régimen Stalinista, que bajo la coartada de la liberación del proletariado y el campesinado ordenó miles de crímenes de lesa humanidad e instauró nuevos campos de concentración en Siberia.

Entonces, escribió Camus, en la introducción de la mencionada obra, lo siguiente: “Pero a partir del momento en que por falta de carácter corre uno a darse una doctrina, desde el instante en que se razona el crimen, éste prolifera como la misma razón, toma todas las figuras del silogismo. Era solitario como el grito; helo ahí universal como la ciencia. Ayer juzgado, hoy legisla”. En nuestro caso, habría que agregar que nos gobierna.

Pero para entrar en materia y referirme al papel de los medios de comunicación en la generación de opinión pública, es pertinente comenzar con una breve y profunda reflexión de Arendt en otro de sus libros fundamentales, “La Condición Humana”, donde escribió lo siguiente:

Realidad Aparencial: “Para nosotros, la apariencia --algo que ven y oyen otros al igual que nosotros-- constituye la realidad”.[3] (Diapositiva 1)

En efecto, la opinión pública pertenece al ámbito de lo aparente, en su doble acepción de aquello que, primero, aparece ante nosotros --proyectado en pantallas de televisión, escuchado a través de la radio y/o leído en la prensa escrita—y, segundo, como aquello que no es, pero se nos presenta como verosímil, según las diversas versiones e interpretaciones que se disputan el sentido y alcance de los hechos y acontecimientos que determinan nuestras vidas.

Hechos y acontecimientos que al desarrollarse en un contexto de guerra se convierten, ellos mismos, en materia de profunda controversia, pues la parte que logre persuadir a la opinión de que su versión de lo sucedido es la verdadera, desvirtuando como falsa o mentirosa la brindada por su adversario o enemigo, ya se habrá asegurado más de la mitad de la victoria. De allí el aserto del famoso aforismo inglés, según el cual: “La verdad es la primera baja o víctima en todas las guerras”.

Lo estamos corroborando en los dos casos más emblemáticos y dramáticos de nuestro degradado conflicto interno, la famosa “Operación Jaque”, en donde al parecer tendremos que esperar la versión de Hollywood, protagonizada por Michael Douglas, para saber exactamente lo que sucedió, pues sólo la ficción podrá brindarnos la medida de esa espectacular “verdad”. Y las tenebrosas ejecuciones extrajudiciales, que es el eufemismo oficial de actualidad para denominar los crímenes de Estado, que tardíamente endilga el Ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, a mandos militares sin identificar.

Por ello, la primera cuestión que quiero plantear para el debate en este panel, es la imperiosa necesidad de reconocer que la opinión pública se ha convertido entre nosotros en un verdadero campo de batalla, donde el comunicador aparece en muchas ocasiones como el blanco perfecto de los combatientes, cuando no su más preciado aliado o incluso temible adversario. Es por eso que tenemos en Colombia tan alto número de periodistas asesinados, amenazados, investigados y estigmatizados. Por ello es también el periodismo una profesión tan peligrosa como apasionante y compleja, pues permite conocer como ninguna otra a los protagonistas de la guerra, sus laberintos de odio y venganza, sus abismos éticos y crímenes atroces.

De allí la pertinencia de ver y escuchar a uno de esos protagonistas, Salvatore Mancuso, quien empezó a revelarnos, antes de que el Presidente Uribe ordenará su rápida extradición, la forma como se fue configurando en Colombia la alianza entre la política y el crimen, más conocida bajo el eufemismo de la “parapolítica”. (Proyectar dos primeros vídeos).

El merito del periodista Juan Carlos Giraldo, en esta entrevista excepcional, es que nos permite ver y escuchar, más allá de la apariencia de las elecciones y los triunfos de los candidatos, la realidad criminal que hay detrás de nuestro régimen político que no merece por lo tanto el título de democrático, sino más bien de régimen electofáctico, pues en la realidad es esa simbiosis de la política con los poderes de facto lo que determina la suerte de las elecciones y el nombre de los ganadores.

También, como veremos a continuación, es la alianza entre dichos grupos criminales con políticos profesionales, como el caso del Senador Mario Uribe Escobar, lo que marcará la expedición de algunas leyes, como la mal llamada ley de “Justicia y Paz”, que después determinará gran parte de la agenda política nacional e internacional del actual gobierno. (Proyectar vídeo Mancuso, caso Mario Uribe).

Y es en este contexto donde los comunicadores y en general todo profesional que potencialmente incida en la formación de opinión pública, como es el caso de los docentes y los denominados intelectuales, que encontramos en Arendt y Camus dos extraordinarios ejemplos de lucidez, coherencia y valor, que bien vale la pena tratar de emular.

Para continuar con Arendt, recurro ahora a una cita tomada de su ensayo “Comprensión y política”, donde nos advierte sobre el papel de la comunicación en contextos de guerra y nos dice: “Las armas y la lucha corresponden a la esfera de la violencia y la violencia, a diferencia del poder, es muda; la violencia empieza donde termina el discurso. Las palabras que se usan para combatir pierden su calidad de discurso y se convierten en clichés”. (Diapositiva 5) “El lugar que los clichés han llegado a ocupar en nuestro lenguaje y en nuestros debates cotidianos puede muy bien indicar hasta qué punto no sólo nos hemos privado de la facultad del habla sino que no dudamos en utilizar medios más efectivos que los libros malos (y sólo los libros malos pueden ser buenas armas) para solucionar nuestros diferendos”[4]. (Diapositiva 6)

Sin duda, entre nosotros predominan los clichés y con ellos se pretende sustituir la realidad, incluso negarla, como sucede con el lenguaje oficial que no reconoce la existencia de la guerra o el conflicto armado interno --aunque en la operación jaque haya utilizado el símbolo del CICR-- sino de un ataque terrorista contra la democracia más profunda y estable de América Latina. De allí el enorme desafío que enfrentamos los periodistas y los docentes, pues como mediadores que somos entre la realidad que se informa y el conocimiento que se imparte, siempre corremos el riesgo de ponernos al servicio de la mentira o la dominación bajo los más incuestionables e intocables clichés.

En el caso de los comunicadores, por ejemplo, convirtiéndose en agentes propagadores y propagandistas del odio, al punto que les impida ver cualquier rasgo de humanidad en quien es considerado enemigo público de la patria o incluso de toda la especie.

En tales circunstancias pierde todo sentido indagar quién es tal enemigo, basta nombrarlo con el cliché que lo condena y lo estigmatiza, bien sea como terrorista, apátrida, narcoterrorista, guerrillero, paramilitar o, en otras circunstancias y latitudes, como musulmán, judío, armenio, kurdo, serbio, bosnio o fundamentalista.

Todos estos clichés tienen en común que resuman odio. Y como bien lo señala Camus, en la entrevista “Las servidumbres del odio”, concedida al periódico “El Progreso de Lyon” en 1951 (Diapositiva 7) “El odio es en sí mismo una mentira. Se calla instintivamente con relación a toda una parte del hombre. Niega lo que en cualquier hombre merece compasión. Miente, pues, esencialmente sobre el orden de las cosas. La mentira es más sutil. Sucede incluso que se miente sin odio, por simple amor a uno mismo. Todo hombre que odia, por el contrario, se detesta a sí mismo, en cierto modo. No hay, pues, un lazo lógico entre la mentira y el odio, pero existe una relación casi biológica entre el odio y la mentira.”

Develar y denunciar cómo el odio engendra portentosas mentiras, bien puede ser uno de los principales desafíos que nos corresponde asumir a los comunicadores y educadores en este tiempo y en esta tierra colombiana, como condición previa y necesaria para algún día disfrutar de la convivencia democrática y dejar así de vivir bajo el imperio del miedo y la desconfianza.

Mentiras, tales, como que hay una violencia menos atroz y más justificable que otra, ayer representada por las Convivir y las AUC, y hoy trasmutada en la política oficial denominada “seguridad democrática”, en nombre de la cual se estimula el asesinato, el desmembramiento del enemigo y las llamadas ejecuciones extrajudiciales de presuntos delincuentes o terroristas. Mentiras como llamar retenciones a los secuestros y ajusticiamiento a los asesinatos, cometidos supuestamente en nombre de una justicia que se autoproclama revolucionaria, como lo hacen las FARC y el ELN.

Y en un terreno menos anegado por la violencia y las venganzas, pero que de alguna forma lo auspicia y abona, continuar afirmando y enseñando desde la cátedra y los medios masivos que vivimos bajo la protección de un Estado Social de Derecho, cuando éste no deja de ser una ilusión fantasmagórica y hasta terrorífica para millones de compatriotas. A tal punto que la misma Corte Constitucional, en su famosa sentencia sobre la situación de los más de tres millones de colombianos desplazados, lo denominó un “estado de cosas inconstitucional”. Sin duda, nuestro Estado es cada día menos social y menos de derecho, y hoy está convertido en una especie de ficción mediática que ya ni siquiera es capaz de garantizar a sus asociados el servicio de la justicia. No le faltaba razón a San Agustín, cuando afirmaba en su famosa obra “La ciudad de Dios”, que “Un reino sin justicia es un gran robo”. En nuestro tiempo, se podría afirmar que “Un Estado sin justicia es una ignominia”.

Y en nuestro caso, no sólo por cumplirse 36 días sin el servicio estatal de la administración de justicia a raíz del paro de ASONAL, sino por algo mucho más escandaloso, como ha sido la decisión del Presidente Uribe de extraditar a criminales de lesa humanidad para que sean juzgados por narcotráfico en Estados Unidos, burlando así el derecho de las víctimas a la verdad, sin la cual jamás podrá haber justicia y mucho menos reparación, como también escamoteando el conocimiento público de la responsabilidad y complicidad de importantes y numerosos dirigentes empresariales y líderes políticos comprometidos en el funcionamiento y consolidación de esa maquinaria criminal.

Por eso, a la pregunta de su entrevistador “¿Y no es la mentira una de las mejores armas del odio, quizá la más pérfida y la más peligrosa?”. Camus respondió: “El odio no puede tomar otra máscara, no puede privarse de esta arma. No se puede odiar sin mentir. E inversamente, no se puede decir la verdad sin sustituir el odio por la compasión (que no tiene nada que ver con la neutralidad). De diez periódicos, en el mundo actual, nueve mienten más o menos. Es que en grados diferentes son portavoces del odio y la ceguera. Cuanto mejor odian más mienten. La prensa mundial, con algunas excepciones, no conoce hoy otra jerarquía. A falta de otra cosa mejor, mi simpatía va hacia esos, escasos, que mienten menos porque odian mal.”

Ese podría ser un imperativo ético para comunicadores y educadores: “odiar mal para mentir menos”. Y ello empieza por ser conscientes de nuestros odios para no seguir diciendo o defendiendo mentiras, bien sea desde la prensa o desde la cátedra. Mentiras tan piadosas como que “Somos la democracia más estable y profunda de América Latina”. O la colosal y cínica afirmación del estelar asesor presidencial, José Obdulio Gaviria: “En Colombia no hay desplazados, sino migrantes.” Sin dejar de mencionar la principal tesis de la “inteligencia superior” que guía los destinos de la nación: “En Colombia no hay conflicto armado, sino una amenaza terrorista contra la democracia”.

Afortunadamente la mayoría de quienes estamos en este Auditorio hemos sido formados en la escuela jesuita del discernimiento, bajo la influencia y el ejemplo vital de hombres como Ignacio Martín Baró, quien nos advirtió que “No hay saber verdadero que no vaya esencialmente vinculado con un hacer transformador sobre la realidad, pero no hay hacer transformador de la sociedad que no involucre un cambio de las relaciones entre los seres humanos”. Y ese cambio en nuestras relaciones está determinado por nuestra capacidad para no mentir y adulterar la realidad. Por nuestra autenticidad existencial, veracidad comunicativa y coherencia vital en el trato con los demás y la misma realidad.

Por ello, es pertinente terminar con la última respuesta de Camus a la pregunta “¿Cuál es la importancia privilegiada de la mentira? Entonces respondió: “Su importancia proviene de que ninguna virtud puede aliarse con ella sin perecer. El privilegio de la mentira es que siempre vence al que pretende servirse de ella…No, ninguna grandeza se ha establecido jamás sobre la mentira. La mentira a veces hace vivir, pero nunca eleva. La verdadera aristocracia, por ejemplo, no consiste en batirse en duelo. Consiste, en primer lugar, en no mentir. La libertad no consiste en decir cualquier cosa y en multiplicar los periódicos escandalosos, ni en instaurar la dictadura en nombre de una libertad futura. La libertad consiste, en primer lugar en no mentir. Allí donde prolifere la mentira, la tiranía se anuncia o se perpetúa.”

Claro está que la proliferación de las mentiras como la perpetuación de las tiranías no depende sólo de los comunicadores y los educadores, sino también de quienes se las creen o las desean, y es en tal contexto donde cobra todo su significado la resistencia civil.

Porque la resistencia civil es la afirmación del poder de las verdades y las identidades plurales, siempre reacias a todo tipo de hegemonías homogeneizadoras, aniquiladoras de la riqueza de la diversidad de la vida, bien a través del mercado, la cooptación política y las nuevas formas de un caudillismo autoritario que se proyecta como insustituible e imprescindible entre nosotros y el vecindario, aunque sus protagonistas estén situados en orillas contrarias y divergentes.

Muchas gracias por su atención.

Octubre 9 de 2008.

[1] - Ponencia presentada en la Cátedra Internacional Ignacio Martín Baró.
Panel: Medios de Comunicación y Opinión Pública en contextos de guerra. Diálogos Interdisciplinarios. Pontificia Universidad Javeriana de Cali. Octubre 9 de 2008. Auditorio Los Almendros.

[2] - Profesor Asociado Departamento de Ciencia Jurídica y Política. Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales. Abogado y Magíster en Estudios Políticos de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá.

[3] - Arendt, Hannah. (1993). La Condición Humana. Barcelona, Edit Paidós, p. 59.

[4] - Hilb, Claudia (Comp), (1994). “El resplandor de lo público. En torno a Hannh Arendt”, Caracas. Editorial Nueva Sociedad, p. 32.

2008-09-23T10:55:00.003-05:00

DE-LIBERACIÓN

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El Estado Encapuchado
Septiembre 21 de 2008

Hernando Llano Ángel.

El debate suscitado por la senadora Gina Parody sobre la inaceptable e intolerable práctica de algunos estudiantes de encapucharse para intervenir en las asambleas universitarias, bien vale la pena extenderlo a otras esferas y ámbitos de nuestra vida institucional, como el Congreso y la misma Presidencia de la República. Así nos percataríamos de que la capucha de tela es inocua e insignificante frente a la capucha mental y moral que predomina en las altas esferas del poder estatal. Sin duda, las capuchas oficiales son mucho más sofisticadas y por eso es casi imposible detectarlas. Incluso pasan inadvertidas para la misma senadora, no obstante ella contar con un psicodélico y vistoso juego de gafas, que siempre luce con ese aire indescifrable de modelo chic o de niña bien que se encuentra en el lugar equivocado.

Capuchas Transparentes

La principal razón por la cual es tan difícil detectar las capuchas oficiales es que parecen auténticas, pues hacen parte de la identidad de sus portadores y ellos las llevan con absoluta naturalidad. Podríamos decir que son transparentes. Así las cosas, es comprensible que la senadora no haya podido detectar que entre los miembros de su partido político, curiosamente denominado partido de la “U”, ya sean diez (10) los congresistas procesados por concierto para delinquir agravado con bandas paramilitares. En otras palabras, que a su lado tenía más encapuchados como Honorables Senadores y Representantes que los tres o cuatro estudiantes que aparecen ocultando su rostro en la famosa arenga en la Universidad Distrital. Lo anterior demuestra que el asunto es más complejo de lo que cree la senadora, pues los encapuchados más peligrosos son los que enseñan sin temor su rostro, pero ocultan su identidad política y verdaderos intereses económicos bajo la investidura que tienen y el cargo oficial que desempeñan. Ellos no son identificables por nuestros ojos, sino por nuestro juicio, pero este suele tardar demasiado para ser certero. El reciente rechazo de la senadora a un tercer período de Uribe, es señal de que empieza a tener mejor juicio. La cuestión es tan compleja, que en muchas ocasiones ni siquiera el juicio de avezados magistrados es suficiente para identificarlos, pues sus actividades oscilan entre la política y el crimen y casi siempre cuentan con coartadas perfectas para su justificación, cuando no con testigos que son descartados por su condición de criminales y mitómanos irredimibles.

“Caras vemos, corazones no sabemos”

Como en el sabio refrán popular, corazones pérfidos se ocultan con facilidad bajo rostros bondadosos. Difícil imaginar que tras las buenas maneras, la fina elegancia y la atemperada voz de Salvatore Mancuso se oculte el temible y sanguinario comandante de las AUC. Seguramente por ello fue escuchado con tanta atención y aplaudido con entusiasmo cuando pronunció su discurso en el Congreso, pues parecía un parlamentario más. De alguna manera las investigaciones sobre la parapolítica y las versiones de los principales ex comandantes paramilitares nos han revelado que son legión los encapuchados en el interior del Estado colombiano. Ellos cumplen sus funciones sin necesidad de portar un antifaz distinto al de su distinguido e importante cargo: Senadores, Representantes, Directores de Institutos Descentralizados, Gobernadores, Alcaldes, Diputados, Concejales, Generales, Coroneles, Fiscales y un extenso etcétera, que todavía ignoramos hasta qué encumbradas instancias y profundas fosas puede llegar. Según el Fiscal General de la Nación, Mario Enrique Iguarán, en la actualidad esa institución adelanta investigaciones contra más de 300 funcionarios por presuntas vinculaciones con grupos armados ilegales. Estamos, pues, literalmente frente a un Estado encapuchado. Pero un Estado que no porta una capucha cualquiera, mugrienta y de tela desteñida, como la que usan en las asambleas algunos estudiantes en Universidades públicas. No. Es un Estado que cuenta con una capucha a salvo de cualquier sospecha, la capucha democrática, siempre reluciente y fragante.

La Capucha Democrática

El Estado colombiano porta una fina y vistosa capucha democrática, parecida al juego de gafas de la senadora Parody, que le permite proyectarse muy bien en todos los escenarios nacionales e internacionales. Pero bajo esa capucha democrática se han ocultado durante más de medio siglo los rostros de conspicuos gobernantes que incurrieron, por acción u omisión, en gravísimos actos criminales. Bastaría mencionar esa preciosa capucha roja y azul llamada Frente Nacional, confeccionada a la medida de la impunidad y la conservación de los privilegios de quienes desataron la vorágine de la Violencia, para después gobernar en nombre de la paz y la reconciliación, sin que hasta la fecha hayan rendido cuentas de la funesta herencia de iniquidad y corrupción que nos legaron.

Sin embargo esa “civilista” capucha luce como un burdo antifaz frente a la que adorna el Estado actual, cubierto con los oropeles de la “seguridad democrática” y los Consejos Comunitarios presidenciales, donde la audiencia queda hipnotizada por el verbo coloquial y familiar de Uribe y las generosas dádivas de Acción Social. Es la capucha del llamado Estado Comunitario que, con la invaluable ayuda de incondicionales medios de comunicación e impactantes denuncias como la de la senadora Parody, logra ocultar hechos tan graves y criminales como los siguientes, someramente mencionados en algunas publicaciones de circulación semanal.

Por ejemplo, la revista Cambio de la semana pasada, bajo el insólito título de “Buena Conducta”, celebra que la Fuerzas Armadas hayan avanzado en el respeto de los derechos humanos, pero señala lo siguiente: “Según cifras del Gobierno, entre 2002 y lo que va de este año, se han registrado ejecuciones extrajudiciales de 470 personas. Por esta razón, el ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, viene desarrollando una estrategia para reducir este tipo de conductas”[1]. Y para completar, en un recuadro, destaca los siguientes nombres de oficiales que aparecen gravemente implicados o están siendo investigados por presuntos vínculos con grupos paramilitares: General Mario Montoya Gil; General (r) Julio Charry Solano; General (r) de la Policía Rosso José Serrano; Coronel de la Policía William Alberto Montezuna y Almirante (r) Rodrigo Quiñones. Si lo anterior amerita el título de “Buena Conducta”, no hay duda de que vivimos bajo la capucha de un Estado democrático que logra así ocultar con éxito sus prácticas terroristas. Por eso en el mismo artículo se señala que lo que “más preocupa al Ministerio de Defensa es que 190 ONG, agrupadas en la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos, presentaron en agosto un informe ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, en Ginebra, Suiza, según el cual en los últimos cinco años aumentó 67.71 por ciento el registro de ejecuciones extrajudiciales. Además, se da cuenta de por lo menos 1.122 casos entre julio de 2002 y Diciembre de 2007, frente a 669 casos entre enero de 1997 y junio de 2002”. Por todo lo anterior se puede concluir que estamos frente a un Estado encapuchado, que luce con desparpajo y criminal cinismo el antifaz de democrático.

[1] - Revista Cambio número 793, 11 al 17 de Septiembre de 2008, página 38.

2008-09-09T11:49:00.007-05:00

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Septiembre 7 de 2008

Un pasado perpetuo y un futuro imperfecto

Hernando Llano Ángel

En nuestra compleja y apasionante realidad política el tiempo no es un asunto cronológico. No tiene esa continuidad lógica del pasado, el presente y el futuro. Más bien sucede lo contrario. Hay momentos, como el actual, donde no sabemos si vivimos atrapados en el pasado o en una especie de presente perpetuo, del cual no podemos evadirnos. Quizá nos sucede lo anterior, porque en política el tiempo es más un asunto de polemología que de cronología. Su sentido y alcance dependen, en lo fundamental, de la intensidad de las polémicas y los conflictos entre sus protagonistas. De allí que el tiempo en que transcurre nuestra política real sea la eternidad. En ella nada cambia, nada sucede, todo permanece inalterado. Es una política casi inamovible, como gusta decir el presidente Uribe. Por eso arrastramos nuestros conflictos y problemas desde tiempos inmemoriales. Somos una sociedad todavía premoderna, donde los “señores de la guerra” ---poco importa el uniforme que lleven--- deciden en vastas regiones del país sobre la vida, la muerte y la libertad de sus pobladores. Dichos “señores de la guerra” se codean, en muchas ocasiones, con quienes constitucionalmente deben proteger la vida, libertad y dignidad de todos y todas. Hoy el protagonista de la noticia es el general (r) Rito Alejo del Río y su alianza estratégica con las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU) para combatir a las FARC, bajo la administración del entonces Gobernador de Antioquia y promotor incondicional de las Convivir, Álvaro Uribe Vélez. Ayer, el protagonista era Guillermo León Valencia Cossio y su relación indirecta con “Don Mario”, gracias a la mediación del distinguido empresario de la seguridad, Juan Felipe Sierra. Mañana, quizá, la noticia sea un funcionario más cercano al presidente Uribe, abusando obviamente de su confianza, como parece que fue el caso de José Obdulio y sus buenos oficios para el ingreso de “Job” a la casa de Nariño, según lo denunciado por el Senador Rodrigo Lara Restrepo.[1]

Un pasado perpetuo

Así las cosas, vivimos en una especie de pasado siempre presente. Sólo 23 años después, emergen de la penumbra del horror oficial de las torturas en los calabozos militares, los rostros de los empleados de la cafetería, rescatados con vida del Palacio de Justicia para ser desaparecidos en la seguridad de las guarniciones militares. Forma trágica y dolorosa de mancillar el imperativo de Santander: “Las armas os han dado la independencia, las leyes os darán la libertad”. La Fuerza Pública en este caso hizo exactamente lo contrario. En 1985 las armas, tanto del M-19 como las oficiales, olvidaron el pasado perfecto de nuestra independencia y libertad y ejecutaron la hecatombe de los Derechos Humanos y el DIH, en el mismo epicentro del poder estatal. La justicia fue inmolada con la complacencia y complicidad del Ejecutivo, sumada a la indolencia e impotencia del Legislativo, bajo la mirada pétrea del Libertador. Para completar el cuadro de macabra ironía, el M-19 ejecutó su acción demencial y criminal con el nombre de “operativo Antonio Nariño, por los Derechos Humanos” y el vocero del ejército, entonces Coronel Alfonso Plazas Vega, declaró estar “manteniendo la democracia y el funcionamiento de las tres ramas del poder público”.

Un momento de horror donde estuvieron de nuevo presentes tres héroes de nuestro pasado: Antonio Nariño, Simón Bolívar y Francisco de Paula Santander, invocados con devoción por los actores protagónicos de semejante holocausto. Todos actuaron, supuestamente, en nombre de los Derechos Humanos y la defensa de la Democracia y el Estado de derecho. Hoy continuamos viviendo ese pasado en presente: la Justicia vuelve a ser objetivo de bombas terroristas, pero en Cali. De nuevo las víctimas son civiles inermes y anónimos, “daños colaterales del conflicto”.

Cambian los lugares, pero el tiempo y las víctimas permanecen inalterables, aunque por ahora el rostro de los victimarios sea desconocido y sus móviles menos claros. En todo caso, ambas partes sostienen que actúan en nombre de la “seguridad democrática” y la “justicia revolucionaria”. Poco les importa que los medios que utilizan (la violencia y la mentira) y el resultado de sus acciones (el secuestro y la muerte) demuestren todo lo contrario.

Tiempos criminales

Parece que el signo de todos los tiempos fuera el crimen. Ya no sabemos cuándo el crimen empezó a ser determinante en la política nacional, en qué momento se convirtió en su eje articulador, y mucho menos quiénes fueron los responsables, bien por omisión o por acción, de permitir que se convirtiera en el actor protagónico de la vida política. Para algunos, obsesionados con la historia, todo empezó con el magnicidio del Mariscal Sucre. Para otros, de “filiación” partidista liberal, aquel nefasto 9 de abril de 1948, cuando se asesinó la esperanza de un pueblo y no sólo se acalló la voz de un caudillo. Para algunos pocos, situados a la izquierda, cuando la paz del Frente Nacional cerró las puertas a la oposición política alternativa y abrió las puertas a la oposición armada. Hoy, para la mayoría, tanto dirigentes como simples ciudadanos, cuando el narcotráfico “penetró todos los estamentos de la vida nacional”, especialmente la política y la Fuerza Pública, y perpetró en línea una serie de masacres incontables (contra seguidores y militantes de la UP) y de magnicidios inolvidables: Rodrigo Lara Bonilla, Jaime Pardo Leal, Luis Carlos Galán, Bernardo Jaramillo Ossa y Carlos Pizarro Leongómez, sin que los gobernantes de entonces tuviesen la menor responsabilidad de lo sucedido. Fueron crímenes del narcotráfico, el narcoterrorismo y el paramilitarismo, y todo quedó completamente explicado. No cabe ninguna responsabilidad a los dirigentes políticos de entonces. A tal extremo ha llegado el grado de impunidad política, que ya la damos por inevitable y consubstancial en nuestra historia.

Y así llegamos a la actual y simplista visión de nuestra trágica realidad política: todo es culpa de la narcoguerrilla, convertida en una “amenaza terrorista” contra ejemplares ciudadanos de bien, virtuosos políticos, valientes militares y policías, que defienden la “democracia más profunda y estable de Suramérica”. Sin duda, la más profunda en fosas comunas, minas antipersona y millones de desplazados, a quienes la inteligencia obtusa de un asesor presidencial llama migrantes. También somos la “democracia” más estable en la violación crónica de los derechos humanos, la perpetración de crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra, los cuales en su mayoría gozan de plena impunidad. Según las investigaciones de la “Comisión de la Memoria Histórica”, entre 1982 y 2007 se cometieron 2.505 masacres, para un total de 14.660 víctimas. Crímenes que, si son cometidos por los paramilitares, se convierten en el delito de sedición, según el presidente Uribe y su novedosa doctrina penal, contenida en la ley de “Justicia y Paz”. Pero si son obra de la guerrilla, entonces es puro y atroz terrorismo.

Criminales con los cuales, hasta hace poco más de un año, exactamente en la Feria de Expoconstrucción, celebrada en Bogotá el 22 de mayo del 2007, el presidente Uribe consideraba que tendríamos que acostumbrarnos a convivir. Entonces dijo lo siguiente: “Lo que sí creo es que sin amnistiar y sin indultar, en caso de delitos atroces, nos tenemos que preparar para darle el beneficio de la excarcelación a quienes confiesen la verdad, a quienes confiesen la verdad y esa confesión sea aceptada por los jueces de la República. Yo creo que tenemos que abrir una sana discusión nacional en esa materia y por eso quería plantearlo esta noche aquí”.[2] Así las cosas, no tiene relevancia saber el momento exacto en que la política fue pervertida por el crimen, si ya tenemos una fecha precisa en la que se puede demostrar que la política empezó a legitimar el crimen. Sin duda, en 1991 la política pactó con el crimen y así sucedió en la coyuntura constituyente con la prohibición de la extradición de “colombianos por nacimiento”. Pero fue un pacto producto del desangre de la sociedad y de la incapacidad del Estado para desactivar el terror de Pablo Escobar y los “Extraditables”. Fue un pacto de miedo y supervivencia social, que disoció por completo la política de la ética y el derecho de la justicia. Entonces no hubo sometimiento de Pablo Escobar y sus cómplices a la justicia, sino todo lo contrario, sometimiento de la justicia a los extraditables. De allí “La Catedral”, ese monumento a la impunidad.

Un futuro imperfecto e impune

Ahora sucede todo lo contrario, pues estamos bajo el signo de la legitimación política del crimen, con las coartadas perfectas de la “seguridad democrática” y el “Estado comunitario”, gracias al miedo y el terror infundido por las FARC al conjunto de la sociedad. Una prueba más de que la violencia no es la partera de la historia, como equivocadamente creen las FARC, sino exactamente lo contrario: la sepulturera de los pueblos y sus anhelos de vida, justicia, libertad y paz. Estamos frente a un futuro tan imperfecto e impune, que el mismo Uribe ya se atreve a sugerir como su probable sucesora a Noemí Sanín, quien siendo ministra de comunicaciones de Belisario Betancur ocultó deliberadamente la conflagración y ruina del Palacio de Justicia mediante la transmisión en directo por televisión de un partido de fútbol. La misma que en las elecciones del 2002, cuando competía contra Álvaro Uribe, en uno de sus tantos discursos de campaña, advirtió: “Si Álvaro Uribe gana la presidencia es como si la ganara Carlos Castaño”.[3] Ahora, no se trata sólo de negar el pasado y ocultar el presente, sino de algo mucho más ambicioso: impedir un futuro distinto, porque ante todo hay que “reelegir la seguridad democrática y garantizar la estabilidad de las inversiones”, poco importa que el precio sea la ignominia de la impunidad y la legitimación de la criminalidad.

De eso trata este presente y el futuro que está en juego, sin que podamos eludir nuestra responsabilidad personal excusándonos en la elección del mal menor, que en nuestra historia ha terminado siendo el mal mayor: la legitimación política del crimen mediante la instauración de un régimen electofáctico. Aquel donde deciden y gobiernan los poderes de facto y no la conciencia y la voluntad de sus ciudadanos, libremente expresada en elecciones competitivas, como es lo propio en las verdaderas democracias. Pero esto no sucede entre nosotros, donde todos sabemos que reina la “democracia profunda” de las trincheras, los desplazados, los campos minados y las fosas comunes en virtud de la inteligencia superior de Uribe, la obtusa mente de su asesor José Obdulio y la obcecación violenta de las FARC, sumadas a nuevas bandas de narcocriminales, como la de “Don Mario”, curiosamente tan funcionales a la “seguridad democrática” como a la corrupción estatal. Asuntos con los que, desde luego, nada tienen que ver quienes aspiran a ser los legítimos herederos de la “seguridad democrática” en la “Casa de Nari”: Noemí Sanín, Juan Manuel Santos, Carlos Holguín Sardi y Germán Vargas Lleras. Bienvenidos al futuro, porque el presente no existe y el pasado se olvida o se ignora. Einstein ya lo había dicho: “el tiempo es relativo”. Lamentablemente nuestra vida no y la de nuestros hijos tampoco. La vida es única e irremplazable, por ello no puede quedar al vaivén de estos tiempos criminales con tantos protagonistas, cómplices y representantes oficiales.

[1] Ver El espectador, 5 de septiembre de 2008, página 6.
[2] - Ver http://www.presidencia.gov.co/ Sala de Prensa. Discurso Feria de Expoconstrucción, Mayo 22 de 2007.
[3] Ver en revista Soho, edición 100, agosto de 2008, columna de Gustavo Gómez: “26 frases inolvidables ya olvidadas”, página 266.

2008-08-28T11:46:00.004-05:00

DE-LIBERACIÓN

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Agosto 27 de 2008

Des(h)echos políticos y criminales

Hernando Llano Ángel.

No son los fétidos y mortales desechos hospitalarios que todos los días asedian nuestras ciudades y campos, como residuos de una guerra sin fin y sin límites, la mayor amenaza para la salud pública de la Nación. Son los des(h)echos políticos y criminales, que vanamente trata de minimizar o justificar el presidente Uribe, la mayor amenaza para la salud y la existencia de la República. Los desechos hospitalarios pueden ser incinerados y reducidos a cenizas inofensivas. Los des(h)echos presidenciales, constituidos por hechos políticos y criminales, no pueden ser fácilmente incinerados y desaparecidos. Su materia prima es inextinguible e inocultable. De ello dan fe las miradas atentas y escrutadoras del Fiscal de la Corte Penal Internacional, Luis Moreno Ocampo y del Juez de la Audiencia española, Baltasar Garzón, fijadas en los restos de las víctimas halladas en las fosas comunes de Urabá.

Entre fosas comunes y tierra ubérrima

Ese ubérrimo territorio estuvo bajo la jurisdicción del gobernador de Antioquia, Álvaro Uribe Vélez, entre 1995 y 1997, cuando era un promotor tan entusiasta de las Cooperativas de Seguridad “Convivir”, que el entonces Senador conservador Fabio Valencia Cossio se atrevió a denunciarlo como “auspiciador del paramilitarismo por el incremento de los homicidios en un 387%”, según aparece en la edición de “El Tiempo” del 30 de agosto de 1995 en su página 6A.[1] Es probable que ahora el ministro no recuerde tan valiente denuncia, pues ya ni siquiera la memoria reciente le sirve para acordarse de que intercedió ante el Fiscal Mario Iguarán para que le aceptara la renuncia a su hermano Guillermo León Valencia y no lo destituyera por sus amables tratos y valiosos servicios prestados al narcoparamilitarismo en Antioquia.

Tampoco se puede olvidar que ese territorio, donde alternan macabramente las plantaciones de banano y las fosas comunes, estuvo bajo el diligente y eficaz mando del General Rito Alejo del Río, justamente condecorado por el Gobernador Uribe como “Pacificador de Urabá”. General llamado a calificar servicios por el presidente Andrés Pastrana, bajo la implacable presión del Departamento de Estado norteamericano, como condición previa para el desarrollo del Plan Colombia, que exigía la depuración de los vínculos de altos oficiales con el paramilitarismo. Vínculos que hoy se conocen plenamente gracias a testimonios de comandantes ex paramilitares, como Salvatore Mancuso y Ever Veloza o “H.H.”. Según dichas versiones libres, al menos “1.700 crímenes fueron perpetrados en Jiguamindó y Curvaradó, Vigía del Fuerte, Pavarandó, Cacarica, San José de Apartadó y Dabeiba, en la época aciaga en la que Del Río estuvo al frente de la Brigada XVII”, como lo informa la Revista Cambio en su reciente edición número 788. Pero la Fiscalía de Luis Camilo Osorio ordenó la preclusión de un proceso por promoción y fomento de grupos paramilitares, gracias a la decisión del entonces Fiscal Delegado ante la Corte Suprema de Justicia, Guillermo Mendoza Diago, actual Vicefiscal, quien coincidencialmente acaba de concederle la libertad al ex senador Mario Uribe por ausencia de “graves indicios de responsabilidad” sobre sus relaciones con grupos paramilitares. No obstante la crueldad y el elevado número de masacres cometidas en dicho período, el General Rito Alejo del Río fue objeto de un homenaje de desagravio en 1999 en el Hotel Tequendama, siendo sus oferentes y oradores principales Fernando Londoño Hoyos y Álvaro Uribe Vélez. Con estos antecedentes, se comprende cabalmente el que uno de los primeros actos del presidente Uribe haya sido eliminar el Ministerio de Justicia y fusionarlo con el Ministerio del Interior o de la Política, bajo la dirección del impoluto e intachable abogado y comisionista de Invercolsa, Fernando Londoño Hoyos. Una jugada maestra de politización de la justicia y criminalización de la política.

Memoria Inextinguible

Semejantes hechos políticos y criminales son inolvidables e irreversibles, no son desechables, porque la memoria de las víctimas es perenne y se hereda de generación en generación. Esa memoria nunca podrá ser extraditada, tampoco negada o acallada económicamente por vía administrativa. Mucho menos podrá ser burlada, por más que invoque ahora el presidente Uribe el pasado ignominioso de Pablo Escobar, los Pepes y paramilitares, hoy relevados por conspicuos delegados de Don Berna que son bien atendidos en la misma Casa de Nariño. Pero también porque en la época en que Álvaro Uribe se desempeñó como director nacional de Aerocivil, las naves de Pablo Escobar surcaban impunemente el espacio aéreo nacional y Antioquia era su principal centro de operaciones. Ya desde entonces, Uribe era un experto en delegar la lucha contra el narcotráfico en subalternos como César Villegas, quien misteriosamente fue asesinado el 4 de marzo de 2002, un día antes de cumplir una entrevista con un funcionario de la Embajada norteamericana para “hablar, entre otros temas, sobre Uribe”.[2] No es posible, pues, deshacerse de tan funesto e inquietante pasado. No existe una técnica para eliminar tanto des(h)echo político y criminal. Todavía no se ha inventado la fórmula para borrar el pasado, aunque desaparezcan misteriosa y violentamente sus protagonistas, como también sucedió accidentalmente con Pedro Juan Moreno, ese leal e incondicional Secretario en su Gobernación de Antioquia, pero luego tan incómodo e insidioso con su “Otra Verdad” durante el primer período presidencial de Uribe.

En fin, como Uribe no puede ocultar y mucho menos deshacerse de ese pesado lastre de la vida nacional que es la simbiosis de la política con el crimen, de alguna forma también arrastrado por sus antecesores en la Presidencia, se las ha ingeniado para llevarlo impunemente e incluso para prolongarlo indefinidamente, como una especie de Sísifo infatigable, gracias a la fórmula de la “seguridad democrática”. Para ello ha contado con un aliado inestimable e impensable: la violencia y el terror de las FARC. No importa el costo que se tenga que pagar por su derrota, así implique el desmantelamiento de la República y la conversión de sus instituciones en un botín, todos los días expoliado por mercaderes y mercenarios, expertos en gobernar con estratagemas y falacias. Por todo ello, ya es casi imposible distinguir entre una asociación para delinquir y un partido político de la coalición gubernamental. Entre la Casa de Nariño y la oficina de Envigado.

[1] - Citado por Mauricio Romero en su libro “Paramilitares y Autodefensas”, página 195. Iepri 2003. Editorial Planeta Colombia 2003.
[2] - Contreras Joseph. “Biografía no autorizada de Álvaro Uribe Vélez”, página 23. Editorial Oveja Negra 2002.

2008-08-04T15:14:00.001-05:00

DE-LIBERACIÓN

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Agosto 3 de 2008

Rehenes de la victoria y la derrota

“El que vence engendra odio, el que es vencido sufre; con serenidad y alegría se vive si se superan victoria y derrota” Dhamapada XV, 5 (201)

Hernando Llano Ángel.

Los últimos acontecimientos parecen indicar que el Gobierno y las FARC se han convertido, respectivamente, en rehenes de la victoria y la derrota. El Gobierno, porque después de la operación jaque está obsesionado en propinarle el mate al Secretariado, pensando ilusamente que así pondrá fin a la guerra. Para Uribe, Santos y la cúpula militar es inimaginable otro escenario distinto al de la victoria. Por su parte, las FARC harán todo lo que esté a su alcance, sin reparar en límite alguno, para no rendirse ante un establecimiento político y económico que consideran por igual tan ilegítimo como corrupto. Un establecimiento al que han combatido durante más de 40 años sobreestimando las armas del odio y la violencia y subestimando los recursos de la razón y la política. Por ello, en gran parte, hoy se encuentran militarmente desarticuladas, políticamente aisladas y éticamente desacreditadas. Al punto que el Secretariado lleva una vida ultramontana, refugiado en las profundidades de la selva, sin más horizonte político que la supervivencia física de sus hombres, el cautiverio inclemente de sus secuestrados y la realización de un incierto “acuerdo humanitario”.

De cordón umbilical a nudo corredizo

Un “acuerdo humanitario” que ya dejó de ser el cordón umbilical del Secretariado con la política y se convirtió en un nudo corredizo militar y de opinión pública nacional e internacional, que cada día lo aprieta y asfixia más. Así las cosas, el Gobierno y las FARC están hoy ante la encrucijada histórica de superar políticamente sus respectivas obsesiones belicistas y sus limitaciones revanchistas, pues ambas partes coinciden en la convicción Hobbesiana de que los “Pactos sin la espada son sólo palabras.” De ser incapaces de superar esta obsesión y armarse del suficiente valor civil y democrático para subordinar las armas y la violencia a las palabras y la desconfianza de los estrategas a los compromisos entre adversarios, estaremos más cerca de empezar una nueva metamorfosis en nuestro degradado e interminable conflicto, antes que del “fin del fin”, como eufóricamente lo anuncia el General Freddy Padilla de León.

Algo similar está sucediendo con el proclamado fin del paramilitarismo, cuya extinción el presidente Uribe ha decretado oficialmente en varias oportunidades, pero continúa cobrando víctimas civiles y líderes populares en diversas regiones del país, bajo distintas denominaciones y las más insospechadas alianzas. Según cifras oficiales de la Policía Nacional, sólo en Córdoba y Medellín, respectivamente, han sido asesinadas 283 y 530 personas por “Bandas criminales emergentes” (Bacrim) durante este primer semestre de 2008. Bandas estrechamente relacionadas con el narcoparamilitarismo.

¿Del sueño de la seguridad a una pesadilla sin fin?

Lo anterior significa que en nuestra realidad cambian los nombres de las víctimas y sus verdugos, pero lo demás permanece inamovible, inmodificable. Empezando por quienes se lucran de la seguridad y la gobernabilidad, poco importa el apellido que ella lleve, pues las ganancias siempre quedan en pocas manos y los muertos suelen ser del bando más pobre, aunque ellos vistan diferentes uniformes. Unas veces portan el uniforme oficial de la Fuerza Pública, otras el camuflado de guerrilleros o el impostor de los paramilitares. Nuestra realidad es una pesadilla sin fin de la cual muchos no quieren despertar, porque temen más abrir los ojos que reconocerse como protagonistas responsables de ella. Prefieren seguir trabajando infatigablemente, convencidos que la burbuja de la seguridad es irrompible, y que si acontece alguna desgracia es por obra de resentidos y amargados terroristas, incapaces de competir en una “democracia profunda” y plena de garantías, con un mercado abierto y equitativo, donde siempre triunfan los más competentes, honestos y audaces, sin la ayuda de subsidios o padrinos políticos y bandas paramilitares.

La realidad es otra, nos-otros los mismos

Pero nuestra realidad es bien distinta. Basta recordar la asignación de Carimagua a Ecopetrol y contemplar la forma ejemplar como funciona nuestro sistema político, gracias al éxito de la “seguridad democrática”. Por eso cada día se depura más el Congreso de la presencia de delincuentes y se consolida como intachable, impoluta e inalcanzable la beatífica imagen del presidente Uribe, que aparece incontaminada por ese sanguinolento mundo de la parapolítica y el turbio manejo del clientelismo político. Nada importa la verdad desnuda de Yidis, exhibida sin pudor en Soho, y el enfermizo y claustrofóbico mundo de Teodolindo, donde éste ya casi no puede respirar por falta de libertad. Pese a las anteriores irrefutables dimensiones de nuestra descompuesta y nauseabunda realidad política y social, los medios y sus encuestas nos proyectan un mundo seguro, ordenado y puro, ligeramente amenazado por las veleidades de una economía que amenaza poner fin a tan placentero sueño de victoria y “seguridad democrática”. Parece que pronto vamos a despertar de ese sueño profundo, seguro y cataléptico, para sumirnos en una pesadilla sin fin que nos promete una victoria rápida e indiscutible sobre quienes jamás aceptarán una derrota sin holocausto. Una especie de Palacio de Justicia, pero esta vez a escala nacional, donde será imposible distinguir los supuestos demócratas de los auténticos terroristas y los otros de nos-otros, pues todos estamos expuestos cuando la violencia y la muerte sustituyen a la política, poco importa que sea en nombre de la “seguridad democrática” o la “revolución socialista”.